Populares y socialistas sí imponen a Vox en Europa un cordón sanitario

Ambas formaciones han votado de la mano tradicionalmente en la Cámara comunitaria muchos de los asuntos capitales de la UE y ese es uno de los reproches que Vox siempre ha dirigido contra los populares -uno de los argumentos que utilizó para abandonar los ejecutivos autonómicos que conformaba con la formación de Alberto Núñez Feijóo-. Pero la novedad de la décima legislatura del Parlamento Europeo, que echó a rodar en julio, es la exclusión de las fuerzas ideológicamente más radicalizados del hemiciclo de los puestos de poder. Eso a pesar de representar a la tercera fuerza de la Cámara, como -precisamente- sucede con los voxistas en España.

El alineamiento de estas formaciones con Trump tras el shock causado por la ejecutoria del magnate en su retorno a la Casa Blanca ha provocado que nadie albergue dudas, dentro de las familias socialistas y populares europeas, de que la extrema derecha de Patriotas ejerce como un caballo de Troya en el propio Parlamento Europeo para tratar de revertir los valores del proyecto comunitario y que -teniendo en cuenta el contexto actual- actúan como peones tanto de los intereses del presidente ruso, Vladímir Putin, como de Washington.

En la UE eran conscientes de que el cambio en la Administración estadounidense conllevaba un riesgo, pero fuentes de la Eurocámara admiten que la virulencia en el discurso contra la UE y todo lo que esta representa sí que ha resultado ser una sorpresa mayúscula. En este sentido, Vox, ante el momento más decisivo para Europa desde la caída del Muro de Berlín, ha elegido bando y no parece que tenga pensado retroceder un solo milímetro. El pasado miércoles esta tensión se plasmó con el Parlamento aprobando una resolución «sobre el mantenimiento del apoyo inquebrantable de la UE a Ucrania tras tres años de la guerra de agresión de Rusia» y Vox votando en contra de añadir al texto un apartado que refería la «profunda preocupación por el aparente cambio en la postura de Estados Unidos sobre la guerra de agresión de Rusia».

Los de Abascal también votaron en contra, junto a sus aliados -excepto los del partido de Marine Le Pen, que se abstuvieron-, de «expresar su consternación por la política del Gobierno estadounidense de apaciguar a Rusia y atacar a sus aliados». El PP mantiene parte de los pactos locales con los voxistas, pero Génova ha intensificado su desmarque de la derecha extrema aprovechando, precisamente, la impopularidad de las políticas arancelarias y de entendimiento con Rusia de Trump.

Existe unanimidad entre las familias fundadoras en que la Unión Europea se enfrenta al momento más decisivo a nivel geopolítico desde la caída del Muro, pero el gran debate pasa por cómo encarar la necesidad de rearmar Europa sin que eso entre en conflicto con el Estado de bienestar, el pilar sobre el que se construyó la UE. El actual vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista español Javier López, cree que «sería un suicidio político y electoral para la Unión Europea poner en competición el gasto social con el de defensa«. «El debate hoy no es sobre las magnitudes aún, pero sí lo es qué mecanismos utilizar. Nosotros somos firmes: necesitamos instrumentos financieros europeos e inversión europea. Es un reto europeo y tenemos que hacernos cargo de nuestra propia seguridad«, apostilla el cargo del PSOE, quien incide -en línea con la estrategia del presidente Sánchez- en que «este gasto no es para hacer la guerra, sino para hacer la paz».

Nicolás Pascual de la Parte, europarlamentario del PP, pone el foco, en cambio, en el esfuerzo que supondrá la nueva estrategia para los 27 países de la UE, partiendo de que España sigue a la cola en el porcentaje del PIB comprometido con la OTAN. «La mayor parte de los 800.000 millones que se pretenden movilizar deben ser contribuciones nacionales, de los estados miembro», sostiene el dirigente conservador, quien recuerda que sí hay 150.000 millones, «claramente delimitados, que son responsabilidad de la Comisión acudiendo a los mercados internacionales y poniendo como aval el Presupuesto comunitario».