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efe
Viernes, 20 de julio 2018, 14:41
Los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Javier Fernández (PSOE), han coincidido hoy en que no es el momento de reformar la Constitución, aunque lo ven necesario, y han defendido un modelo de financiación autonómica que tenga ... en cuenta el coste de los servicios. Los dos presidentes han sido los últimos ponentes de un curso sobre los desafíos del estado autonómico que este viernes ha sido clausurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Para Revilla, modificar la Constitución ahora es «imposible» porque el único consenso que se ha conseguido en España ha sido «contra el PP». «No hay nadie en estos momentos en España que consiga un consenso mínimo. Estamos en una situación diabólica», ha advertido.
A su juicio «puede quedar muy bonito» que los políticos llamen al consenso, pero no existe «ni el clima mínimo, no ya el consenso con el que se aprobó la Constitución». «Este país es un puzzle que no hay manera de montar en este momento», ha sentenciado.
No obstante, según Revilla, modificar la Constitución es necesario para clarificar el modelo competencial y acabar con las duplicidades, además de para eliminar el Senado, que en su opinión es «una cosa inútil que cuesta mucho dinero».
Tampoco Javier Fernández ve oportuno tocar en estos momentos la Carta Magna. «Soy consciente del riesgo de plantear una reforma constitucional en pleno desafío soberanista, pero sobre todo tengo mis dudas de que pueda ser un objetivo realista», ha afirmado.
El presidente asturiano, sin embargo, ha dejado clara su apuesta por una reforma en la dirección que acordaron los socialistas en la Declaración de Granada, frente a la idea del Estado Plurinacional que incorporaron en su último congreso, de la que no es partidario aunque la respete. En su opinión, crear una realidad es nombrarla y Estado Plurinacional es un término «equívoco y polémico», no solo por sus efectos jurídicos constitucionales sino «por la confusión a la que induce y las expectativas que abre en la peligrosa maraña de las emociones nacionales».
El presidente del Principado ha abogado por «un compromiso político fuerte» para poder avanzar hacia un federalismo «cooperativo y solidario» porque en caso contrario, si ese compromiso es débil, se tendría un federalismo «competitivo y dual». Y cree que en España, un país «muy desequilibrado territorialmente» en el que los comunidades más ricas doblan incluso la renta de las más pobres, existen «razones poderosas que avalan la apuesta por el primer modelo, el único compatible con la disponibilidad de potentes mecanismos de nivelación que garanticen el principio de igualdad».
Además ha afirmado que mientras no resulta extraño que la derecha «reivindique el abandono del cooperativismo» para promover la competencia territorial, «sorprende» que desde comunidades gobernadas por la izquierda «se hagan propuestas orientadas en la misma dirección».
En ese contexto ha alertado de que, cuando en el debate sobre el sistema de financiación autonómica «se habla más de las capacidades fiscales que de la necesidad de gasto, de la nivelación parcial que de la total, del poder tributario que de las transferencias, de la ordinalidad que del coste unitario de la prestación de servicios», se está hablando del paso de un federalismo cooperativo y solidario a uno competitivo y dual.
En la misma línea, Revilla ha dicho que comunidades como Cantabria y Asturias, con una población dispersa y envejecida y una orografía difícil, tienen que hacer «una presión enorme», en el marco de ese debate, para pedir justicia y defender que todo el mundo viva donde viva tiene derecho a los mismos servicios y su coste no es el mismo.
Los dos presidentes han dedicado también parte de sus intervenciones al problema catalán. Revilla ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España y el de Cataluña comiencen a negociar para buscarle una salida. Y Fernández ha alertado de que si «unionistas e independentistas» no comparecen en igualdad de condiciones en el espacio público catalán, los últimos seguirán usando su poder político para «romper el empate» entre las dos comunidades que cree que conforman hoy la sociedad catalana.
En su opinión, una ciudadanía activa, movilizada y «sin miedo al señalamiento» es la única manera de convencer a la mayor parte de la sociedad catalana de que «el Estado tiene propuestas para Cataluña que el independentismo no puede ofrecer».
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