Sánchez busca aplacar con sus ministros el temor a Podemos y ERC

«El Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos es ahora el Gobierno progresista de España; un Gobierno que nace con la vocación clara de servir a todos los españoles –adujo unos minutos después de informar telefónicamente al Rey– porque no hay nada más progresista que unir a España».

No es ya que tenga la necesidad de contrarrestar los mensajes que, como se vio en el debate de investidura hace una semana, dispensarán los partidos de la oposición –especialmente el PP, Vox y Cs– sobre su proyecto. Es que el líder del PSOE también debe hacer frente a los temores que él mismo alentó durante la campaña electoral para el 10 de noviembre, cuando prometía mano dura contra el independentismo y justificaba su negativa a compartir Gobierno con Iglesias en que España no requería dos Ejecutivos en uno y en las serias discrepancias en cuestiones trascendentales como la economía o el modelo territorial.

«El nuevo Gobierno se nutrirá de ideas plurales, pero –aseguró hoy– caminará en una única dirección; hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra». Más allá de la retórica, el PSOE ya ha dado algunos pasos para intentar evitar cacofonías y disfunciones. El protocolo firmado el pasado miércoles con Unidas Podemos en el que, entre otras cosas, se comprometen a «compartir y coordinar» la estrategia de comunicación, es un paso en esa línea. Pero también resulta significativo que Sánchez haya diluido el peso de Iglesias al crear otras tres Vicepresidencias que ocuparán Carmen Calvo (la más política), Nadia Calviño (la económica) y Teresa Ribera (de transición ecológica); que se haya reservado para sí las carteras que más afectan a la políticas de Estado, y que haya buscado perfiles económicos a los que, 'a priori', la derecha no pueda poner tacha.

La propia Calviño, que fue directora general de Presupuestos en la Comisión Europea; la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, hasta ahora directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la ONU y la OMC, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, actual presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (dedicada a velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas) ofrecen un currículum que, a la espera de conocer la obra del futuro Ejecutivo, neutraliza de alguna manera los temores surgidos a raíz de un programa de Gobierno que no viene acompañado de memoria económica pero que eleva notablemente el gasto.

Sánchez insistió hoy, además, en que su primer objetivo será el «crecimiento económico», por delante del asunto que prácticamente monopolizó su investidura, el debate territorial y, en particular, la crisis catalana. Ninguna de sus elecciones en la composición del Ejecutivo –el mayor desde los tiempos de Adolfo Suárez, con 22 ministros– implica, por otro lado, guiño alguno al secesionismo y el hecho de que, como confirmó él mismo en una conversación informal con los periodistas, Carmen Calvo vaya a seguir teniendo un papel preponderante en la relación con la Generalitat, no resulta precisamente halagüeño para Esquerra, que recela de su flexibilidad.

Aun así, el cartel publicitario que ofrecen los rostros del flamante Ejecutivo no oculta la realidad en la que el propio Sánchez decidió meterse de hoz y coz al buscar la complicidad de los de Oriol Junqueras para su investidura. El presidente del Gobierno también dijo ayer que esta será «la legislatura del diálogo: del diálogo social, –apostilló– del diálogo territorial y del diálogo generacional». Y en su agenda está pendiente, además de la creación de una mesa de negociación con el Gobierno catalán, un encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como por la Junta Electoral Central, pero aún sin sentencia firme del Tribunal Supremo.

Según explicó en su charla con la prensa, en la conversación telefónica que mantuvo el jueves pasado con Torra le dio a entender que le resultaría imposible celebrar un encuentro esta semana. Pero Sánchez tampoco descartó hoy acabar viéndose con él, bien en la Moncloa o bien en Barcelona, antes de que se resuelva su situación judicial, ya de por sí complicada.

La eventual cita volvería a desatar las críticas de la oposición contra el presidente del Gobierno porque la Generalitat se niega a cumplir la resolución de la JEC contra su líder, al menos hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recurso que ha presentado el 'president'. Y tanto el PP, que fue quien llevó a ese órgano el asunto, como Ciudadanos y Vox consideran que ya estaría incurriendo en desobediencia y que por lo tanto cabría actuar en su contra. Pablo Casado incluso instó a Sánchez, en el debate de investidura, a iniciar el requerimiento del artículo 155 si esta situación se producía.