Casi 200 policías y guardias civiles siguen escoltando a ex altos cargos

En su contestación, que ha recogido Europa Press, el Gobierno precisa que son 123 los policías y 15 los guardias civiles que prestan servicio de escolta a personalidades y ex altos cargos, y 35 guardias civiles y 15 policías los que encargan de vigilar los domicilios de éstos.

Además, añade que cuatro guardias civiles y otros tantos policías se encargan de proteger a familiares de personalidades o cargos públicos. En total 196 agentes de ambos cuerpos policiales se dedican a estas tareas.

Asimismo, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido explica que cuentan con cuatro vehículos, dos de renting y otros dos en propiedad que están adscritos al servicio de protección de excargos públicos de la Dirección General de la Policía, aunque actualmente no desarrollan actividad vinculada a funciones públicas.

En respuesta a una de las preguntas de los mencionados diputados socialistas, Interior precisa que el coste medio anual de los cuatro vehículos es de 29.355,93 euros: 16.279 euros los de renting y 13.976,93 los de propiedad.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy niega en su escrito que empresas de seguridad privada estén prestando servicio de escolta, al tiempo que deja claro que ningún familiar de cargos públicos ni de excargo dispone de vehículo oficial ni de conductor.

En sus preguntas, el PSOE cuestionaba que personajes públicos que han ostentado responsabilidades relevantes continúen de haberlas abandonado disponiendo de coches y escoltas pagadas con el dinero públicos "muchos años después" sin que, a su juicio, existan razones que hagan "comprensible" un uso de recursos personales y materiales "escasos siempre". Es más, apunta que "ya no es creíble ni asumible" por los ciudadanos que desde el Gobierno se invoque el "mantra" de razones de seguridad "sin más explicaciones".

Frente a esto, el Ministerio del Interior recalca que la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, evalúa y revisa cada seis meses el nivel de riesgo de todas aquellas personas susceptibles de necesitar un servicio de protección personal por presentar circunstancias de especial riesgo, con el fin de adaptarlo a las necesidades reales.