El PP descarga en los letrados del Senado que PNV o Junts formen grupo propio

De momento, solo PP, PSOE y la coalición electoral formada por Esquerra y Bildu tendrán grupo parlamentario propio en el Senado, lo que implica una suculenta fuente de ingresos públicos además de más tiempo en las intervenciones desde la tribuna.

El popular Javier Maroto, vicepresidente primero de la Cámara alta, quiso desligar la situación entre el Senado y el Congreso, ya que, justificó, mientras que en el caso del primero se necesitan diez escaños para conformar el grupo, para el segundo el listón se eleva hasta los quince. En cualquier caso, desde el PP se duda que sea legítimo que el PSOE ceda parte de su filas a diestro y siniestro. En el caso de Junts, por ejemplo, los socialistas deberían prestar hasta seis de sus senadores y llegarían a siete si el único representante de Coalición Canaria no se suma a la ecuación.

Con el PNV se da una situación similar. Los nacionalistas vascos necesitan el apoyo de cinco miembros del PSOE. Este caso se presenta especialmente espinoso para el PP. Puede imponer el rodillo y dejar al PNV sin grupo propio a la vez que trata de atraerlo para que se abstenga en la investidura de Alberto Núñez Feijóo que se debatirá entre el 26 y 27 de septiembre.

El tercer caso y no menos llamativo es el de Sumar. La pasada legislatura la Mesa del Senado con mayoría socialista sí permitió a Unidas Podemos formar grupo dentro de una amalgama de partidos que incluyó hasta a la Agrupación Socialista de la Gomera, hoy socia de Coalición Canaria y el PP en el Gobierno del archipiélago.

«Habría más senadores prestados que senadores políticos», resumió Maroto para justificar la consulta a los letrados. En cualquier caso, añadió el dirigente popular, la Mesa aceptará el dictamen que le llegue de los juristas, lo que sucederá previsiblemente la próxima semana.

Desde las bancadas socialistas en el Parlamento se busca aprovechar las cesiones de diputados y senadores como primer paso para la investidura de Sánchez. Fue ya una de las condiciones que las fuerzas independentistas impusieron en la elección de la Mesa del Congreso junto al uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja, dos concesiones que permitieron la elección de Francina Armengol como presidenta en la primera votación.

Desde el PP, se acusó este lunes al PSOE de incurrir en un «fraude de ley» o de «alterar la voluntad de los electores». «Seguimos viendo con preocupación algo de lo que ya alertamos en las pasadas elecciones generales y es que el señor Sánchez está dispuesto a todo con tal de satisfacer sus intereses particulares», acusó el portavoz del PP Borja Sémper antes de tachar la estrategia de los socialistas de «mercadeo».