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ÓSCAR PANDIELLO
GIJÓN.
Miércoles, 27 de noviembre 2019, 03:41
Diez meses después de que el ahora portavoz adjunto del PP en la Junta General, Pablo González, recibiese una carta anónima en su despacho del Ayuntamiento de Gijón amenazándole con sacar a la luz un supuesto comportamiento delictivo derivado de su actividad ... empresarial, los hechos llegaron ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón para ser esclarecidos ante la jueza. Luis Venta Cueli, ex secretario general del PP en la región, se personó como acusado para dar explicaciones sobre el envío de dicha misiva, que le costó sus cargos orgánicos dentro del partido tanto a nivel autonómico como nacional.
Los hechos, que se encuadran dentro de la tensión interna que marcó los primeros meses del año entre Teresa Mallada y Mercedes Fernández, fueron calificados por González como la táctica de «un compañero de partido para lanzar injurias con la clara intención» de amedrentarle en un momento decisivo en la configuración del partido, con las elecciones generales de abril y las autonómicas de mayo en el horizonte. «Mi principal sospecha, al principio, fue que me la había mandado alguien enajenado», reconoció el diputado ante la jueza, añadiendo que este tipo de anónimos son habituales cuando se ostenta un cargo público.
Durante su declaración, González afirmó que, tras un primer vistazo a la carta, esta le resultó «atípica», por lo que decidió comentarlo con su círculo más cercano antes de ponerlo en conocimiento de la Policía apenas 48 horas después. En todo momento negó que dentro del sobre hubiese una nota por parte de Luis Venta, tal y como reconoce este último, que sirviese como aviso del reenvio procedente de la Junta General. «Con total seguridad no había nota que me aclarase que venía remitida de allí», afirmó.
Venta, por su parte, explicó que «desde el primer día» reconoció haber remitido la carta hacia la oficina popular en el Ayuntamiento de Gijón, negando, eso sí, ser el autor de la misma. «Me llamó la atención cómo estaba escrita, el contenido. Solo la remití y, como siempre, me identifiqué con una tarjeta que ponía algo así como 'te adjunto un anónimo llegado a la Junta General'», explicó ante la magistrada.
Sobre su llegada a la oficina de Correos ovetense desde la que remitió la carta, Venta se defiende afirmando que no se vistió con «ningún pasamontañas» para ocultar su identidad. Una vez enviado, la siguiente noticia que tuvo fue, semanas después, desde Génova 13. Al otro lado de la línea estaba el entonces vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto. «'Hay una denuncia contra ti. O abandonas tus cargos o te suspendemos y le vamos a dar toda la publicidad del mundo', me dijo. Tres horas después ya era público», explicó Venta en sede judicial.
Su abogado, Javier Díaz Dapena, defendió en su alegato final que la petición de la defensa de una multa de tres meses a razón de seis euros al día por un delito leve de amenazas no tiene cabida ya que «no se puede afirmar que la autoría y la remisión» de la misiva corresponda a la misma persona, que el contenido de la misma «no es nada formalmente injurioso» y, finalmente, que la «dinámica de facciones» que en ese momento reinaba en el partido tuvo relación directa con los hechos. «González tiene motivaciones secundarias. Mientras esto no se juzgaba el señor Venta está suspendido. Este hombre ha sufrido un calvario», aseveró.
También criticó el letrado las intenciones que a su juicio habría tenido González para retrasar la celebración del juicio, un hecho que «embarra el terreno de juego» y beneficia políticamente, concluyó, al denunciante.
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