Puigdemont emplaza a la corte belga a preguntar si el juez Llarena tiene inmunidad

La demanda civil fue presentada inicialmente por Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret en junio de 2018 contra Pablo Llarena, el juez que instruyó la causa del 1-O, al considerar que el magistrado supuestamente habría vulnerado su presunción de inocencia en varias de sus decisiones. Se referían, en particular, a una charla en Oviedo en febrero de 2018 en la que el magistrado sostenía que los procesados no eran presos políticos.

«Es una tentativa de desestabilización« y »una forma de recusar a ese juez«, dijo el letrado contratado por el Estado español para defender tanto a Llarena como al Reino de España, Hakim Boularbah. El abogado rechazó también que se deba preguntar al Tribunal de Justicia de la UE con el argumento, entre otros, de que la cuestión no se refiere a una interpretación del Derecho europeo sino del Derecho internacional, recogida en la Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados de Naciones Unidas.

Por parte de la acusación, el letrado Christophe Marchand hizo un resumen de su visión de algunos de los principales acontecimientos políticos ocurridos en Cataluña desde 2005 hasta llegar a la fecha actual, relato en el que denunció una «violación sistemática de los derechos fundamentales« de los demandantes. El letrado justificó la denuncia civil en Bélgica contra Llarena al considerar »extremadamente difícil obtener justicia en España«, en un alegato en el que se refirió a los problemas con los sistemas de Polonia y Hungría.

Al término de los alegatos de los abogados de los políticos independentistas, la presidenta del tribunal pidió que los letrados especificasen cuál es el daño del que los demandantes se consideran víctimas, pues no le había quedado claro. «Un gran daño moral en el ejercicio de sus derechos civiles en general», dijo uno de los abogados de la acusación, Marc Snoeck, sobre una demanda en la que, originalmente, se solicitaba un euro simbólico como compensación. Elevar esa cantidad podría tener implicaciones en el desarrollo del proceso judicial.

Ni Puigdemont ni Puig asistieron a la vista, pero sí los eurodiputados Toni Comín, que llegó con la audiencia ya iniciada, y Clara Ponsatí, que se fue antes de que terminara.