«La prórroga supone retrasos y menos recursos, el Gobierno no está cómodo»

«La prórroga supone retrasos y menos recursos. El Gobierno no está cómodo con la prórroga. Eso lo dice quien no gobierna». Contundente, Dolores Carcedo rechaza el argumento de quienes sostienen que el Ejecutivo afronta sin problemas 2018 pese a la ausencia de unos presupuestos de nuevo cuño. La consejera de Hacienda, que es quien maneja los dineros, niega la mayor. Alega que habrá que contentarse con menos fondos, que las inversiones serán las más perjudicadas por la demora en su tramitación y que todo será más complicado, aunque apostilla que el gabinete trabajará «de la forma más ágil y eficaz» para que el impacto sobre los asturianos sea «el menor posible». En conversación con EL COMERCIO, Carcedo relata que la relación interna con la nueva dirección de la Federación Socialista Asturiana ha sido buena, afirma que a Podemos «le da vértigo el compromiso» y anota que un acuerdo con el PP, sobre la base de otra rebaja de impuestos, era inviable en cualquier escenario.

El Gobierno dará carpetazo a 2017 y arrancará 2018 sin presupuestos pero con la conciencia tranquila. Es, al menos, lo que se desprende de las reflexiones de la titular de Hacienda. Asegura que el Gobierno enfocó la negociación con la izquierda «con ánimo constructivo», dispuesto a «cesiones» que materializó en el proyecto y que estaba dispuesto a ampliar en la parte final de la negociación, y asevera que si el pacto con Podemos fue imposible -con IU sí se llegó a un acuerdo- es por responsabilidad del partido morado. «Está claro que les da vértigo el compromiso, se ha evidenciado su temor a comprometerse», apunta.

La consejera defiende que el Gobierno hizo cesiones en ámbitos como la sanidad, el empleo, la creación de la unidad anticorrupción o la red educativa de 0 a 3 años, donde aceptó una rebaja del 50% del coste de las matrículas. Fue en este punto donde se rompió la cuerda, con la exigencia de Podemos de la gratuidad para los niños ya inscritos en el sistema. Una «propuesta trampa» de última hora que ni el Gobierno ni la FSA podían aceptar, razona, por «injusta y discriminatoria». Una «excusa», apostilla, para evitar el pacto presupuestario.

La negociación presupuestaria estuvo marcada por la entrada en escena de la nueva dirección de la FSA, con Adrián Barbón al frente. Carcedo enmarca la situación en la normalidad y explica que las relaciones internas han estado exentas de tensión y han estado presididas por «la coordinación y la coincidencia de objetivos y planteamientos».

Argumenta, además, que la posibilidad de un pacto presupuestario con el PP, como los de 2015 o 2017, era inviable esta vez al margen de la estrategia de la nueva dirección del partido de marcar distancias con la derecha, toda vez que los populares pusieron sobre la mesa una nueva reducción fiscal inasumible para el Gobierno. «Ya hemos dicho que nuestra política no es la bajada continuada de impuestos», detalla.

La prórroga no es inocua, dice Carcedo. Se nota en que hay menos recursos, 267 millones menos al inicio aunque una buena parte se irán liberando durante el ejercicio, y también en los retrasos, sobre todo en la inversión, siempre sujeta a farragosas tramitaciones. «No es lo mismo tener el dinero en enero que en marzo, mayo o julio», avisa.

Hay medidas paliativas que ayudan pero que, según la consejera, no son la panacea. Es el caso de los créditos extraordinarios, que el Gobierno llevará a la Junta por importe de más de 90 millones y que «solucionan una parte del problema, pero no todo». El Ejecutivo deberá pasar por la Cámara otras iniciativas legislativas para aplicar la subida salarial a los funcionarios o activar el segundo tramo de la carrera profesional». Un Parlamento fragmentado en el que los consensos se venden carísimos. Carcedo es optimista. «No me pongo en un escenario en el que no se aprueben», indica.

Como es habitual, la prórroga de 2018 incluye también el endeudamiento, hasta un máximo de 644 millones. Un proceder que cuestiona la Sindicatura de Cuentas, que considera que el Gobierno no debería dar trámite a la deuda de forma automática sino solicitar una autorización previa al Parlamento. «Respeto su opinión pero no la comparto», se defiende.

Carcedo hace suyas unas palabras del síndico mayor, Avelino Viejo, en las que este decía que «los informes de la Sindicatura no son dogma», para defender el derecho del Gobierno regional a discrepar y hacer valer su criterio. Remarca que tanto la jurisprudencia como la legislación vigente y la práctica de las administraciones públicas avalan la prórroga del endeudamiento. Y se muestra un punto retadora: «Quisiera saber qué parte de la norma dice que no se puede prorrogar la deuda. ¿Dónde se dice? En ningún sitio». Y recuerda, ante las recurrentes críticas de los partidos, que el pasivo asturiano es uno de los más contenidos y diversificados del país, con un riesgo que los expertos sitúan en la parte baja del escalafón.

La financiación autonómica y su teóricamente próxima reforma es, sin lugar a dudas, el debate político más importante de los próximos meses. La consejera de Hacienda confía en que sea posible articular un nuevo modelo satisfactorio para los intereses de Asturias y promete pelear con ese objetivo.

El temor de muchos gobernantes autonómicos es que la financiación sea la herramienta a la que recurra el Gobierno central para apaciguar las ansias independentistas. Asturias se opone a que sea esta una moneda de cambio en una negociación con Cataluña. Dolores Carcedo reclama un diálogo multilateral, no bilateral, y advierte de que el Principado se opondrá tajantemente a un sistema «que privilegie a unos sobre otros y que establezca diferencias entre los ciudadanos».