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La nueva cesión que Junts ha arrancado al Gobierno para apoyar el decreto que recoge la subida de las pensiones y la prórroga de algunas de las medidas del escudo social a cambio de que Moncloa acepte debatir la proposición no de ley (PNL) sobre ... la cuestión de confianza ha pasado factura los partidos del bloque de investidura. La influencia que ejercen los de Carles Puigdemont sobre Pedro Sánchez ya despierta recelos sobre el papel secundario que juegan el resto de aliados, lo que incluso ha empezado a generar rencillas entre ellos. Una situación que ha llevado a Podemos a advertir al resto de aliados del Gobierno de que deberían «repensar su papel» en la legislatura para tratar de reducir el influjo de Waterloo para «marcar el paso» al Ejecutivo.
Los morados, en contra de lo que interpretan como posición resignada del resto de los grupos afines al Gobierno, se afanan en reiterar que sus cuatro votos son «igual de válidos» que los de los siete diputados con los que cuenta Junts en el Congreso. Por ello, reivindican que las medidas que negoció con los socialistas, como el mantenimiento de las ayudas al transporte, sí saldrán adelante pese a la decisión del Gobierno de trocear el decreto –algo que Sánchez negó que haría–.
En esa línea, mientras otros ven una obligada «inclinación» del PSOE hacia la derecha por influencia directa de Carles Puigdemont, fuentes del partido que lidera Ione Belarra consideran que hacer concesiones a los postconvergentes «no tiene razón» ni otorga resultados a largo plazo. «Junts termina por aceptar las medidas propuestas por el Gobierno, independientemente de su posición inicial», señalan para rebatir que los junteros tengan la llave de la legislatura.
Por ello, Podemos afea a Sumar, EH Bildu o ERC, que «no hagan valer sus votos para abordar las transformaciones sociales, feministas y económicas que nuestro país está esperando». De no ser así, advierten, «será indiferente que haya Presupuestos o no, que haya cuestión de confianza o no, porque la derecha y la extrema derecha tendrán una alfombra roja por la que entrar en Moncloa».
La sequía legislativa que afecta al Congreso debido a la imposibilidad del Gobierno de aglutinar mayorías ha enturbiado la relación que mantenía el bloque de partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. El PNV, por ejemplo, se ha enfrentado abiertamente con ERC EH Bildu y Podemos a cuenta del debate sobre el mantenimiento del gravamen a las empresas energéticas –que decayó hace dos semanas en la Cámara baja–.
Los morados también han tenido encontronazos, a su vez, con republicanos y abertzales. Si la pasada legislatura Pablo Iglesias y, posteriormente, Ione Belarra, tejían redes de colaboración con ambas formaciones para presionar, desde fuera, al Gobierno del que Unidas Podemos formaba, a su vez, parte, ahora se miran con recelo y desconfianza. «Se han convertido en un elemento de inestabilidad para la legislatura», creen en EH Bildu y ERC, especialmente tras el bronco pleno del 19 de diciembre, cuando se enzarzaron con los morados, a los que afearon «hacer sangre» de un «error involuntario» de los soberanistas en la enmienda de los desahucios. «Algunos parecen encantados de haberse conocido», les espetó entonces la diputada republicana Pilar Valluguera.
Podemos, que hace oídos sordos a las voces que piden en Izquierda Unida una reunificación del espacio político, cree que la cuestión de confianza es «una bomba de humo» con la que Junts «está luchando para tener protagonismo y dominar el discurso». Su portavoz, Pablo Fernández, considera que el acuerdo entre los de Puigdemont con el PSOE «es un brindis al sol, una mera lucha por el relato político» y que la PNL «no se va a llegar ni a tramitar», auguró en la Ser.
Los morados, además, mantienen vivas sus exigencias al PSOE para negociar los Presupuestos. Estas pasan por recuperar el gravamen a las energéticas que tumbó el Congreso, bajar el precio del alquiler o romper relaciones con Israel.
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