La oficialidad del asturiano vuelve a enfrentar a los partidos en la Junta General

El PP quiso ayer echar el resto en su campaña contra la oficialidad y defendió con especial vehemencia su postura, llegando a afirmar que la gente «huye» cuando se le impone un idioma que no conoce. Mercedes Fernández lamentó el «cambio del PSOE» en relación a esta cuestión y presionó al partido para que «rectifique» sobre sus intenciones de avanzar hacia la cooficialidad, aprobadas en el congreso del pasado mes de septiembre. Cree la líder popular que la formación que ahora encabeza Adrián Barbón es consciente «de que se equivocó», aunque «por cabezonería» no lo reconozca y no dé marcha atrás. Considera que no existe una «cooficialidad amable», como plantea la FSA, y advirtió de las consecuencias sociales y económicas que, en opinión de su partido, supondría su aprobación. Fernández sostiene que la cooficialidad traerá imposiciones en la Administración y en la universidad donde, vaticinó, podría disminuir el número de matrículas. «Asturies necesita muches coses, pero lo que no necesita ye un servicio de traductores y de intérpretes», llegó a sentenciar en asturiano amestao, muy crítica con quienes, dijo, tratan de imponer un asturiano «artificial, no natural, con unas palabras que muy pocos usan» y que supondrá «flaco favor» a la región.

Poco o nada tardaron Podemos e IU en contestar al encendido discurso de la presidenta del PP. Ambos grupos coincidieron en reprochar a la diputada que el PP defienda en Asturias unos planteamientos muy diferentes a los que mantiene en Galicia. Emilio León, portavoz de Podemos, reiteró que su partido «va a seguir defendiendo a los asturfalantes» para que estos puedan hablar con los mismos derechos que quienes lo hacen en castellano, y lamentó que el PP haya decidido «hacer campaña contra los intereses de los asturianos para no tener que hablar de corrupción». Gaspar Llamazares, de IU, recriminó que se trate de «contaminar» el debate sobre el asturiano con referencias al desafío soberanista catalán. Una cuestión con la que coincidió Cristina Coto, de Foro, que reprochó que se use esta cuestión como «arma política» e incidió en que la actual normativa de uso y promoción es «suficiente». Igual que Nicanor García, de Ciudadanos, quien apuntó además el alto coste que supondría para las arcas autonómicas.

En el medio de la polémica está el PSOE, cuya división interna le impide aclarar su postura en relación al dictamen. «Se sabrá en los próximos días», contestó el diputado Marcelino Marcos Líndez, quien previamente aseguró que su posición sobre la oficialidad es «evidente» porque deriva, dijo, del programa electoral socialista con el que Javier Fernández se presentó a las últimas elecciones hace tres años -que no contempla la oficialidad- y de las últimas «resoluciones congresuales» del partido en las que, por contra, se acordó avanzar hacia ella.