Sánchez intenta evitar que los recelos ante las exigencias de Junts cundan en el PSOE

La reivindicación llegó después de que Felipe González hiciera pública este martes su preocupación ante el cariz que están tomando las cosas tras las elecciones del 23 de julio, alertara de que hace ya tiempo que se están poniendo en riesgo los «cimientos» del Estado y advirtiera de que en la Constitución no caben ni la autodeterminación ni ese 'borrón y cuenta nueva' que reclaman tanto Carles Puigdemont como ERC. Pero también después de que el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla dijera que, tras escuchar las exigencias del expresidente catalán, lo conveniente sería renunciar a ser investido e ir a nuevas elecciones, y de que el exministro de Presidencia Ramón Jáuregui apuntara, primero en un artículo en El Correo y El Diario Vasco y este miércoles en RNE, que la amnistía supondría 'de facto' la «legalización» de la unilateralidad y de los «actos de deslealtad y de atentados a la Constitución» producidos en 2017.

En Ferraz están, de momento, tranquilos porque a excepción de Page -cuya discrepancia se da por descontada en cuestiones de esta naturaleza- ningún otro líder territorial ha puesto 'peros' a la, por otro lado, aún opaca estrategia con la que Sánchez aspira a seguir gobernando. Dirigentes como el andaluz, Juan Espadas; el madrileño, Juan Lobato, o el castellanoleonés, Luis Tudanca, se han limitado a insistir en los últimos días en que las negociaciones tienen que moverse en el marco de la Constitución, algo que también dice Sánchez. Pero rechazan pronunciarse sobre si, a su juicio, una amnistía, considerada una línea roja por el propio presidente en funciones hasta que tuvo ante sí el complejo resultado electoral, respetaría o no ese marco. «Según y cómo», replica uno de ellos.

La mayoría de los barones ha optado simplemente por esperar y confiar. Los críticos, sin embargo, entienden que no hay manera de enmascarar algo a lo que el PSOE se opuso en la pasada legislatura, cuando los partidos independentistas presentaron ante el Congreso una proposición de ley que los letrados de la Cámara consideraron un indulto general (este sí expresamente prohibido en la Carta Magna). Pero, sobre todo, alertan de las implicaciones que tendría tomar una medida que, en la práctica, supone no ya el perdón de las penas impuestas por un tribunal sino el reconocimiento por parte del Estado de que los delitos por los que fueron condenados o de los que se acusa a los impulsores del 'procés' no existieron. «La interpretación es clara: la culpa la tienen estos, yo hice lo correcto, luego puedo volver a hacerlo», resumió inquieto González el martes en Onda Cero.

El Gobierno tampoco aporta argumentos para tranquilizar a los veteranos recelosos, más allá de insistir en que siempre se moverá en los márgenes de la ley. «Dígase con claridad que en marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación», reclamó el expresidente sin éxito. Bolaños esgrimió ayer, por un lado, que ahora no les corresponde a ellos ser más explícitos porque es «el momento» de Alberto Núñez Feijóo, que es quien primero se someterá a un debate de investidura; y por otro que, en contraposición con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, Sánchez no tiene intención de publicitar sus pasos. «Nuestro método es de discreción, de trabajar y de explicar los acuerdos una vez se hayan producido, y es un método que se ha demostrado absolutamente eficaz y exitoso en los últimos años», adujo.

En todo caso y en su afán por evitar que calen las dudas de quienes aun son claros referentes del socialismo español, el ministro de la Presidencia insistió una vez más en que su actuación tiene el marchamo del PSOE. «Siempre que hemos estado en el Gobierno hemos trabajado por la convivencia, la Constitución, el afecto entre ciudadanos y la cohesión territorial y así lo vamos a seguir haciendo», dijo. También trató de ceñir a una estrategia de la derecha cualquier reparo a sus planes. «Está intentando atemorizar a los españoles diciendo que viene el apocalipsis », reprochó.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, alegó por su parte que los militantes tendrán la oportunidad de pronunciarse llegado el momento sobre estos asuntos, pero no fue más específica. Los estatutos del PSOE contemplan que se celebren consultas a las bases sobre asuntos de especial trascendencia. Fuentes de la dirección recuerdan, no obstante, que solo son obligatorias para ratificar pactos de Gobierno (no de investidura) o apoyos a la investidura de un tercer partido pero no a las propias.