El Principado deja la oficialidad para 2022 por la covid y provoca críticas en la izquierda

El presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene claro que los esfuerzos en este 2021 deben centrarse en atender la crisis sanitaria y la reactivación económica en una región duramente golpeada por la pandemia. El Gobierno regional mantiene su compromiso, pero también muestra dudas de que exista en la Cámara suficiente apoyo para sacar adelante la oficialidad en esta legislatura, puesto que cualquier modificación del Estatuto de Autonomía requiere de una mayoría reforzada de tres quintos: 27 votos a favor.

Con el apoyo explícito a la oficialidad de los veinte diputados del PSOE, los cuatro de Podemos y los dos de IU solo faltaría el voto favorable de un único parlamentario más y todos los ojos están puestos en Adrián Pumares, diputado oficialista de Foro y secretario general de esta formación. «No sé si salen los números. Lo desconozco», responde Adrián Barbón cada vez que se le pregunta por esta cuestión dado que, desde Foro, nunca se ha confirmado de forma categórica este apoyo. «Ese debate no está sobre la mesa», se limita a contestar Pumares, para recordar a renglón seguido que «Foro Asturias siempre defendió el derecho de todos a usar el asturiano, con voluntariedad y no obligatoriedad».

Muchos ven en la intención de la actual presidenta de Foro, Carmen Moriyón, de reconducir el proyecto de Foro tras expulsar y denunciar a quien fuera su impulsor, Francisco Álvarez-Cascos, margen de maniobra suficiente para que esta formación -o al menos el diputado oficialista, puesto que Pedro Leal está expulsado y no comparte las tesis de la actual dirección- pueda favorecer este camino hacia la oficialidad, siempre que no implique obligatoriedad.

Con este 'as' bajo la manga contaban las fuerzas de la izquierda en esta legislatura, principales defensoras de la oficialidad, por lo que tanto Podemos como IU entienden que sería un error perder un año y recriminan al Ejecutivo regional que esté poniendo ahora las consecuencias de la pandemia como «excusa» para posponer este proceso. «Si no es la pandemia es cualquier otra cosa, los retrasos de la FSA con la oficialidad no vienen de 2020. Se pueden buscar soluciones para la gestión sanitaria y económica de la pandemia, y a pesar de ello nada impide comenzar los trabajos desde ya», reprocha Francisco Suárez, portavoz de Podemos. «Parece a veces que la FSA no se siente nada cómoda en asumir algo que la sociedad asturiana lleva décadas luchando y todo lo que le permita desplazarlo en el tiempo les puede servir de argumento», añade Suárez, quien espera que detrás de estas manifestaciones no haya «ningún acuerdo con Ciudadanos, que no se haya explicitado públicamente, para bloquear la oficialidad en 2021».

IU coincide con el argumento de Podemos. El coordinador regional, Ovidio Zapico, insta al Ejecutivo regional a que explique en qué puede entorpecer el inicio de la tramitación parlamentaria para la reforma del Estatuto de Autonomía y la aprobación de la oficialidad a la gestión sanitaria y económica de la covid. «¿Es que algún diputado en la Junta va a ser sustraído de sus labores en Atención Primaria para la tramitación de esta ley?», ironiza.

A la coalición, al igual que a Podemos, no parece convencerle el argumento del presidente del Principado para posponer esta tramitación durante al menos un año. «¿Dónde está la dificultad?», se quejan en IU, formación que reconoce tener la «percepción» de que existe en esta ocasión apoyo suficiente en la Junta General para sacar adelante esta demanda gracias a la suma de Foro en la ecuación.

Al otro lado, las formaciones críticas con la oficialidad del asturiano, reciben con más satisfacción el retraso previsto en la hoja de ruta del Gobierno del Principado como consecuencia de la covid. De este modo, el portavoz adjunto del PP, Pablo González, insiste en que «el debate de la oficialidad del asturiano nunca ha sido una preocupación en la calle, sino un debate artificial creado de forma interesada para dividir a los asturianos y distraerlos con la intención de tapar la nefasta gestión socialista que viene sufriendo Asturias desde hace años». González mantiene además que la postura del PP no ha cambiado en todo este tiempo y recuerda que «nosotros defendemos el asturiano, pero somos radicalmente contrarios a la oficialidad».

También desde Ciudadanos creen que se puede defender «la cultura, la literatura, la tradición asturiana y, por supuesto, la llingua asturiana sin la imposición de una cooficialidad obligatoria» y recuerdan que «ya existe una ley que promueve su uso y difusión». La portavoz de la formación naranja en la Junta, Susana Fernández, destaca además que una de las denominadas «líneas naranjas» impuestas por su grupo parlamentario a la hora de negociar los presupuestos autonómicos de 2021 fue, precisamente, «que no se destinara ni un solo euro a la cooficialidad». Argumenta que, en las circunstancias que se están viviendo en este momento, en plena pandemia, «es un gasto innecesario y extemporáneo». «Debemos centrar todos nuestros esfuerzos y recursos en atajar, lo antes posible, la crisis sanitaria y económica», añade, en línea con el argumento del propio Adrián Barbón.

También en las filas de Vox consideran que la oficialidad es un «debate artificial, un debate generado por políticos y un gravísimo error desenterrado por el presidente Adrián Barbón». El portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, cree además que de salir adelante «provocaría un daño irreparable en Asturias». En su opinión, «la oficialidad no es una demanda social, no es un debate que esté en la calle» y por lo tanto «no hay ninguna necesidad real de hacer oficial el bable», por lo que, añade, «solo serviría para crear una nueva línea de colocación para los amigos del PSOE y malgastar el dinero de todos los asturianos».

Blanco concluye que «27 diputados no pueden cambiarle tan drásticamente la vida a un millón de asturianos» y también pone el foco en Foro. «No nos equivoquemos, quizás sea la parte de Foro más nacionalista astur y más a la izquierda la que condene a los asturianos a la oficialidad».