El presidente del CGPJ pide evitar la «injerencia en la actividad política» del órgano

Lejos de ponerse de perfil, Guilarte ha entrado este miércoles en el fondo de la discusión sobre las acusaciones de politización del órgano de gobierno de los jueces. En la explicación de su voto en blanco, ha pedido evitar la «injerencia en la actividad política» del Consejo para no convertirse en un sujeto más del debate público. Estima que el órgano constitucional únicamente debe velar por la independencia judicial y la defensa de la carrera, aunque sostiene la legitimidad de que el pleno debatiera el pasado lunes la moción de los nueve vocales conservadores.

Considera Guilarte que su posición en el pleno «a favor de una opción política» determinada es «prematuro» por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley de amnistía. «Al día de hoy entiendo que en tanto no se plasme la hipotética decisión sobre la amnistía en un anteproyecto o proposición de ley es prematuro un pronunciamiento del CGPJ, pues su intervención pudiera entenderse como la de un sujeto activo del debate político», señaló.

En este sentido, el presidente interino subraya que «la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el CGPJ evitemos la injerencia en la actividad política», detalló.

No obstante, deja claro que, a su juicio, resulta «indeclinable misión del CGPJ la defensa de la actuación de los órganos jurisdiccionales», una defensa que, avanzó, «deberá proyectarse sobre cualquier actividad futura de los órganos jurisdiccionales en relación con este tema». «Desde esta perspectiva mi voto en blanco obedecería no tanto a un problema de falta de legitimidad para valorar la declaración institucional como de oportunidad», aclaró.

Para Guilarte, el respeto a la independencia judicial hace que «desde esta lógica» resulte «más oportuno» evitar «hoy» el pronunciamiento. De igual manera que asegura que se «mostraría contrario, quizás más acusadamente, a una hipotética declaración con la que se pretendiera defender preventivamente la normativa anunciada».

Así, avisa de que «la relatada oportunidad es susceptible de llegar a revisarse en función de los futuros acontecimientos». «Y ello sin perjuicio de que, como sería deseable, por las Cámaras, o alguna de ellas, pueda recabarse informe de este Consejo sobre una futura ley».

El vocal Enrique Lucas también afirmó este miércoles que hace «flaco favor» a la institución aprobar una declaración institucional sobre la amnistía con una mezcla de argumentos «discutiblemente jurídicos» y otros estrictamente jurídicos, y apuntó que además se puede crear «la confusión» de que ese documento es «la opinión de los jueces y tribunales», cuando «no es así».

Sobre el contenido de esta declaración, que afirma que la ley de amnistía puede llevar a «la abolición del Estado de Derecho», el consejero propuesto en su día por el PNV respondió que «es una frase muy rimbombante», pero insistió en que votó en contra porque no se puede entrar en ese debate «mientras no haya un texto cierto» y se analice «en profundidad».

Ahora mismo, considera que cualquier opinión sobre esta cuestión «es inconveniente porque es como hacerlo a ojo o tocar de oído». «No nos lo podemos permitir. Somos un órgano de garantías, que se supone que es serio y no se puede actuar de este modo. Por eso yo propuse que no se tomara ningún tipo de declaración, pero luego la mayoría decidió lo contrario, y es su responsabilidad», subrayó.

Recordó, además, que este órgano no tiene «ningún tipo de potestad jurisdiccional» para decidir sobre la norma que afecta al borrado penal del 'procés' en toda su extensión. «Su constitucionalidad o no, debe determinarla el Tribunal Constitucional», concluyó.