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ANDRÉS SUÁREZ
OVIEDO.
Viernes, 17 de noviembre 2017, 02:53
Gobierno y Podemos se lanzan mensajes favorables al diálogo, con la mirada puesta en un hipotético acuerdo presupuestario para 2018, pero al bajar de las palabras a los hechos las cosas se complican. Y mucho. Ambas partes se reunieron ayer en un intento por avanzar, ... después del aparente buen clima que marcó las dos primeras sesiones del debate sobre el estado de la región, pero la cita permitió constatar que los escollos a superar son de calado. El principal, el futuro modelo de la red educativa de 0 a 3 años, sobre el que existe una coincidencia general -aunque con matices al bajar al detalle- respecto del avance hacia un formato público y universal, pero donde aparece una diferencia sustancial: su gratuidad. El partido morado hace bandera de ese planteamiento frente a las reticencias de los socialistas, que ponen numerosas objeciones. También en el capítulo sanitario las discrepancias son amplias y profundas.
Ninguna de las dos partes está por la labor de tirar la toalla y la sesión plenaria de hoy, la tercera y última del debate, permitirá examinar el estado de las cosas. Es el día en que se discuten las propuestas de resolución presentadas por los grupos y Podemos ha trasladado a las mismas buena parte de sus prioridades presupuestarias. Lo previsible es que las votaciones prueben que existen coincidencias, como sucede con el impulso de la unidad anticorrupción, a la espera de concretar sus detalles, pero también diferencias, como sucede con el 0-3 o el capítulo sanitario. También será interesante comprobar la actitud del PSOE hacia IU, después del tenso debate de Javier Fernández y Gaspar Llamazares del miércoles. La coalición presenta una propuesta para la educación de 0 a 3 años que se ajusta mejor a los planteamientos socialistas que la que formula Podemos.
Es un hecho que, pese a las buenas palabras, la brecha que separa al Ejecutivo y la formación morada para pensar en un posible pacto sobre las cuentas de 2018 es aún muy amplia. El encuentro de ayer así lo certificó. Podemos puso sobre la mesa la apuesta por la gratuidad del 0-3 frente al planteamiento del Gobierno de una financiación mixta de la administración y las familias. El gabinete no cierra la puerta a ese planteamiento pero no ve factible asumirlo de forma inminente, como quiere su potencial aliado, y lo deriva a futuros estudios sobre el modelo a desarrollar. Un planteamiento que Podemos interpreta como una forma de dilatar la cuestión en el tiempo, sin garantías claras de que llegue nunca a concretarse. En este punto, la diferencia es clara.
También hay conflicto en el capítulo sanitario porque Podemos plantea un importante viraje en la gestión que el Gobierno ve difícil asumir, al menos en su totalidad. Los socialistas, en principio, no están por la labor de suprimir la empresa pública Gispasa, que se creo para impulsar la construcción del HUCA y del nuevo hospital de Mieres. El partido que lidera Emilio León defiende además un aumento de la plantilla sanitaria de 1.000 plazas y un importante ahorro en el gasto en compras apostando por la centralización, con estimaciones de hasta 30 millones de euros. El problema es que el Ejecutivo, al menos de momento, no entra en cifras -no ha puesto sobre la mesa ni la oferta pública de empleo ni la plantilla orgánica 'encubierta' de la que habla Podemos- y eso complica el avance de las conversaciones.
Tampoco en vivienda se ha entrado en un debate de cifras claras y concisas. De ahí que la formación opositora aguarde con interés a conocer si los socialistas están dispuestos a desarrollar una política ambiciosa -el objetivo de Podemos es duplicar en una década el parque de pisos sociales- o si se conformarán con incrementar el dinero para rehabilitación en Vipasa, algo que se quedaría lejos de las expectativas.
El debate parlamentario de hoy despejará algunas dudas pendientes, en varios terrenos y no solo en el presupuestario. Es un hecho que las propuestas de la derecha para rebajar impuestos no prosperarán. El PP ha hecho una maniobra interesante al plantear una propuesta que insta al Gobierno a rechazar la oficialidad del asturiano, intentando explotar las contradicciones entre Javier Fernández y la nueva dirección de la FSA.
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