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ANDRÉS SUÁREZ
OVIEDO.
Miércoles, 2 de mayo 2018, 03:22
La previsible aprobación, el mes próximo, de los presupuestos estatales colaborará a despejar parte de las incertidumbres que en este arranque de 2018 se han cernido sobre la economía asturiana. Desbloqueará, entre otras cosas, los 99 millones de euros extra de la financiación autonómica hoy ... retenidos en Madrid, así como casi 300 millones en inversiones. Y, además, permitirá que las comunidades actualicen al alza los sueldos de sus empleados públicos, algo que hasta ahora no podían hacer al ser necesario un paso previo del Gobierno central. El Principado piensa ya en el proyecto de ley que requiere esa mejora retributiva, que será del 1,75% con carácter retroactivo a 1 de enero, y que confía en sacar adelante, en el mejor de los escenarios, entre los meses de junio y julio.
Hay dinero reservado para afrontar el pago de esa subida de sueldo a los 35.000 empleados públicos al servicio de la administración asturiana, incluso en la situación de prórroga que vive el Principado, pero las dificultades del Gobierno central para sacar adelante sus presupuestos bloqueaban el margen de maniobra de las comunidades para hacerla efectiva. El acuerdo que el PP ha alcanzado con Ciudadanos, PNV y Foro, entre otras fuerzas, para aprobar las cuentas estatales, solo pendiente de flecos, relaja la situación y traslada la responsabilidad al ámbito regional.
La pretensión del Ejecutivo de Javier Fernández es hacer efectivo el incremento retributivo del 1,75% todo lo rápido que sea posible y trabajará con ese fin. La cuestión es que la medida necesita el visto bueno de la Junta General y es conocido el clima de tensión parlamentaria que vive la institución, que se ha podido constatar en la larga y farragosa tramitación del crédito extraordinario de 111 millones que finalmente se aprobará el viernes. Nada es fácil cuando de acudir a la Cámara se trata y el Principado lo asume.
La expectativa es poder sacar adelante el proyecto de ley entre junio y julio, habilitando sesiones extraordinarias en este último mes si así fuera necesario. Aparentemente, una iniciativa de este tipo, orientada a aplicar una subida salarial a los empleados públicos, no debería plantear problemas, y fuentes parlamentarias señalan que en este caso el procedimiento más urgente, el de lectura única, sería el más adecuado. Sin embargo, el actual nivel de tensión política obliga al Ejecutivo a plantearse todas las posibilidades.
Hay que tener en cuenta, además, que la subida salarial podría no ser el único contenido del proyecto legislativo. Hay cuestiones relacionadas con la función pública que han quedado 'colgando' en este tortuoso 2018 de prórrogas y parálisis, caso del pago del segundo nivel de la carrera profesional o de la creación de nuevas plazas en la administración pública. El Gobierno, a estas alturas, tiene claro que la mejora retributiva estará sí o sí en la iniciativa que llevará a la Junta General, y el resto de temas quedarán vinculados al volumen de recursos con que cuente una vez que se despejen las dudas pendientes relativas, por ejemplo, a la aportación definitiva del sistema de financiación autonómica.
El Ejecutivo cree que no hay razones para retrasar a la vuelta del verano la aplicación de esa subida de sueldo, una vez que el Gobierno central así lo facilite. En cualquiera de los casos, se pagará con carácter retroactivo a 1 de enero.
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