Sánchez apela al «sentido común» de los partidos para apoyar su reforma laboral

Sánchez no se apea del convencimiento de que el estallido de contagios de coronavirus provocado por ómicron en plena Navidad podrá ser controlado sin necesidad de que se adopten restricciones aplicables a todo el país, intensificando la estrategia de vacunación y extendiendo el uso de la mascarilla, aunque algunas comunidades autónomas tengan que ir más allá, como ya está ocurriendo. Y ayer justificó esa decisión en el menor impacto de la nueva variante del coronavirus sobre la ocupación hospitalaria y en la necesidad de guardar el equilibrio entre «salud pública, salud mental y crecimiento económico».

El otro gran nubarrón, el político, lo despachó con una mera apelación al «sentido común». El presidente del Gobierno alegó que los sindicatos y la patronal han dado una lección de «empatía» y «responsabilidad» que debe hacer «reflexionar» a las fuerzas políticas. «Es de sentido común -reiteró- que el poder legislativo valide un acuerdo que no se producía en nuestro país desde hace más de diez años».

Sánchez no se molestó así en replicar siquiera los reproches de socios como ERC o EH-Bildu hacia una reforma que, según estos, pero también la patronal o incluso la fundación de José María Aznar, FAES, deja en pie el grueso de la reforma llevada a cabo por el PP en 2012 y que es vilipendiada desde la izquierda«en asuntos nada menores» como el abaratamiento del despido o la supresión de los salarios de tramitación. Simplemente, alegó que la firma de los empresarios y los sindicatos debería bastarles. Pero no solo a ellos, también a los populares, que ya han anticipado su voto en contra al real decreto ley aprobado el pasado martes.

El jefe del Ejecutivo también tiró, en todo caso, por elevación y, para convencer a sus aliados habituales de que no le dejen tirado, recurrió al argumento de que siempre será mejor lo que les presente el actual Gobierno que uno de la derecha.

«Siempre hay metas que alcanzar y cosas que seguro que se pueden hacer de mejor manera, pero comparemos -arguyó-: una contrarreforma impuesta por el PP y una reforma laboral acordada con los agentes sociales; una respuesta a la crisis del 'Prestige' o una respuesta a la crisis del volcán (de La Palma); la respuesta a la crisis financiera o la respuesta a la crisis del covid; la entrada en Irak o la salida de Afganistán; la situación de Cataluña hace cuatro años y hoy en día».

En su balance de 2021, que lo fue a un tiempo de los dos primeros años de legislatura, Sánchez también presumió de haber cumplido el 50,2% de sus compromisos de investidura y el 24% de los suscritos en el acuerdo de coalición, en el que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron, entre otras cosas, a «derogar» la reforma laboral del PP y con ella, además de algunas cuestiones incluidas en el reciente pacto, otras que seguirán en vigor, como «la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa» y «el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos». También insistió en dar por cumplida su promesa de que al acabar 2021 los españoles no pagarían más que en 2018 en sus facturas de la luz, pese a admitir que para un 30% de la ciudadanía no será así. «Estamos cumpliendo en promedio», dijo.

Pero, sobre todo, Sánchez sacó pecho por la capacidad de su Gobierno de llegar a acuerdos a pesar de su precaria mayoría (155 escaños de 350). Así, puso en valor la aprobación de dos Presupuestos Generales del Estado consecutivos en tiempo y forma por primera vez desde 2014, la firma de trece acuerdos sociales, entre ellos la reforma del sistema de pensiones o las leyes de educación y Formación Profesional, y se vanaglorió de estar siendo capaz de ofrecer estabilidad en una coyuntura compleja y de estar en condiciones de agotar la legislatura. Lo que está por ver es cómo afecta a esa estabilidad el comienzo de un nuevo ciclo electoral.

Por lo pronto, Sánchez dio por hecho que ya no será posible renovar el Consejo General del Poder Judicial con el PP. «No diría que es imposible, pero con esta oposición, reconozcámoslo, es altamente improbable y miren que lo lamento, porque creo que el deber constitucional está por encima de cualquier otro condicionante», censuró.