Las 'tarjetas black' que llevaron a Rodrigo Rato a prisión

Por si esto fuera poco, el 'modus operandi' y las elevadas cifras del gasto generado en una entidad rescatada con dinero público en 2012, parecía echar más sal en la herida de un país que se resentía a base de recortes de la crisis económica de 2008. Resumiendo hasta el extremo el caso, entre los años 2003 y 2012, los acusados habían dispuesto de unas tarjetas totalmente opacas a Hacienda para hacer gastos de todo tipo. Los más de 80 acusados, entre los que se encontraban políticos, empresarios, sindicalistas y hasta el exjefe de la Casa Real, habían llegado a mover unos 12,5 millones en viajes, comidas, noches de hotel y otros gastos personales.

Finalmente, 65 de ellos fueron condenados por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a penas que iban desde los seis años a los tres meses. La sentencia de la justicia empezaba a cerrar un caso cuyo último capítulo tuvo lugar el pasado 24 de octubre cuando la Audiencia rechazaba la petición de Rato de paralizar su entrada en prisión. Atrás quedan 15 años de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España que se resumen a continuación.

Los medios españoles dan a conocer la existencia en Caja Madrid de un nuevo producto bancario, totalmente ilegal, al que solo tenía acceso un grupo de privilegiados, más de 80. Se trata de las 'tarjetas black', tarjetas negras, tarjetas b o tarjetas opacas. Con ellas, durante al menos nueve años -entre 2003 y 2012- estos usuarios 'vip' de la entidad -actual Bankia- habían hecho gastos de todo tipo. La cifra de gasto se elevó a 12,5 millones de euros y, para evitar que Hacienda tuviese constancia de ella, se camuflaban en la cuentas de la caja como «errores informáticos».

La entidad, que había sido rescatada con 22.424 millones de euros de los contribuyentes dos años antes, entregaba estas tarjetas a sus consejeros y altos directivos para que hiciesen uso de ellas. Entre los implicados que se irían desvelando había empresarios, políticos, sindicalistas y hasta el exjefe de la Casa Real que había 'tirado' de dichas tarjetas aparentemente sin reparo alguno, para pagarse viajes, comidas y otros productos personales.

Una semana después de destaparse el caso, Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, imputaba a los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. A los dos primeros se les impone unas fianzas cuantiosas: 16 millones a Blesa cuyos bienes conocidos fueron embargados, y tres millones a Rato. Respeto al resto de consejeros y directivos que hicieron uso de estas tarjetas, el magistrado espera conocer un informe encargado a peritos independientes del Banco de España para decidir si también serán imputados. No obstante, según la documentación que obra en la pieza separada para investigar el caso, sabe un total de 86 consejeros cargaron gastos personales a las mencionadas tarjetas.

Ya en noviembre, y pese a que el asturiano habría declarado ante el juez que él «no decidía nada» sobre las tarjetas, la Audiencia Nacional señalaría a Rato, al frente de Bankia entre 2010 y 2012, como principal emisor de las tarjetas b. No en vano, él mismo figuraba como beneficiario de dichas tarjetas. De hecho, dijo se las entregaron al entrar en la entidad y que siempre pensó «que eran parte de la retribución salarial». Entre sus gastos figuraban partidas tan llamativas como 2.172 euros en el sector de club, salas de fiesta, pub, discotecas y bares o 3.547 euros en bebidas alcohólicas. Los datos figuraban en el desglose de las facturas opacas de la caja que en esos momentos investigaba la Audiencia Nacional.

El Partido Popular, inevitablemente salpicado por lo sucedido en Bankia a través de la figura de Rodrigo Rato, destaca que se llegará hasta las últimas consecuencias afecte a quien afecte, aunque el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy evita prejuzgar al exministro y decide esperar a que los tribunales hablen. Finalmente, Rato y otros 12 militantes del partido fueron dados de baja en el partido este mismo mes. Por su parte, en Asturias, el Ayuntamiento de Gijón decide retirarle el título de hijo adoptivo. Días después el Santander también prescinde de los servicios del político.

Pese a que la decisión final dependerá de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo abre la vía para que Rato y Blesa pasen de ser únicamente imputados, es decir, investigados, para que puedan sentarse en el banquillo de los acusados y puedan ser condenados como promotores y beneficiaros de las tarjetas opacas, como finalmente ocurrió

Después de que el juez Andreu les acusase de un delito de administración desleal, una sentencia de la Sala Segunda del alto tribunal afirmaba expresamente que el uso de una tarjeta de empresa con fines particulares es delito. La novedad introducida por el Supremo marca la diferencia de que el delito a atribuir sea la apropiación indebida (castigado con hasta seis años de cárcel) o a la administración desleal (para el que se prevé una pena de cuatro años de prisión como tope).

Por otro lado, el juez Andreu decide, a comienzos del año 2015, imputar a 78 titulares de las 'tarjetas black'.

Rodrigo Rato, que permanece imputado por el asunto de las tarjetas b de Bankia, es detenido en su domicilio del barrio de Salamanca de Madrid tras un registro en su vivienda. Se le acusa de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes tras acogerse a la amnistía fiscal.

Finalmente, el juez Andreu, que mantiene imputados entre otros a Rato y a Blesa, propone juzgarlos junto con otras 65 personas al entender que hay «indicios racionales y fundados de criminalidad». El auto concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos.

La Fiscalía Anticorrupción presenta ante el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional el escrito de acusación correspondiente a la pieza separada de las tarjetas de crédito opacas de la entidad bancaria. Acusa a diversos consejeros y directivos de la entidad del delito de apropiación indebida por el uso continuado de las tarjetas de crédito para gastos de libre disposición.

Finaliza la investigación por el caso de las tarjetas black y el juez Andreu decide procesar a 65 personas por las tarjetas b. Entiende que han cometido delitos de administración desleal y apropiación indebida. Dos meses más tarde decretaría la apertura de juicio oral contra ellos. La petición de la Fiscalía para Rato es de una pena de prisión de cuatro años y medio. Para Blesa pide seis años de cárcel.

Han pasado dos años desde que el caso de corrupción en el seno de Bankia saliese a la luz y la justicia consigue sentar en el banquillo de los acusados a los 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad acusados de despilfarrar dinero negro de la misma entre los años 2003 y 2012. Ante el juez se encuentran también Rato y Blesa, que previamente fueron recibidos con insultos a la entrada de la Audiencia Nacional por parte de los afectados por la preferentes de Bankia. Durante los cinco meses que duró el juicio se desgranaron todos los detalles de lo sucedido en el seno de Caja Madrid a lo largo de nueve años en lo relativo a las tarjetas no declaradas. También pusieron sobre la mesa tanto el entramado para ocultar los movimientos de dinero como las insólitas explicaciones de los acusados para vincular los gastos a su trabajo.

La Audiencia Nacional considera a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia y les condena a cuatro años y medio prisión al primero y a seis años al segundo, quien posteriormente se quitaría la vida. También condena al resto de 65 ex altos cargos a penas que van de los tres meses a los seis años.

En octubre de 2018, Rato solicitará a la Audiencia Nacional que paralice su encarcelamiento hasta que se pronuncie el Tribunal constitucional. Una petición que la Audiencia ha rechazado este miércoles, dándole al exministro un plazo de un día para ingresar en prisión.

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