El plan del Gobierno para gestionar el superávit pone en peligro la reactivación de los concejos

El dinero restante hasta los 15.000 millones acumulados en los bancos por los municipios españoles se devolvería en un plazo de diez años. Este principio de pacto sellado por el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, con el ministerio que dirige María Jesús Montero ha caído como una jarro de agua fría entre los municipios asturianos, que tienen 500 millones retenidos para poder cumplir la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria. Al menos, entre los gobernados por el PP e IU, que rechazaron ayer el preacuerdo por considerarlo «un chantaje».

Ante esta situación, la portavoz popular en la Junta General, Teresa Mallada, retó al presidente del Principado, Adrián Barbón, a que «haga un gran pacto con los ayuntamientos para que puedan gastar de una vez sus remanentes». El concejal de Economía de Oviedo, Javier Cuesta, destacó que el documento limita el destino de ese montante a «políticas que no son competencia municipales, como la Agenda de Sostenibilidad, la dependencia y la vivienda». Por ello, Mallada y Cuesta -que estuvieron acompañados en su comparencia por las alcaldesas de Villayón, Estefanía González, y Caravia, Salomé Sanmartino- señalaron que el PP pedirá la dimisión del presidente de la FEMP si no se opone a la «incautación» del remanente. Precisamente, se aplazó la reunión de la junta de gobierno de la FEMP, prevista para ayer, para seguir estudiando la propuesta. Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, rechazó el plan y recordó que esos fondos «provienen de los impuestos de los ovetenses y no pueden ir a parar, bajo ningún concepto, a las arcas estatales». «No disponer de ellos supondría el hundimiento de muchos municipios», recalcó.

También se manifestó crítico con el plan el alcalde de Illas y secretario de Política Municipal de IU Asturias, Alberto Tirador. «Plantear algo así es inadmisible, porque se pretende controlar desde el Estado a las administraciones locales en algo que parece un chantaje, más porque liberan recursos que no son fruto de la gestión del Estado sino de la buena gestión de los propios ayuntamientos», aseveró.

Para la portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, «el planteamiento es inaceptable». Ademas, criticó que el ministerio no haya consensuado este plan con el resto de fuerzas políticas: «El modo de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez es arrogante e irrespetuoso con el principio de autonomía local». Mientras que el secretario de Organización de Podemos, Rogelio Crespo, puso el acento en la importancia de «asegurar que la cuantía de los superávits locales se emplea para políticas sociales y no en hormigón».

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, consideró la propuesta «injusta para los ayuntamientos, que deben poder utilizar su superávit para luchar contra esta crisis». Sara Álvarez-Rouco, diputada de Vox, también instó a Barbón a rechazar un que plan que «permite que los municipios atiendan alguna de sus necesidades a cambio de llevarse el Estado la mayor parte». La Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Consejería de Hacienda y los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Siero prefirieron esperar a conocer oficialmente el plan para pronunciarse.