El PP pide una auditoría para la gestión del ERA y del Salario Social

La parlamentaria del PP ha incidido en que, en estos primeros seis meses, el Gobierno socialista solo «analiza y valora» pero todavía no ha tomado medidas para mejorar la gestión. En este sentido, considera que «ha suspendido» y «engaña a los asturianos». En rueda de prensa, Fernández Hurlé ha reclamado una gestión «transparente, eficaz y eficiente» de los servicios sociales de la comunidad que pongan a las personas en el «epicentro» de la política.

La diputada 'popular' sostiene que el Principado no se puede limitar a «regalar» el Salario Social sino que debe «incentivar el empleo». Por ello, reprocha que el Gobierno de Barbón «se limite a pagar» en lugar de impulsar medidas de incorporación laboral de los perceptores. Además, considera que el Servicio de Empleo (Sepepa) «algo tendrá que decir». También critica la diputada del PP la incongruencia que supone, a su juicio, que el Principado pretenda reducir el coste cuando se mantiene el número de perceptores e incluso hay lista de espera.

En cuanto al ERA, para el PP existe «una contradicción en sí misma» al comprometerse el Principado a disminuir la lista de espera «desde lo público» cuando no hay presupuestados nuevos equipamientos residenciales que, remarca, son demandados por los ayuntamientos en acuerdos plenarios por «unanimidad». Asimismo, Reyes Fernández Hurlé demanda al Gobierno que explique cómo es posible que haya «101 camas vacías» mientras crece la lista de espera de Dependencia.

Para el PP, la gestión del Ejecutivo socialista está siendo «nefasta» en políticas sociales, añadiendo también el conflicto laboral de los trabajadores del ERA y el incumplimiento de plazas reservadas para personas con discapacidad en convocatorias de empleo público. Así, Fernández Hurlé urge al Gobierno a cumplir con la reserva del 7 por ciento de plazas de empleo público e incluso propone ampliarla al 10 por ciento. Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular insta al Principado a presentar en la Cámara autonómica una nueva Ley de Servicios Sociales que permita actualizar la actual norma, que data de 2007.