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El debate sobre el modelo de financiación autonómica aspira a ser uno de los asuntos centrales del panorama político en 2025. Después de que la última conferencia de presidentes celebrada a mediados de diciembre en Santander finalizara sin avances concretos, más allá de la promesa ... del Gobierno de convocar este enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar la quita de la deuda pública, los barones del PP y el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, reactivaron en sus tradicionales discursos de año nuevo sus reivindicaciones por un nuevo sistema con el punto en común de que este no privilegie a Cataluña.
Es el caso de Page que, sin nombrar directamente la cuestión, se refirió a la «unidad y la igualdad» como «los dos elementos cruciales de la Constitución que vamos a empezar a celebrar a pleno pulmón». El barón socialista, muy crítico con el pacto alcanzado por Salvador Illa y ERC para reconocer la singularidad catalana en este aspecto, criticó que «los que más están atacando la igualdad, los que más la niegan, son los que quieren privilegios, sean personas o sean territorios. En realidad, lo que quieren es acabar con la unidad».
Los barones del PPvolvieron a hacer frente común por la cuestión, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que eligió el hospital Isabel Zendal, el centro sanitario que levantó durante la pandemia, como fondo. La líder madrileña, que niega las acusaciones de Illa de 'dumping' fiscal, vendió a su región como «la primera en cumplir la ley, en pedir que se cumpla en España y por el mundo». «Se nos exige mucho a Madrid. Todos los ojos nos miran: los de quienes nos admiran y también los de quienes menos la quieren», remarcó.
Muy crítico se mostró el dirigente aragonés, JorgeAzcón, que acusó directamente al Gobierno de «privilegiar el independentismo catalán con acuerdos injustos e inconstitucionales». «Aragón no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a aceptar ser menos, ni recibir menos de lo que merece», advirtió, antes de añadir que «durante 2025 seguiremos alzando la voz contra la financiación privilegiada de Cataluña, ante el Gobierno de España y en cualquier foro y lugar donde sea necesario». «Frente a los que alientan privilegios, defenderemos los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad que consagran nuestra Constitución», señaló en su alocución su compañero de partido, el jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
En un mensaje algo más conciliador, el presidente andaluz, Juanma Moreno, repasó los reclamos que su comunidad tiene con el Gobierno central y mencionó las infraestructuras pendientes de ejecutar en este territorio. Citó entre ellos los corredores ferroviarios Mediterráneo y Central, para los que pidió un impulso definitivo para «reforzar la posición de Andalucía».
En una intervención marcada por el tono político de reivindicación de «consenso» frente al «laberinto del oportunismo político», la presidenta extremeña, María Guardiola, señaló que «ahora toca dar un salto más». La dirigente del PP reconoció que «es muy difícil hacerlo sin consensos» y abogó por concentrarse en la gestión: «planificar, organizar y seguir poniendo en marcha reformas y medidas valientes».
Al igual que Extremadura, Baleares fue una de las cinco comunidades en las que Vox rompió sus pactos de Gobierno con el PP el pasado julio por no estar de acuerdo con el reparto de menores no acompañados. A esto se refirió la presidenta del Govern, Marga Prohens, que lamentó la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos tras la ruptura con los de Santiago Abascal.
El presidente canario,Fernando Clavijo, cuya región está sometida a una presión migratoria récord, afirmó que Canarias es víctima de la «mala política» que «ni suma, ni resuelve», y en el caso concreto de inmigración, «la respuesta sigue sin llegar mientras los canarios atienden con solidaridad y respeto» a quienes han llegado a las islas.
En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no pasó por alto otro de los problemas que más preocupan a la ciudadanía, la vivienda, mientras que el lehendakari, Imanol Pradales, que debutaba este fin de año en este carrusel de mensajes, pidió más autogobierno que permita al País Vasco «mayores capacidades políticas».
La intervención del jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, estuvo bajo el foco por la gestión de la DANA, solo dos días después de que unas 80.000 personas se concentraran contra su gestión de la catástrofe. El líder autonómico, que fió su continuidad a llevar a buen término la reconstrucción, aludió a la necesidad de acometer «cambios» y subrayó que no escatimará en «esfuerzos».
El líder popular, cuya comunidad es un de las más infrafinanciadas del país, se dirigió al Gobierno afirmando que no consentirá «más remiendos». «Reclamaremos una financiación justa con la misma firmeza», zanjó.
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