El Gobierno del Principado comparte «con carácter general» los criterios de la Fiscalía de Asturias en el denominado 'caso UGT' y pedirá, en su condición de acusación particular, «penas similares» a las que solicita el ministerio público para los seis exdirigentes y técnicos del sindicato acusados de defraudar 1,46 millones en subvenciones. La portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, confirmó esta mañana tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo solicitará en su escrito provisional de acusación «penas similares» a las que la semana pasada reclamó el fiscal Gabriel Bernal del Castillo. Concretamente, la Fiscalía pide para el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, diez años de prisión; similar condena que para Mónica Menéndez, secretaria de Administración de UGT Asturias entre 2002 y 2013 y Manuel Díaz Cancio, responsable de Formación en este sindicato desde 2009 hasta 2013.
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La Fiscalía también reclama seis años y medio de prisión para María Jesús Ocaña, administradora de las sociedades Localmur y Formación 2020, y treinta meses para Alberto González Castaño y Silvia Sariego Ferrero, técnicos de UGT e IFES.
Desde el Principado reiteran su «respeto» al procedimiento judicial y su disposición a colaborar con la justicia en este caso en el que el Gobierno regional está personado desde 2016 como principal afectado, ya que se acusa a los investigados y a la propia central de «desviar» fondos públicos procedentes de las arcas de la Administración central que deberían haberse destinado a cursos de formación para desempleados.
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