La reforma que limita las funciones del CGPJ da un paso definitivo

Si todo se desarrolla sin sorpresas, la comisión del Congreso votará y dejará lista la polémica iniciativa legislativa para que el Pleno de la Cámara pueda aprobarla la próxima semana. La tramitación de esta reforma provocó la reacción del Consejo y de parte de las asociaciones de jueces, que consideraron necesario que la propuesta legal hubiera pasado el filtro de los órganos consultivos, tal y como estipula el Consejo de Europa en defensa de la independencia judicial.

Los dos grupos que integran el Gobierno de coalición registraron esta iniciativa el pasado 2 de diciembre y forzaron su tramitación por el procedimiento de urgencia. Esta posición implicó reducir los plazos a la mitad y sin pedir el citado informe al CGPJ, como reclamaron una mayoría de sus vocales. El PP intentó sin éxito evitar esa tramitación acelerada y ya ha anunciado que la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

El Pleno del Congreso rechazó la primera semana de febrero las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts en medio de las críticas de la oposición, que considera la reforma un «atentado» a la independencia judicial perpetrado, además, por la vía «exprés». Todo ellos criticaron la decisión de la Mesa del Congreso de seguir adelante con la tramitación parlamentaria sin atender a las demandas del CGPJ, a pesar de que pidió formalmente ser escuchado. Una negativa que el PP también va recurrir ante el Constitucional.

PSOE y Unidas Podemos defienden la necesidad de que el organo de gobierno de los jueces, en funciones desde hace dos años y dos meses por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios en el Parlamento, vea reducidas sus funciones cuando expire su mandato, al tiempo que reivindican la competencia legislativa de las Cortes para no escuchar al CGPJ.

El pasado 4 de febrero la reforma pasó el trámite de ponencia, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión presentadas por el PP y hoy todos reproducirán sus posiciones en el debate que tendrá lugar en la Comisión de Justicia. La idea es que, una vez sea aprobada en comisión se eleve al Pleno para su aprobación la próxima semana y que de ahí el borrador pase al Senado. Si no hay cambios, el texto quedaría definitivamente aprobado en la Cámara Alta y sólo pendiente de publicación en el BOE para su entrada en vigor, algo que podría ocurrir a mitad de marzo.