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Alberto Núñez Feijóo ha convocado este fin de semana en Sevilla a los diputados, senadores y eurodiputados del PP en la XXVII Unión Interparlamentaria, que ... se produce en vísperas del tercer aniversario del congreso celebrado en la capital hispalense que le encumbró como presidente del partido tras la mayor crisis interna que acabó con la defenestración de Pablo Casado. Una cita en la que se producirán diferentes mesas de trabajo sobre vivienda, defensa de valores democráticos, Estado de Bienestar, sector agroalimentario y fiscalidad.
Será esta última mesa de debate la que coordine el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y que abordará la necesidad de «profundizar» en las políticas que han desarrollado las administraciones gobernadas por el PP para «hacer de contrapeso a la hiperregulación, el intervencionismo y el infierno fiscal» que denuncian ha impuesto con sus políticas fiscales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los populares defienden que desburocratizar y simplificar la carga administrativa «es fundamental para dinamizar la economía y equivale a bajar impuestos». Por ello, según ha podido conocer este periódico, presentarán una bateria de iniciativas en las Cortes, en las comunidades y ayuntamientos para aprobar las medidas de reducción burocrática acordadas y defender las ya aprobadas por los diferentes gobiernos del PP, al igual que las ya se han presentado en diferentes instancias contra el infierno fiscal del PSOE.
Así, el partido conservador se compromete a eliminar si gobierna tres normas por cada una que se apruebe, además de aprobar un decreto anual de simplificación para agilizar trámites y procesos, adoptar el silencio positivo y promover las declaraciones responsables para facilitar el inicio de las actividades empresariales en todos aquellos gobiernos autonómicos que todavía no lo hayan establecido.
Según sus cálculos, los costes de la hiperregulación y el exceso de burocracia administrativa actual afectan a un 36% de una economía en la que el lastre normativo afecta a casi dos millones de empresas y a diez millones de trabajadores. En 1978, recalcan en el PP, se aprobaban unas 3.000 normas al año mientras hoy en día se adoptan 12.000.
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