PSOE y PP afrontan con expectativas la renovación del Poder Judicial antes de Navidad

La reciente renovación de parte de los órganos constitucionales, anunciada el 21 de octubre por socialistas y populares, cuyos escaños suman los tres quintos necesarios, ha reabierto de nuevo los puentes negociadores para poner fin a la alargada interinidad del CGPJ. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número dos del PP, Teodoro García Egea, tratan de allanar ahora el camino aprovechando la «buena sintonía» que ha dejado los términos globales del acuerdo en el Tribunal Constitucional, según comentan fuentes jurídicas.

Ambos aceptaron sin matices los cuatro nombres propuestos para renovar un tercio de la corte de garantías. Bolaños cedió para que su interlocutor se decantara por un jurista tan significado como el catedrático Enrique Arnaldo, colaborador de la fundación FAES, o la magistrada Concepción Espejel. Esta juez fue recusada para juzgar el 'caso Gürtel', cuya condena en la pieza principal motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque su imparcialidad estaba comprometida por su cercanía al PP.

Por su parte, García Egea no puso reparos en la magistrada Inmaculada Montalbán, elegida por el PSOE para ser vocal del CGPJ en el mandato 2008-2013, o el juez Ramón Sáez Valcárcel, una elección que se atribuye directamente Unidas Podemos como socio de coalición en el Gobierno.

Y es que la presencia del grupo parlamentario confederal en la ecuación para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo se ha marcado como una de las líneas rojas del PP en esta negociación. Sin embargo, se da por hecho que en esta nueva ventana de oportunidad se ha eliminado este obstáculo y las discrepancias solo se darían en los nombres.

Las fuentes consultadas reiteran que los populares no van a aceptar la presencia de uno de los dos jueces que decantó la sentencia de 'Gürtel' y redactó las referencias al partido y a Rajoy: José Ricardo de Prada. Tampoco de la magistrada en excedencia Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

El PP, en cambio, sí estaría dispuesto a aceptar la renovación del CGPJ con el actual sistema de nombramiento e, incluso, admitir que el PSOE debe tener mayoría simple en la designación de vocales por su actual representación parlamentaria. No obstante, para justificar su relato sobre la necesidad de despolitizar el Consejo, García Egea quiere garantías por escrito de que los socialistas reformarán en esta legislatura o a apoyarán en la siguiente la modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a la más de la mitad de sus pares (12 de los 20 vocales, el 60%), tal y como reclaman la mayoría de la asociaciones judiciales y las instituciones europeas.

En suma, en este renovado escenario para pactar la composición del nuevo Consejo se vislumbra otro componente que apremia a los negociadores. La mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa y de Pablo Casado en Génova son cada vez más conscientes del desgaste que supone la persistencia del bloqueo de este órgano constitucional, encargado del funcionamiento de los juzgados y tribunales y de velar por la independencia de sus miembros. Una presión añadida para no demorar más el pacto.

Tanto en el acto de apertura judicial, a principios de septiembre, como en los fastos de la Fiesta Nacional del 12 de octubre hubo mensajes directos a los implicados, entre ellos a Casado, de altas instituciones del Estado para que retomen cuanto antes las negociaciones dada la «grave situación» que está suponiendo la interinidad del Consejo, señalan fuentes conocedoras de estos contactos. «Una reacción a la desesperada» de actores que, en teoría, deberían mantenerse neutrales, pero que optaron por intervenir para «hacer entrar en razón» a los interlocutores y salir del bloqueo partidista.

El resultado fue positivo, ya que solo nueve días después de esta intervención se anunció el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Un primer paso que abre un nuevo escenario para sacar al CGPJ de una interinidad que ya dura casi tres años.