Horas después de que el Partido Popular anunciara sus medidas de vivienda, entre las que destacan las rebajas fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y proteger a los propietarios, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes las propuestas del Gobierno ... en el acto de clausura del foro 'Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar', celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid.
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Estas son, una a una, las medidas avanzadas para enfrentarse al desafío de «no convertirse en una sociedad dividida entre los propietarios ricos y los inquilinos pobres», en palabras del líder Ejecutivo y que están suponiendo un obstáculo para la emancipación de los jóvenes e incluso para la natalidad. Sánchez las ha resumido en tres objetivos: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas.
Nueva vivienda
- Transferencias de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La Adminstración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. A esta empresa pública se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.
-Esta nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidade autónomas.
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-Blindaje de la vivienda pública. Se establece un mecanismo legal para garantizar que toda vivienda construida por el Estado mantenga de manera indefinida la titularidad pública.
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-Lanzamiento de un PERTE de vivienda para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, para que podamos construir casas en menos tiempo y con menos costes. Se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.
Vivienda ya existente
- Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos. La Administración General del Estado pondrá el dinero para que los inquilinos puedan alquilar y los dueños lo puedan hacer con garantías. Se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
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-Nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías para dedicarlas al alquiler a precio asequible. Programa de ayudas para las personas que reformen un piso y las pongan a disposición de este programa de alquiler asequible durante al menos 5 años.
-Propuesta en el Congreso de los Diputados para la aprobación de uan nueva exención fiscal del 100% del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios que alquilen su vivienda de acuerdo al Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
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- Impulsar una reforma fiscal en el Congreso de los Diputados para que los pisos turísticos tributen como un negocio incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística «proteger a la ciudadanía y encontrar un equilibrio entre el turismo y la vivienda».
- Cambio de régimen fiscal de las SOCIMIS para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
- Limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes incrementando la carga fiscal en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes. Según Sánchez, «solo en 2023 los no residentes de fuera de la UE compraron 27.000 casas y pisos. No para vivir en ellas, lo hicieron principalmente para especular. Para ganar dinero con ellas. Algo que en el contexto de escasez que vivimos no podemos permitirnos»
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- Endurecimiento de la regulación. Creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos puedan perseguir el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
-Nuevo Plan Estatal de Vivienda que se presentará próximamente para su entrada en vigor en 2026. Estará centrado en los jóvenes, mayores, personas con discapacidad y que residen en zonas degradadas.
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