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La Junta del Principado dio luz verde esta mañana al Gobierno regional para ampliar la deuda de la Administración autonómica en 74 millones. El Gobierno del Principado sacó adelante de esta forma su propuesta para solicitar al Ejecutivo central esta cuantía con cargo al ... mecanismo de endeudamiento que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de las autonomías para financiar los excesos de déficit permitido en 2019 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera.
Lo hizo, no obstante, con la abstención de formaciones como PP y Vox y con duras críticas por parte de prácticamente todos los grupos por su «falta de rigor» en el gasto corriente y «ocultación de datos». De poco sirvió, de hecho, la explicación previa por parte de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, quien justificó este nuevo endeudamiento en la necesidad de garantizar el pago en tiempo y forma a los proveedores en un escenario de crisis como el actual, reconociendo las dificultades de tesorería como consecuencia de la negativa del Gobierno central a abonar los más de 80 millones de euros que, según el criterio del Principado, le adeuda por la liquidación del IVA de 2017; así como por la infrafinanciación que sufre la región como consecuencia del actual sistema de financiación autonómica.
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Pablo González, portavoz adjunto del PP, calificó de «error» acudir a la deuda pública para el pago de gastos corrientes y afeó la «escalada de deuda brutal» registrada por la Administración autonómica en la última década. Laura Pérez Macho, diputada de Ciudadanos, lamentó la falta de «claridad» del Gobierno regional que, si bien explica las condiciones favorables que se ofrecen desde el Gobierno central para acudir a este tipo de deuda, «oculta que se trata de condiciones que afectan solo al 75% de la cuantía solicitada, y no nos dicen nada de qué va a pasar con el otro 25%». También afeó Pérez Macho al Ejecutivo socialista por no reconocer directamente que «pide este endeudamiento para pagar la deuda que nos genera el Gobierno de España por el impago de la liquidación del IVA de 2017».
Daniel Ripa, portavoz de Podemos, defendió la necesidad de aprobar cualquier mecanismo que facilite que «fluya el dinero» hacia los sectores que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis, pero no dejó de apuntar «gastos no apropiados» como los invertidos en Sogepsa en los últimos años. Ángela Vallina, portavoz de IU, no puso reparo alguno a la solicitud del Gobierno regional mientras que, desde Foro, Adrián Pumares, incidió en la «importancia del rigor en el gasto» y en reclamar al Gobierno central con «intensidad» el pago del IVA y que «abra el melón de la financiación autonómica». Ignacio Blanco, de Vox, advirtió de que una empresa privada que recurre a la deuda para hacer frente a sus gastos corrientes «es una empresa quebrada».
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