Sánchez busca apoyos para un «último» estado de alarma asimétrico y rebajado

Como cada quince días desde que entró en vigor el estado de alarma el 14 de marzo, el presidente del Gobierno compareció este sábado en la Moncloa para pedir una nueva ampliación de las medidas de excepción. Lo hizo con una encendida defensa de la utilidad de este instrumento jurídico recogido en el artículo 116 de la Constitución. Y para demostrarlo apeló al dramatismo de las cifras. Sin estado de alarma, dijo, «la infección podría haber alcanzado a 30 millones de compatriotas y podría haber costado la vida a 300.000 personas. O tal vez más porque se habría colapsado el sistema sanitario». De acuerdo a los datos preliminares del informe serológico que está en marcha, las personas que han tenido contacto con el virus en España hasta ahora son poco más de dos millones, y los fallecidos, según los datos de Sanidad de este sábado, ascienden a 27.563.

Con este argumento, Sánchez pidió el apoyo de «todos», solo excluyó a PP y Vox que ya han anunciado que votarán en contra, para que el Congreso apruebe la quinta prórroga. Consciente de que cada vez encuentra más resistencia a prolongar la restricción de derechos, anunció que, al igual que la desescalada, esta etapa será asimétrica y en algunas zonas se podrá levantar el estado de alarma sin esperar a que concluya en todo el país. Todo un cambio respecto a los planes iniciales del Gobierno, que preveía autorizar los movimientos interprovinciales solo cuando todos los territorios alcanzaran «la nueva normalidad».

También, prosiguió, será menos estricto, y el mando único de la gestión solo recaerá en el Ministerio de Sanidad. Los departamentos de Interior, Defensa y Transportes, que hasta ahora, también eran «autoridad delegada», dejarán de serlo. En este momento, justificó, «no tiene sentido» que haya cuatro mandos centrales. Se fortalecerá más la cogobernanza y las comunidades, añadió, «irán recuperando su plena capacidad de decisión». Un guiño para Cataluña y el País Vasco, que han exigido desde el primer día que desapareciera la tutela sobre las competencias de seguridad que tienen transferidas.

El gesto puede ser razonable para el PNV, pero es improbable que lo sea para Esquerra Republicana, que exige el fin de la recentralización competencial pero incluye en un lugar señero de sus demandas la reanudación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y a Generalitat. «No tiene nada que ver» la búsqueda de una solución política al conflicto en Cataluña y la gestión de la crisis sanitaria, zanjó Sánchez.

El Gobierno, de todas maneras, negocia esta vez con tiempo con todos los grupos parlamentarios el apoyo a la renovación. Desde el pasado lunes, el propio presidente, la vicepresidenta Carmen Calvo, y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, conversan con los líderes de las fuerzas políticas, con la salvedad hecha del PP y Vox. Esas negociaciones es probable que sean la causa de la falta de concreción del presidente del Gobierno para poner fecha al final del estado de alarma. «Alrededor de un mes», «cuatro, cinco o seis semanas», incluso habló de «julio» ante las demandas de precisión. Lo importante, subrayó, es «lograr un gran consenso con independencia de los proyectos políticos» de cada partido.

Pero al mismo tiempo aseguró que los criterios para la toma de decisiones serán sanitarios y guiados por «la prudencia, la cautela y la seguridad» porque «el virus no se ha ido» pese a la buena evolución de la epidemia. «Los ritmos -insistió- los marca la ciencia, no los marca la política o la economía». Un mensaje ante las quejas de la Comunidad de Madrid por el rechazo de Sanidad a su progreso hacia la fase uno, negativa que atribuye a razones políticas e ideológicas, además de denunciar que va a ser «la ruina» del tejido productivo madrileño. Aunque Sánchez, fiel a la estrategia de no confrontación que ha impuesto a sus ministros, evitó entrar en el cuerpo a cuerpo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «En la lucha frente al virus -apuntó- el Gobierno de España pelea en el mismo equipo que los gobiernos autonómicos y municipales».

Tampoco quiso polemizar con la gobernante del PP por las manifestaciones en un acomodado barrio de Madrid contra el confinamiento, apoyadas por Ayuso y convocadas en redes sociales por afines a Vox. «Lo importante -dijo- no es el propósito», exigir su dimisión y pedir libertad, sino que se respete «la distancia social y las medidas de protección» de los manifestantes.