PP y PSOE, de la unidad en el 155 a la ruptura total

La indignación que a lo largo de esta semana han mostrado los socialistas ante esas palabras, que consideran una falta de respeto institucional, no quita para que resten importancia a la cuestión de fondo. El partido gubernamental sostiene que las cosas en Cataluña están «mucho mejor» que hace un año y que pese a la «sobreactuación» de Casado, los ciudadanos son conscientes de ello. Así que no temen un desgaste. «¿Alguien se ha parado a pensar en qué ha pasado con la campaña para poner la banderita en los balcones? -dice un dirigente territorial en alusión al reciente llamamiento del líder del PP para volver a colgar la enseña nacional en las casas-. ¡Ha sido un fiasco!».

Ni siquiera los barones que en el pasado hicieron oposición interna a Sánchez y alertaron contra el peligro de conformar un «Gobierno 'frankenstein'» con Podemos y los independentistas plantean ahora dudas ante la estrategia de «desinflamación» puesta en marcha desde la Moncloa. Y eso que están a las puertas de una contienda electoral, el próximo mayo. «Lo de Cataluña se nos puede llevar a todos por delante -admitía hace unos días el presidente de una comunidad recelosa con los nacionalismos- pero, de momento, no ha habido nada que chirríe y yo, particularmente, estoy convencido de que, si tuviera que hacerlo, Pedro volvería a aplicar el 155».

Los socialistas insisten además en que el discurso de Casado, como el de Rivera, que este viernes afirmó que quizá el PSOE sí pero Pedro Sánchez «no es constitucionalista», no resulta creíble. El líder del PP lleva meses reclamando una nueva intervención de Cataluña que el Gobierno de Rajoy descartó en su momento por no tener justificación jurídica. Es más, habla de una suspensión de la autonomía como en el Ulster, con devolución de competencias al Estado.

Cuando en mayo de este año Ciudadanos reclamaba que no se levantara el 155 aunque se formara un nuevo Gobierno de la Genearlitat, algo contrario al acuerdo del Senado, el PP le respondó que no podía hacerse uso de ese precepto, concebido para casos extremos, de manera preventiva. El 155 está pensado para obligar a una comunidad autónoma al «cumplimieno forzoso» de las obligaciones que le imponen la Constitución y otras leyes cuando se resista hacerlo tras un requerimiento explícito del Gobierno o para lograr que cese en actuaciones que atenten «gravemente al interés general». Ahora, insisten los socialistas, no se dan las circunstancias.

En contra de Casado juegan también las palabras que pronunció Rajoy desde la tribuna del Congreso apenas una semanas antes de ser derribado por la moción de censura del PSOE, cuando Rivera anunció que daba por roto el entendimiento en la crisis catalana porque el Gobierno se resistía a presentar un recurso contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que había admitido el voto delegado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero de Salud, Toni Comín, dos «prófugos de la Justicia». «Esto no le da un voto, es más, le puede hacer perder porque muchos españoles pueden pensar que está usted de 'aprovechategui'», dijo tras exigir «lealtad en una «cuestión de Estado». «Compórtese como el PSOE en el tema de Cataluña y nos irá mucho mejor», remató.

En realidad, Casado no se comporta como los socialistas porque está convencido de que su electorado tampoco entendió la 'operación diáogo' de Rajoy ni su gestión del asunto catalán, muy criticado por José María Aznar desde Faes, que achacó a la estrategia desplegada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el auge de Ciudadanos en Cataluña y la conversión del PP en un partido casi residual. Ya en la campaña de las primarias por la presidencia del partido contra la exnúmero dos del Gobierno, Casado lo dejó claro: «No aplicamos el 155 como había que aplicarlo, la operación diálogo fue un fracaso y lo que no puede ser es que Pedro Sánchez esté fiando todo a una estrategia judicial, como hicimos nosotros».

El esfuerzo de Sánchez es precisamente el contrario: desjudicializar en la medida de lo posible el conflicto. Desde que llegó al cargo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra una moción del Parlament para retomar la vía unilateral hacia la independencia. También ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo la apertura de embajadas catalanas en varias ciudades europeas. Y ayer, contra el criterio del Consejo de Estado, decidió impugnar la resolución de la Cámara catalana que reprobó el discurso del Rey el 3 de octubre y pidió la abolición de la Monarquía.

Pero también ha hecho importantes guiños al independentismo con los que, argumentan en la Moncloa, han conseguido abrir una brecha entre los que abogan por implementar la república catalana y quienes admiten que no hay base social suficiente y que ha llegado el momento de ser pragmáticos.

El último de esos gestos ha sido dejar claro que no comparte que pueda calificarse como rebelión el «golpe al Estatuto y a la Constitución» (así lo calificó la hoy vicepresidenta Carmen Calvo hace un año) que sentará en el banquillo, entre otros, al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Hace cinco meses, el propio Sánchez ya admitió que, tal y como está tipificado ese delito en el Código Penal, podía caber alguna duda de su aplicación al 'procés' porque se redactó pensando en un alzamiento militar, pero propuso una modificación para adaptar el ordenamiento a los desafíos del siglo XXI. Una modificación que ahora duerme el sueño de los justos.