El Principado se ofrece al Gobierno central para acoger a migrantes del 'Open Arms'

Tres días después de lograr poner pie en la isla de Lampedusa, los migrantes del 'Open Arms' siguen aguardando que la justicia italiana dé el permiso para que sean distribuidos entre España, Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo, los cinco países de la Unión Europea que se han ofrecido para acogerlos. Rumanía también se había postulado inicialmente para participar en el reparto, pero al final su participación no será necesaria ya que la oferta de los otros cinco socios comunitarios resulta de por sí suficiente.

Quince de ellos serán trasladados hasta un puerto español por el 'Audaz', el navío de la Armada que el Gobierno socialista desplegó para escoltar al 'Open Arms' hasta Baleares justo antes de que se autorizase un desembarco al que se opuso hasta el último minuto el ministro italiano Matteo Salvini. La vicepresidenta Carmen Calvo justificó este jueves que el buque militar haya continuado su travesía hacia las costas italianas. «Resultaba más útil y más eficiente que terminara su ruta y que traiga al cupo de migrantes que nos corresponde», explicó.

Asturias se ha ofrecido ya como región de acogida para los migrantes. El Principado, según fuentes del propio Ejecutivo, está dispuesto a «colaborar estrechamente» con el Gobierno central y recibir a migrantes del barco humanitario, «en el marco del protocolo de actuación para la acogida e integración de las personas refugiadas». Una actuación que se llevará a cabo en colaboración con las demás comunidades autónomas. «La solidaridad siempre ha sido una de las señas de identidad de Asturias», señalan fuentes del Ejecutivo regional.

No es la primera vez que Asturias se suma a un proceso de acogida de este tipo. El pasado verano, durante la crisis del 'Aquarius' que se resolvió cuando el Gobierno decidió ofrecer el puerto de Valencia al barco humanitario que venía de rescatar a 630 personas, el Principado también se ofreció a ser región de acogida para parte de los migrantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana también se han postulado para recibir a los migrantes. No obstante, el Gobierno aún no ha decidido el destino final de estas personas una vez que pisen suelo español.

El 'Open Arms' ha aflorado las diferencias políticas entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de migración, una de las áreas que, según los socialistas, haría incompatible la convivencia de ambas fuerzas en un mismo Consejo de Ministros.

La formación morada anunció este jueves que se sumará a la solicitud para que el Gobierno explique en el Congreso la gestión de esta crisis. Su portavoz adjunta en la Cámara baja, Ione Belarra, afirmó por la mañana que se pediría la comparecencia de Pedro Sánchez, como ya han hecho de forma conjunta PP y Ciudadanos. No obstante, poco después la coalición izquierdista reculó y confirmó que su petición irá dirigida a Carmen Calvo. La vicepresidenta ha sido la cara más visible del Gobierno durante esta crisis, lo que la ha llevado a protagonizar un agrio enfrentamiento con la ONG española, desde donde se la ha llegado a equiparar con Salvini

Podemistas, conservadores y liberales coinciden en criticar la actuación del Ejecutivo, pero solo en eso. Difieren, y mucho, sobre cómo debería haberse manejado esta situación de emergencia. Los de Pablo Iglesias sostienen que el Ejecutivo socialista reaccionó demasiado tarde ante el sufrimiento del más de centenar de migrantes, muchos de ellos aquejados de problemas psicológicos a causa del infierno que vivieron en Libia. El PP y Ciudadanos, en cambio, achacan al Gobierno fomentar el efecto llamada con sus «bandazos». El popular Pablo Casado consideró el miércoles un error el envío del buque de la Armada a la isla de Lampedusa porque, adujo, invita a las mafias a ahorrarse dinero usando embarcaciones más endebles a sabiendas de que Madrid enviará sus buques al rescate. Este jueves, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha tildado de «incompetente» a Calvo. Gamarra, en cualquier caso, ha apoyado la amenaza de la vicepresidenta de multar con hasta 900.000 euros a Open Arms por llevar a cabo sin autorización tareas de rescate frente a las costas libias.

Mientras tanto, Fernando Grande-Marlaska sacó a relucir su perfil más político para defender la labor de España en materia migratoria. El ministro del Interior acusó a PP y Ciudadanos de hablar con «mala fe e ignorancia» al acusar al Ejecutivo de inoperancia o de alentar a las mafias que trafican con personas.