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El grupo de agentes de la UPR de la Comisaría de Gijón que se encuentra en el hotel de Pineda intenta mantener la calma pese al ambiente de crispación que se vive en la calle y que les ha llegado a la puerta misma del ... establecimiento. Durante los últimos días han prestado servicio de seguridad en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y en Vía Layetana. Pero la presión es ya importante. «No podemos salir a la calle ni hacer vida normal, corremos riesgo físico», aseguran.
La cuestión es que ayer a estos policías de Gijón y sus compañeros se les indicó que debían abandonar los hoteles a las cuatro de esta tarde, pero los policías siguen en los establecimientos de Pineda de Mar, donde permanecen congregadas centenares de personas para exigir que abandonen la localidad.
Esta mañana los funcionarios gijoneses y otros compañeros recibieron la visita del presidente del PP catalán. Un emocionado Xavier García Albiol les ha transmitido: «Nadie os va a echar de Cataluña porque si os vais se iría la dignidad de esta tierra». Entre ellos se encuentra el subinspector Iván Fernández Platón, condecorado con la cruz al mérito policial con distintivo blanco por el rescate de un bañista en El Arbeyal.
Otros cinco efectivos de la Brigada de Información de la Comisaría de Gijón, que realiza labores de vigilancia de paisano, están alojados en otro hotel de Cataluña, si bien, por el momento, no se han visto en las mismas circunstancias que sus compañeros de la UPR.
Mientras la Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio, en tanto que el Gobierno ha ordenado a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor.
El Ejecutivo y el Ministerio Público han reaccionado ante el «acoso» que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los «responsables municipales» en esa decisión.
Unas decisiones que investigará la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona por si fueran constitutivas de delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas «cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española».
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