Sanción a la jueza del 'caso Pokémon', que perderá su destino

El Consejo General del Poder Judicial (CGPD) anunció ayer la imposición de una sanción a la titular del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, la gijonesa Pilar de Lara. En concreto, se trata de una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta «muy grave de desatención de las competencias judiciales». Al ser un castigo superior a los seis meses, la medida conlleva la pérdida de destino.

De Lara había sido a lo largo de los últimos años una pieza clave en la investigación de uno de los casos de corrupción con más relevancia en Asturias en los últimos años: el 'caso Pokémon'. La presunta trama corrupta investigada por el juzgado lucense abarca la gestión irregular del servicio de aguas en numerosos ayuntamientos asturianos, gallegos, valencianos y murcianos. En Asturias la investigación señala a Joaquín Fernández Díaz, exvicesecretario de Comunicación del PP, como uno de los presuntos cabecillas de la trama para conseguir contratos de gestión de agua a la empresa Acuagest.

En el Principado las pesquisas alcanzaron a alcaldes y concejales de varios ayuntamientos de Asturias. El exregidor de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo y el actual alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, figuran entre los muchos investigados en la causa, cuya instrucción se alarga desde hace casi siete años.

El motivo de la sanción, según acordó por unanimidad el CGPJ, fue «la desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas en el ejercicio de las competencias judiciales», prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello, pese a la importante carga de trabajo de su juzgado, que ha instruido o instruye algunas de las causas de corrupción más complejas y voluminosas del país, además de 'Pokémon', como son 'Pulpo', 'Garañón', 'Vendex', 'Aquagest' o 'Carioca'.

La jueza concluyó el miércoles la investigación de la pieza principal de esta última causa, con el procesamiento por múltiples delitos a los propietarios de tres clubes de alterne de Lugo y dos guardias civiles, y la exoneración de otras diez personas (entre ellas ocho mujeres que trabajan en los clubes). Solo esta parte del 'caso Carioca' tiene 274 tomos y otros 36 de transcripciones de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía.

La decisión de la Comisión Disciplinaria, que no admitió ninguna de las pruebas presentadas por el abogado de De Lara, fue comunicada ayer a la magistrada. Sin embargo, la suspensión será ejecutiva una vez que se agote la vía administrativa. La jueza tiene un mes de plazo para recurrir la decisión y, en el caso de que se confirme el castigo, cabría interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Desde 2016, De Lara ha visto cómo muchos acusados en sus investigaciones han tratado de recusarla por diversos motivos, entre ellos enemistad manifiesta. Así ocurrió con el exlíder de los socialistas gallegos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, investigado en el 'caso Garañón' (una polémica promoción urbanística cuando éste era concejal del ramo en el consistorio lucense). En algunos casos, los superiores de De Lara le dieron la razón, pero en otros le cortaron las alas para seguir instruyendo pesquisas fuera de Galicia, como las derivadas del 'caso Aquagest' (presunto tráfico de influencias y cohecho a través de esta empresa de agua) en Cataluña, Valencia o Murcia. Especialmente beligerante con ella ha sido la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo. De forma colateral, se produjeron otros episodios llamativos: el juzgado de la magistrada ha recibido desde 2016 varias inspecciones del CGPJ.