Podemos se resiste a salir de la negociación para desbloquear el CGPJ

El partido de Pablo Iglesias no da su brazo a torcer y se resiste a quitarse de en medio para que socialistas y populares encaucen, por fin, el acuerdo. Y es que la posibilidad de que el PSOE ceda algún nombramiento de su cuota de vocales a su socio de Gobierno es uno de los movimientos que el PP no va a permitir. Así lo han reiterado sus dirigentes cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso la semana pasada que congelaba la propuesta de ley para reactivar la negociación, rota en agosto.

«Sería impensable, estamos en nuestro derecho de tener representación en el próximo Consejo como parte del Ejecutivo», comentan desde Podemos para descartar, al menos de momento, dar un paso al lado.

El partido de Pablo Casado quiere que Sánchez y su negociador para el CGPJ, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, saquen a Iglesias de la ecuación para acercar puentes. Para ello, ambos deben mojarse, sostienen en las filas conservadoras. De ahí que en la sede de la calle Génova esperan tranquilos al desenlace de esta disputa antes de proseguir con otros asuntos espinosos de la negociación.

De forma paralela, el mensaje que transmite el Gobierno para sacar al PP del inmovilismo es que no piensa esperar mucho tiempo más para llegar al acuerdo. De lo contrario, seguirá adelante con su reforma para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Ello pese al evidente desgaste que le ha generado este proyecto no solo en el ámbito del Poder Judicial, sino también en las instituciones europeas.

La crítica reside en que el cambio de mayorías parlamentarias para nominar a los vocales (de 3/5 a mayoría absoluta) supone un mayor intervencionismo político, cuando no se trata de una propuesta abiertamente «anticonstitucional».

En este contexto, este miércoles se celebró en el CGPJ un pleno para examinar el texto del Gobierno. En el mismo se acordó aprobar una moción en la que se mostró la «preocupación» por si cualquier reforma, presente o futura, se haga vulnerando la Constitución y el Derecho Europeo.

Del mismo modo, el acuerdo del Consejo -que fue apoyado por 13 vocales con el presidente Carlos Lesmes frente a siete- anunció que, en cumplimiento de su función de garante de la independencia de jueces y magistrados, «se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y expresará su opinión fundada» en caso de que cualquier iniciativa sobrepase los cauces constitucionales.

Asimismo, señalaron que, dada la reanudación de la negociación para renovar el Consejo, que lleva en funciones desde diciembre de 2018, consideran que en este momento «no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa» sobre la proposición presentada por PSOE y Unidas Podemos ni sobre la de ningún otro grupo parlamentario.

Cuatro de los vocales que votaron en blanco presentaron un texto alternativo en el que incidieron en que el Pleno debería de haberse inmiscuido en la valoración de la propuesta del Gobierno, toda vez que los acontecimientos «ya se han producido y la proposición de ley sigue su normal tramitación».