El fiscal Navajas asumirá las causas del 'procés' hasta que el Gobierno decida el relevo de Maza

Mariano Rajoy tendrá que buscar su cuarto fiscal general. Empezó su mandato con Eduardo Torres-Dulce, con el que surgieron serias fricciones por su actuación, «laxa» a juicio de miembros del Gobierno, contra los soberanistas catalanes tras el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Fue sustituido por Consuelo Madrigal, de efímera gestión porque no fue ratificada en el cargo en esta legislatura debido, según fuentes de la carrera, a las diferencias con el Ejecutivo sobre algunos nombramientos. Rajoy escogió a Maza, entre otras razones, porque era ajeno al mundo fiscal, siempre ejerció en la judicatura, y no tenía ataduras en la carrera. Pero sobre todo por su talante conservador y su beligerancia con el desafío secesionista.

El fallecido fiscal se jactaba, porque va en el manual del cargo, de no seguir los dictados gubernamentales, pero sabía muy bien qué se esperaba de él. El Gobierno quería orden en la carrera fiscal, sobre todo en Anticorrupción, y una respuesta firme a los pasos que dieran la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Rajoy escudriña ahora qué togado se ajusta a ese perfil. De entrada, las funciones de Maza serán asumidas por Luis Navajas, número dos del Ministerio Público y teniente fiscal del Tribunal Supremo.

La relación entre ambos era «profesionalmente correcta» y trabajaron juntos las contundentes querellas ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y sus 13 consejeros, y ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa. Los textos fueron firmados por Maza, algo inusual pero que pretendía remarcar el compromiso del más alto representante de la Fiscalía en las causas penales con más voltaje político de las últimas décadas.

Navajas es el responsable de llevar a buen puerto la querella en el Supremo, en la que ha tenido que ver cómo su petición de prisión para Forcadell y tres miembros de la Mesa fue desestimada por el juez Pablo Llarena, que rebajó las cautelares al pago de fianzas. El teniente fiscal tendrá bajo su responsabilidad toda la acusación pública en la causa si, como se prevé, el Supremo hace suya también la de la Audiencia Nacional que instruye Carmen Lamela.

El Gobierno de Rajoy no tiene decidido el relevo y en la Moncloa solo confirman que Navajas asumirá las funciones del fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno tomará una decisión después de oír el parecer del Consejo General del Poder Judicial y tras recibir el testimonial dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso que 'examina' al candidato del Gobierno. Un proceso que puede durar de tres semanas a un mes, un periodo clave para la suerte de las causas abiertas a Puigdemont, Forcadell y demás protagonistas de la declaración de independencia porque habrá que resolver recursos y adoptar resoluciones. Ya lo dijo ayer el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, Maza desaparecer en un momento «de especial dificultad».

El fiscal general siempre estuvo en sintonía con las posiciones del Gobierno de Rajoy frente al proceso secesionista y no tuvo empacho en decirlo. «Bastante paciencia ha tenido el Estado», se quejó para justificar las querellas. Incluso se atrevió a decir en una entrevista que los impulsores del proceso serían «detenidos», una medida que debe ser ordenada por un juez. Una locuacidad que no gustaba en la Moncloa, donde también sorprendió la petición de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros asumida por la juez. El Gobierno hubiera preferido una cautelar menos rigurosa para restar argumentos victimistas de los secesionistas.

Rajoy quiere que el futuro fiscal general siga la estela de su predecesor en Cataluña, pero también pretende recuperar el prestigio de independencia que ha perdido la institución con algunos nombramientos de Maza, y que mantienen a la carrera en estado de ebullición.