El novio de Ayuso se querellará contra Sánchez en el Supremo tras no acudir a la conciliación

Se trataba de un simple trámite protocolario antes de que Alberto González Amador –cuyo abogado y procurador si estuvieron presentes- pueda hacer efectiva su anunciada querella contra el presidente del Gobierno por injurias y calumnias por la vía penal ante el Supremo, tribunal ante el que está aforado Sánchez. El empresario exigirá al jefe del Ejecutivo igualmente una indemnización de 100.0000 euros y que se retracte de haberle llamado «delincuente confeso», según fuentes de su defensa.

Este acto de conciliación fallido venía motivado por unas declaraciones del jefe del Ejecutivo el 17 de octubre del pasado año en Bruselas, un día después de que el Tribunal Supremo citase como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de Madrid. En concreto, Sánchez tachó de «delincuente confeso» a González Amador y reclamó la dimisión de Ayuso. «Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo», afirmó el líder socialista desde la capital comunitaria.

El epíteto de «delincuente confeso» referido al empresario ha sido usado de forma prolija por los oponentes políticos de Ayuso, después de que su propio abogado reconociera en el famoso mail remitido al fiscal Julián Salto en febrero de 2024 que en el caso de su cliente «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». La filtración de ese correo es el que ha costado la imputación por revelación de secretos del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.

González Amador considera que las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno suponen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español», según su defensa.

La pareja de Díaz Ayuso ha demandado igualmente -en este caso por la vía civil- a la vicepresidenta María Jesús Montero (quien tampoco acudió a la conciliación) por un ataque al honor por decir que paga su piso con el fraude fiscal. Pero no solo. Sus acciones judiciales, que suman ya al menos 415.000 euros en reclamaciones económicas a cuenta del proceso por el doble fraude fiscal y los descalificativos, también se han dirigido, entre otros, contra cuatro ministros ( Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López); el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín; el diputado socialista Javier Zaragoza; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; o la portavoz de esta misma formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

El instructor de la contra García Ortiz en el Supremo, Ángel Luis Hurtado, en una resolución el pasado enero dio alas a las acciones judiciales de González Amador al rechazar que de la frase de su abogado en el controvertido mail se pudiera extrapolar que el empresario fuera una «defraudador confeso» e insistió en que la difusión del correo de su letrado supuso un «daño reputacional» el empresario.