El PP andaluz lleva a la Fiscalía la supuesta compra de votos del PSOE en Sevilla

María Eugenia Romero, la alcaldesa de Huevar, aseguró que «aportarán muchas más pruebas» en los próximos días, pero que aún «se están analizando detenidamente». En su querella criminal han incluido los listados manuscritos hallados en varias cajas del despacho del anterior alcalde del PSOE, Francisco Martín González, en los que se identifica con nombre y apellidos, incluso apodos, a varios vecinos de la localidad a los que tentar con un empleo en el ayuntamiento, y se hace una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio en función de su situación laboral.

Estos documentos, «muy significativos» según Romero, fueron desvelados hace una semana por el diario ABC y, como señalaron desde el consistorio, se habrían salvado de su destrucción porque la trituradora de papeles se quemó por exceso de uso en esa época de traspaso de poderes. Según consta en la denuncia, pudieron encontrar los documentos porque el mismo día de toma de posesión del bastón de mando, y ante la negativa de la corporación saliente a darles una llave del edificio consistorial, procedieron al cambio de cerradura para poder entrar inmediatamente, localizando una serie de archivos que el anterior equipo gestor «había intentado ocultar».

La regidora reconoció que ahora debe ser el ministerio público el que determine si esos documentos aportan indicios reales de delito o si archiva la querella, aunque tildó de «lamentable» que el PSOE aún no haya pedido perdón por lo ocurrido». Más duro se mostró su jefe de filas, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, quien insistió en que «siempre ha habido una intuición» y era «vox populi» que «en Andalucía esto podía estar pasado en muchos municipios», en alusión a la compra de votos.

La diferencia es que el caso de Huevar, de 3000 habitantes, «está respaldado por documentos». «Entendemos que ha sido una práctica habitual que ha de estar respaldada por pruebas y ahora se está viendo», dijo Martín a la salida del juzgado, apuntando que era su obligación llevar esos documentos al juzgado «por si además de una cuestión ética es también judicial».