Sánchez consuma el golpe de timón en Telefónica con la legislatura en el desfiladero

Por la tarde, el presidente de Telefónica en los últimos nueve años, José María Álvarez-Pallete, recibía en La Moncloa –mediante la persona interpuesta de Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina de Asuntos Económicos– la noticia sobre su relevo por Marc Murtra, acordada por los tres accionistas mayoritarios –el Estado, La Caixa y el fondo saudí STC– de una de las empresas más estratégicas del país. La salida de Álvarez-Pallete era una posibilidad porque su mandato vencía este abril; y una vez que el Gobierno respondió a la entrada de los inversores árabes con la adquisición del 10% de la multinacional española por casi 2.300 millones, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cuelga del Ministerio de Hacienda.

Pero el golpe de timón protagonizado por Sánchez ha sido tan fulgurante como para consumarse este mismo sábado, en pleno fin de semana, con la celebración del consejo de administración extraordinario de Telefónica para nombrar a Murtra, primer ejecutivo de Indra –otra firma del Ibex participada por el Gobierno–, a la que llegó hace tres años envuelto en la polémica por su vinculación con el PSC y el hoy presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El vuelco en la tecnológica, tanto por cómo se ha producido como por quién lo ha desencadenado y por lo que representa la centenaria compañía, representa un seísmo que ha orillado, al menos en las últimas horas, el ultimátum al que se enfrenta Sánchez en sus turbulenta asociación con los de Carles Puigdemont.

El jefe del Ejecutivo evitó referirse al volantazo en la teleco en los dos actos en los que intervino coincidiendo con el desenlace de la operación, sendos mítines en los congresos territoriales del PSOE en Castilla-La Mancha y Extremadura. Y ello a pesar de que    el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, le responsabilizó el mismo sábado de ser el artífice de una maniobra, en línea con el intervencionismo que le atribuye la oposición en todas las áreas susceptibles de ejercer el poder, llamada a «colonizar» una empresa estratégica para sus propios intereses; es este caso, con «2.300 millones de coste para los españoles», según abundó ayer la vicesecretaria Carmen Fúnez. En una historia de ida y vuelta, los socialistas siempre han reprobado al expresidente José María Aznar haber privatizado Telefónica colocando al frente, además, a un antiguo compañero de pupitre escolar, Juan Villalonga.

Pero quien sí entró a pronunciarse sobre el giro en la operadora, en su simbólico estreno como nueva secretaria general de los socialistas andaluces, fue María Jesús Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda trató en enmarcar la forzada marcha de Álvarez-Pallete en una transición natural pactada por «los accionistas mayoritarios». «Tocaba el proceso de renovación» en Telefónica, sostuvo la número dos de Sánchez, quien justificó que «el relevo es muy importante para seguir caminando y tener dimensión» y defendió la presencia del Estado de una firma «fundamental» en materia de telecomunicaciones, seguridad y defensa. Montero, que reconoció la labor del sustituido, sí aprovechó para salir al paso de los recelos sobre Murtra elogiando que, de forma «indiscutible», es un «buen gestor» que ha revalorizado la accion de Indra. Pero a la vicepresidenta también se le escapó un familiar «Marc» para felicitarlo solo por su nombre de pila.

El temblor de tierras en Telefónica y sus efectos se proyectan sobre otra semana de pasión para el Gobierno, en la que la operadora será de nuevo protagonista pero esta vez por la citación que el juez Peinado ha traslado a varias empresas –entre ellas, también Indra– sobre el 'software' de la Complutense por el que se investiga a la mujer de Sánchez. El mismo día en que el Ejecutivo afrontará la votación de tres decretos en el Congresos bajo amenaza de salir escaldado y en el que el PP hará desfilar en el Senado al jefe de Gabinete de Montero por el 'caso Koldo'. La víspera tendrá que hacer lo propio el ministro Ángel Víctor Torres, mientras que dos responsables de Comunicación de la Fiscalía declararán en el Supremo en el marco de la imputación al fiscal gener Álvaro García Ortiz. Un calendario apremiante a la espera de la decisiva reunión en Ginebra con Junts.