El Gobierno del Principado confía en recibir nuevas propuestas por parte del Ministerio de Hacienda para resolver el conflicto generado por el impago a las comunidades autonómicas de los 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, y que a Asturias le afecta en 75 millones. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, insistió este miércoles durante su intervención en la Comisión de Hacienda en que el Gobierno autonómico no renuncia a este dinero, ni da «por imposible que se abonen estas cantidades» por parte del Estado.
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Para ello, mantiene abiertas aún todas las vías —administrativa, política, pero también judicial— para tratar de recuperarlo de una u otra manera. De hecho, confirmó que se han iniciado ya los trámites administrativos previos para el requerimiento judicial, tal y como había anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, la semana pasada. No es una cuestión menor. Desde la Consejería reconocen que, si no se adoptan medidas, el Gobierno autonómico podría tener «tensiones de tesorería» a lo largo de este ejercicio.
Al contrario que el resto de la formaciones, Cárcaba valoró la propuesta lanzada por Hacienda la semana pasada para compensar el impago de esta deuda a las comunidades con mayor déficit y más facilidades para el endeudamient. oLa consejera, que reconoció que continúa a la espera de que Hacienda les haga llegar por escrito el «detalle más técnico» de su propuesta para poder adoptar un posicionamiento definitivo, advirtió de que la solución no es sencilla. Por un lado, porque Asturias aún desconoce si liquidará 2019 con o sin déficit y, en el caso de que lo tenga, tampoco conoce con exactitud los beneficios que supondría la propuesta planteada por Hacienda. Pero también, alertó, porque acudir a la vía judicial no asegurá el cobro de este montante. Y en este punto recordó que únicamente Madrid ha dado, por ahora, ese paso.
En todo caso, desde Asturias se espera que Hacienda pueda ofrecer soluciones más atractivas que las planteadas la semana pasada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que han sido muy criticadas por el resto de los grupos parlamentarios que, sin excepción, abogan por acudir a la vía judicial.
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