«Ya somos ciudadanos con voz y voto»

Esta decisión, que debe ser ahora refrendada por el Senado, fue impulsada por varios colectivos. Entre ellos Plena Inclusión Asturias, que viene desde hace años demandando una reforma de la Ley Electoral que, desde 1985, restringe el derecho al voto a parte de este colectivo. «Esta prohibición afecta a nuestro colectivo que históricamente ha estado apartado en muchos aspectos. Nuestra lucha está enfocada a que los discapacitados intelectuales puedan tomar decisiones y ser autónomos con las herramientas adecuadas», resume Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias.

Con la aprobación el pasado jueves de la propuesta en el Congreso, los colectivos sociales implicados ven fructificar una lucha que comenzó hace más de un lustro con la campaña 'Mi voto cuenta'. Esta iniciativa se centra en tres pilares: informar a los discapacitados que no estén incapacitados para votar sobre sus opciones y derechos; hacer más accesibles las elecciones y los colegios electorales con material adaptado y luchar contra las sentencias judiciales que incapacitan judicialmente a miles de personas para ejercer su derecho al voto. Precisamente en las incapacitaciones judiciales y en el grado de discapacidad se encuentra la última barrera de acceso al sufragio para muchos. «Nos han ido demostrando que tienen capacidad para tomar decisiones en muchos ámbitos de la vida y el derecho al voto no puede ser menos. Los Gobiernos están obligados a seguir las directrices de la Convención de Nueva York y, mientras tanto, nosotros seguiremos luchando», concluye Sabín.

Para defender este derecho, un grupo de dieciséis ciudadanos con discapacidad intelectual acudió a comienzos de mes al Congreso de los Diputados para interpelar a varios grupos políticos sobre su derecho para acceder al voto, las leyes de inclusión educativa y otros asuntos que afectan al colectivo. En representación de Asturias acudió José Manuel Ávila, de 35 años y natural de Avilés. «Para nosotros es muy importante. Hay muchos compañeros con los que trabajo a los que han obligado a hacer un examen para comprobar sus capacidades y yo me pregunto qué pasaría si este examen se le hacen a todo el mundo. Aunque yo haya podido votar en otras elecciones, es necesario hacer el cambio para que el derecho sea para todos igual. Ya somos ciudadanos con voz y voto», sintetiza Ávila.

El avilesino, que tomó la palabra para defender una mayor atención personalizada en los centros educativos para que ningún alumno «quede fuera del sistema», también defendió ante sus señorías que tanto en los programas políticos, como en los colegios electorales la información esté al alcance de todos los electores. «Yo no estoy incapacitada, pero tengo algunos compañeros que sí lo están. Y tienen el mismo derecho que todos a acudir a las elecciones. Ya se lo trasladamos a los políticos hace unos años, pero hasta ahora no escucharon», lamenta Sara Santiago, que pertenece a la asociación avilesina Rey Pelayo, al igual que Ávila. En el mismo sentido se pronuncia Adán Rozada que, aunque se encuentra judicialmente incapacitado, la tarjeta del censo le sigue llegando a casa todas las elecciones. «Y a mí no me interesa la política y no voto. Pero al menos quiero tener la opción de decidir», argumenta.

La presidenta de la asociación Rey Pelayo, María Cruz García, sostiene que el reconocimiento del voto ayudaría a empoderar el colectivo, haciéndoles partícipes de la vida política y convirtiéndoles en un agente más al que dedicarle ayudas y políticas concretas. Más aún cuando las necesidades asistenciales y de visibilización son tan grandes.