El Poder Judicial advierte al Gobierno sobre la ley de vivienda: «Es una materia de titularidad autonómica»

El borrador, de 59 páginas, recoge que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas, que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».

Por este motivo, «esa 'expropiación' de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerdan completamente entre sí».

En el informe redactado por los vocales Enrique Lucas (propuesto por el PNV) y José Antonio Ballestero (propuesto por el PP) se recalca que la actuación estatal se ha articulado «a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética».

Sin embargo, advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal «se vierte sobre esos otros aspectos». Por tal motivo, el anteproyecto «ha de ceñirse» al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, «la ley de vivienda» o «del derecho a la vivienda».

El nuevo informe añade que el derecho a una vivienda digna y adecuada, si bien se reconoce en la Constitución, no se «define» en el anteproyecto y explican que la jurisprudencia ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, «no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad».

El borrador del CGPJ recuerda además al Ejecutivo que «el alcance de la función consultiva del Consejo no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe». Apunta que el Gobierno «carece de toda capacidad de disposición» porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos.

El nuevo dictamen no es vinculante para el Ejecutivo, pero el rechazo de la propuesta inicial supone un duro revés para el Gobierno de coalición pese a su intención de continuar con la tramitación del actual anteproyecto. En caso de que opten por esta vía, el Tribunal Constitucional espera, advierten los vocales del órgano de gobierno de los jueces.