Las caras del nuevo Gobierno de Sánchez

Fue una de las imágenes de la primera jornada del debate de investidura: Pablo Iglesias (Madrid, 1978) poniéndose de pie y pidiéndole a su bancada moderación, serenidad, cabeza fría. Con su habitual ceño fruncido de redentor resignado y aquel gesto universal de calma, Iglesias evitaba la reacción de los suyos ante el tumulto que la intervención de la portavoz de Bildu provocaba entre los diputados del PP, Vox y Ciudadanos. El Congreso era una pelea de bar. Iglesias pedía calma. El líder de Podemos tuiteó: «Todos los diputados tienen derecho a tomar la palabra sin que les llamen asesinos o terroristas…».

Vayamos diez años atrás en busca de otra imagen. Universidad Complutense, octubre de 2010. Un Iglesias más joven y afilado lidera a un grupo de estudiantes que boicotea una charla de Rosa Díez. «Fuera fascistas de la universidad», corean ante la mirada satisfecha, muy seria, táctica, del joven profesor de la coleta. Se diría que ambos episodios están unidos por una evidencia contradictoria: Pablo Iglesias ha pasado de impedir las intervenciones del rival en la universidad a pedir calma en el Congreso para que todo el mundo ejerza «su derecho a tomar la palabra». En realidad, los dos episodios están unidos por una evidencia a secas. Iglesias hace en ambos casos lo mismo: ostentar el poder y utilizarlo para indicarles a sus subordinados cómo actuar del modo más favorable a sus intereses.

Ahí tienen uno de los principales rasgos del vicepresidente del nuevo Gobierno: puede ponerse épico o sentimental, pero es un animal político pragmático. Incluso cuando se contradice es fiel a sí mismo. Porque siempre ha tenido claro que la política real es la lucha por el poder, que el juego consiste en hacerse con él, y que el poder, cuando se tiene, se ejerce.

Discípulo de Lenin y Gramsci, también de Tyrion Lannister, Iglesias nunca ha disimulado su fascinación por la autoridad, la fuerza, el desafío, la acción y otras características atribuibles al macho alfa. Propulsado por una campaña mediática sin precedentes en nuestro país, muy pronto se mostró partidario de cualquier clase de caudillismo que, eso sí, estuviese a su cargo. Podemos es la historia de un sueño asambleario puesto en riesgo por el personalismo de su líder. También la historia de un milagro transformado en fratricidio: todos esos amigos de la universidad consiguiendo lo imposible en las europeas de 2014, alcanzando las alcaldías de Madrid y Barcelona en las municipales de 2015 y comenzando después a acuchillarse en público y en privado como un partido más. Esa batalla, quizá la más dura, Pablo Iglesias también la ganó. Ni siquiera Curro Vázquez ha estoqueado más seres vivos que él en Vistalegre.

Además de una inteligencia evidente, de un uso de la demagogia aplastante y de una capacidad discursiva superior a la media política del país, Iglesias ha demostrado estos años una resistencia extraordinaria. Sometido a una exposición salvaje, ha sobrevivido a ataques, infundios, polémicas, desvaríos, crisis y errores, siendo con frecuencia víctima de sus propias trampas. Un ejemplo: después de aburrir al país con lo de Vallecas y el «orgullo de barrio», cuesta más explicar la compra del chalé con piscina en la sierra.

El precio que ha pagado es alto y se le nota en el físico. También en el estilo. Hoy Pablo Iglesias explica que, antes que la política, están sus hijos. Hay en él, a ratos, algo de triunfador exhausto. Pero la pasión política manda. Si la mezcla de ambición, talento, megalomanía y exposición debió ocasionar una combustión rápida, lo que ha generado es un vicepresidente. El modo en que aquel joven profesor de la Complutense ha llegado al Gobierno de España es asombroso. Solo Soraya Sáenz de Santamaría alcanzó más joven la vicepresidencia, pero lo hizo desde el círculo de confianza de Rajoy. Pablo Iglesias llega al Gobierno liderando un partido que fundó él mismo hace seis años. Que el presidente de ese Gobierno sea Pedro Sánchez, quizá el único político español que puede comparársele en términos de ambición, resistencia, amor por el poder y egolatría, garantiza una legislatura imprevisible, pero un espectáculo shakesperiano de primer nivel.

Carmen Calvo (Córdoba, 1957) mantiene en este nuevo mandato su estatus de número dos del Gobierno como vicepresidenta primera con un marcado perfil político. Estrecha colaboradora de Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo vuelve a confiar en ella las funciones del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y, en consecuencia, la coordinación de los asuntos que llegan cada viernes al Consejo de Ministros. Con el valor diferencial de que esta vez ese cometido lo desempeñará en un Ejecutivo de coalición en el que se integra Unidas Podemos.

Su área de influencia experimenta, en todo caso, transformaciones. La igualdad, una de las banderas que el PSOE y ella misma, feminista convencida, han enarbolado, pasa ahora a ser competencia de Irene Montero, titular de esta cartera. La número dos del Ejecutivo asume, sin embargo, de manera oficial la gestión de todos los asuntos relacionados con la memoria histórica, la otra seña de identidad del partido y que hasta ahora dependía del departamento de Justicia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto un especial énfasis durante su estancia en la Moncloa en avanzar en este terreno. Y Calvo fue ya la principal responsable del proceso para exhumar en octubre los restos de Francisco Franco. Ahora, el acuerdo para el Gobierno de coalición incluye nuevas actuaciones, que van más allá de declarar el 31 de octubre día de las víctimas de la dictadura y el 8 de mayo, de las que tuvieron que exiliarse. El programa fija, entre otros, el compromiso de impulsar una auditoría «de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares» y de recuperar de manera «inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público».

La continuidad de Calvo era una de esas certezas que se daban por descontadas. Su experiencia en el Consejo de Ministros se remonta a 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero confió en ella para hacerse cargo del departamento de Cultura, un área de la que se había ocupado antes en la Junta de Andalucía. Pero fue su apuesta decidida por Sánchez como caballo ganador en las primarias del PSOE lo que le ha llevado de vuelta al poder.

Tras el final de sus responsabilidades políticas durante los mandatos de Zapatero, Calvo retornó a su actividad docente en la Universidad de Córdoba, donde es profesora titular de Derecho Constitucional. Su formación jurídica le sirvió, más tarde, integrada en el equipo de Sánchez, aún en la oposición, para encargarse de las negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la aplicación del 155 en Cataluña.

Tras la moción de censura que aupó al PSOE a la Moncloa, también se encargó de las conversaciones con la Generalitat. Aquellos contactos derivaron en la reunión del 21 de diciembre con Quim Torra tras la que se conoció la Declaración de Pedralbes. La figura del relator revolucionó entonces el panorama político, pero el rechazo de las fuerzas independentistas a los Presupuestos acabó poniendo fin a la legislatura.

Cataluña es ahora uno de los retos más complejos que tendrá que afrontar el Gobierno y habrá que esperar para conocer hasta dónde llegará el papel de Calvo.

Que la antigua directora general de Presupuestos de la Comisión Europea se mantenga en el cargo de ministra de Economía, y se ocupe de una de las cuatro vicepresidencias, en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez supone un respiro para las esferas bruselenses. Nadia Calviño (Coruña, 1968) será el 'yang', el contrapeso, en el complejo engranaje frente a las posiciones más radicales que puedan aparecer cada viernes en el seno del Consejo de Ministros por parte de los titulares de Unidas Podemos. A las competencias de Economía unirá Transformación Digital y, sobre todo, la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el cónclave interministerial que coordina toda la acción económica.

A pesar de su repentino aterrizaje en España tras la moción de censura de mediados de 2018, Calviño siempre ha mantenido la vista puesta en la capital de la Unión Europea, donde sabe moverse como pez en el agua tras sus cuatro años de experiencia en el área presupuestaria. Una vez repartidos los cargos en la nueva comisión de Ursula Von der Leyen, Calviño sabía que, si había investidura, seguiría al frente del área económica del Ejecutivo, donde tendrá que aprender a mantener el equilibrio entre el gasto derivado de las propuestas sociales pactadas con Pablo Iglesias; y una disciplina fiscal que la UE ya puede ejercer técnicamente con el respaldo de la propia Constitución, como así lo permite la Carta Magna desde el pasado 1 de enero.

Durante los 18 meses de la última legislatura, la ministra de Economía siempre ha calmado las propuestas más llamativas que pudieran salirse del carril comunitario. A la promesa de derogar la reforma laboral de 2013, la ministra matizaba que esa medida por sí misma «no resuelve los problemas que tiene nuestro mercado», y ha instado a «empezar a pensar de cara al futuro». «No hay que volver a mirar atrás», ha indicado en algunos momentos de los últimos meses, para disgusto de Unidas Podemos.

Tampoco ha gustado en la formación de Iglesias la defensa de la disciplina presupuestaria que ha mantenido Calviño. Enraizada en las exigencias de Bruselas, la ministra ha insistido constantemente en que es posible «articular una política fiscal disciplinada con una social lo más ambiciosa posible para reducir las desigualdades».

Pero Sánchez sabe que la economista gallega servirá como muro de contención ante las desavenencias económicas que puedan surgir en el día a día del Gobierno de coalición. Calviño sabe cómo templar los ánimos de una Unión Europea que no quiere que España vuelva a convertirse en un problema para la estabilidad de la zona euro, como ocurrió en 2012. Y en Bruselas son conscientes de que su mejor 'representante' en La Moncloa limitará cualquier actuación que rompa con sus postulados presupuestarios.

El primer reto al que se enfrenta, junto a Hacienda, será la re-elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. A favor, que solo se trata de actualizar unas cuentas públicas pactadas y cerradas con Podemos hace apenas 12 meses. En contra, que incluir nuevas promesas electorales supondrán un ajuste del proyecto.

Calviño deberá hacer frente a un nuevo ciclo con crecimiento económico que, si bien no es tan fuerte como el de los últimos años, se mantiene en el entorno del 2%. A pesar de los riesgos globales (guerra arancelaria, tensión petrolífera), el BCE seguirá con su política de tipos bajos. Y ese es el principal motor que ha impulsado a una España casi sin reformas de calado en los últimos años. Evitar que el rumbo se deteriore y comience a afectar al desempleo será el reto de la titular económica para un gobierno que buscará la equidistancia económica, presupuestaria y social en su seno.

La del cambio climático y la transición energética ha sido una de las batallas que más fervor ha causado en los 18 meses del anterior Gobierno de Pedro Sánchez. La cuestión 'verde' se ha convertido uno de sus caballos de batalla en los dos procesos electorales que España ha vivido en 2019 aprovechando el negacionismo de otros partidos como Vox. El presidente no solo no quiere perder esa carrera sino liderarla con una de sus más fieles aliadas políticas: Teresa Ribera (Madrid, 1969). La hasta ahora ministra para la Transición Ecológica ya apuntaba maneras; no iba a quedarse con un simple departamento en el Ejecutivo de coalición: asume ahora competencias en Reto Demográfico para dotarle de más poder en un Consejo de Ministros tan heterogéneo como liderado por segundas espadas socialistas como Ribera. De hecho, el cambio en la denominación de su Ministerio fue toda una señal en 2018 al unir las competencias de Medio Ambiente -antes escondido en Agricultura- y Energía -siempre dependiente de Industria-.

El protagonismo de esta jurista y profesora le ha jugado más de una mala pasada en sus postulados climáticos, algo que le ha valido reproches por parte de varios sectores. Su polémica frase de 'El diésel tiene los días contados', a las pocas semanas de acceder al cargo, revolucionó al automóvil. Ribera siempre se ha quejado de que esa afirmación no iba contra la industria de los coches de gasóil, clave en el PIB y el empleo en España; y que la caída en sus ventas -apenas llegan a un tercio del total- no se deben a su posición pública sino a una tendencia a la baja que ya venía de lejos por las nuevas exigencias medioambientales o casos como el 'diéselgate'. La ministra y futura vicepresidenta también defendió a capa y espada las medidas de restricción al tráfico aplicadas por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el centro de la ciudad. De hecho, el programa de gobierno anticipa prohibiciones de esa tipología para las ciudades, y otras medidas como la equiparación del precio del gasóleo con la gasolina, amén de otras figuras medioambientales.

Para Ribera, este es un compromiso vital. Lo ejerce desde hace años. No solo cuando fue Secretaria de Estado de Medio Ambiente en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También por su presencia en los grandes foros internacionales. Desde 2001 ha faltado en escasas ocasiones a las cumbres anuales de la ONU sobre el calentamiento global. Intervino en las negociaciones del último Acuerdo de París (2015). Y sobre ella quiso el presidente -entonces en funciones- que recayera el protagonismo de las negociaciones e intervenciones públicas en la Cumbre del Clima COP25 que tuvo lugar en Madrid a principios de diciembre. Otra declaración de intenciones en plena negociación de la investidura, que ahora se ve reflejada en una posición más que determinante en el organigrama de Moncloa.

Esa línea contra el cambio climático también le ha servido para trazar sus decisiones en materia estrictamente energética. Hace ahora un año, Ribera consiguió que el sector eléctrico aplaudiese el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIE), un marco que incluía la Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa hasta 2030. En esos documentos, pendientes de desarrollo, se asienta la apuesta por las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fin del carbón y hasta el progresivo cierre de las centrales nucleares en la próxima década. Cuestiones todas espinosas que ya han sido pactadas a pesar de enfrentarse a uno de los sectores más complejos que siempre han provocado quebraderos de cabeza a sus predecesores.

Precisamente como Nadal o Soria -los dos últimos ministros de Rajoy en lides energéticas-, Ribera también ha sido el centro de la diana en las críticas por los precios de la luz. No hay titular de este ministerio que se libre de las quejas de empresas, y sobre todo ciudadanos. Con el repunte de precios eléctricos en septiembre de 2018, la ministra optó por suspender dos impuestos que elevaban la factura de forma temporal; reformar el bono social para familias vulnerables; y anticipar una reforma del sistema eléctrico que ya ha dado sus pasos de la mano de la Comisión de Competencia. Tendrá que conjugar el activismo ecológico con los efectos que muchas de las medidas que pretende aplicar puedan afectar a muchos sectores de la población, desde los mineros hasta las localidades con centrales eléctricas; desde los agricultores hasta quienes residen en las zonas más rurales y con menos recursos económicos para quienes la lucha contra cambio climático no les puede suponer un coste a sus bolsillos.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, será el nuevo ministro de Sanidad. Illa formó parte del equipo negociador socialista en las conversaciones con ERC para su abstención en la investidura que le dio la presidencia a Pedro Sánchez.

Nacido en La Roca del Vallés en 1966 y casado, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Master en Dirección y Gestión de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra). Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público y en la actividad política. Ha sido alcalde de la Roca del Vallés desde el 1995 hasta el 2005 y Director General de Infraestructuras del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya entre los años 2005 y 2009.

Entre los años 2010 y 2016 desarrolló diversas funciones en el Ayuntamiento de Barcelona (director de gestión económica los años 2010-2011, coordinador del grupo municipal socialista entre los años 2011-2015 y gerente de Empresa, Cultura e Innovación el año 2016. En noviembre del 2016 asumió la secretaría de organización del PSC, en la que ha sido ratificado durante el XIV congreso de este partido del pasado mes de diciembre.

Es profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, donde ha impartido la asignatura de Introducción a la Economía.

José Luis Escrivá, el nuevo ministro de Seguridad Social, se ha ganado a pulso la fama de 'pepito grillo' del Gobierno, persiguiendo por los pasillos a quien trataba de sortear el control del gasto o escamotear con sofisticadas fórmulas de ingeniería contable los corsés impuestos por la disciplina europea. Nacido en Belmonte (Albacete) en 1960, este licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid había desarrollado una tarea gris de técnico en el Banco de España y en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, además de en el servicio de estudios del BBVA, hasta que a finales de 2013 recibió una llamada del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hacerse cargo de una institución nueva. Era la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una especie de oficina de control impuesta por la Troika, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy hubiese pedido el rescate para financiar el salvamento de las cajas de ahorros en España.

Uno puede pensar que cuando es el vigilado quien ficha al vigilante, éste último tiende a ser un tanto displicente en la misión y permisivo con las triquiñuelas que hace ese que, precisamente, le ha colocado en esa posición. En el caso de Escrivá sucedió exactamente todo lo contrario, porque desde el primer momento en que comenzó a ejercer esa tarea de control externo al desempeño económico del Gobierno se reveló como un auténtico 'hombre duro'. Para ser más exactos, Escrivá demostró desde el primer momento que era independiente, con mayúsculas. Un valor difícil de encontrar en la Administración pública. Tanto que en numerosas ocasiones el propio Cristóbal Montoro, su mentor oficial, no pudo disimular en público su malestar por los toques de atención y llamadas al orden que lanzaba Escrivá en público.

José Luis Ábalos (Torrente, 1959) seguirá en el Gobierno de Pedro Sánchez como ministro, si bien la cartera de Fomento cambia de nombre y pasa a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Este dirigente valenciano ha compartido con el líder socialista toda su trayectoria, incluso desde mucho antes de aquel comité federal del 1 de octubre de 2016 que forzó la salida de Sánchez de la secretaría general tras aquella maniobra capitaneada por Susana Díaz y apoyada por los principales barones del partido.

Ábalos ha sido siempre leal a Sánchez. Lo fue durante su primera etapa como líder del partido. También al encabezar desde Valencia el movimiento orgánico que le convenció de la necesidad de iniciar el proceso de recuperación del liderazgo del partido. Y, por último, al participar de forma activa en la campaña que terminó con la victoria en las primarias. Convertido en secretario de Organización -aunque con unas funciones mucho más volcadas en el discurso político que en el trabajo por las federaciones-, el dirigente participó en primera persona estas últimas fechas en las negociaciones con los grupos parlamentarios que terminaron sumándose a la moción de censura a Mariano Rajoy.

El líder del PSOE ya mostró su confianza en Ábalos al situarle como defensor de la moción de censura en el Congreso contra Rajoy. Su nombramiento como titular de Fomento permite, como ocurriera con José Blanco, sumar en una misma persona al máximo responsable orgánico del PSOE con la dirección de un ministerio que dispone de margen inversor suficiente como para poder hacer política. Más si cabe, con un horizonte electoral en cualquier caso a la vista como el actual.

Hijo de un artesano de muñecas al que la Guerra Civil cortó una prometedora carrera en el mundo del toreo, arrancó su carrera política en las Juventudes Comunistas. Ábalos alcanzó el liderazgo del partido en la ciudad de Valencia en 1995 -fue el primer dirigente que se impuso en un proceso de primarias- y en la provincia antes de ser llamado por Sánchez para encargarse de la secretaría de Organización.

Con fondo de armario y densidad política en su discurso, su trayectoria en el socialismo valenciano le ha llevado a pelear hasta en dos ocasiones por la secretaría general del PSPV, aunque en ambos casos sin éxito. Tras la llegada de Pedro Sánchez al poder, Ábalos logró las mayores cotas de protagonismo político tras una dilatada trayectoria en una federación socialista, la valenciana, que hasta recuperar la presidencia de la Generalitat en 2015 había vivido acomodada en la derrota. Sánchez ya le tiene situado como un hombre de su máxima confianza, y que no es mal visto por el 'susanismo'.

Al mando de Defensa repite Margarita Robles. Lidera un departamento que en los próximos años deberá incrementar su presupuesto para aumentar su contribución a la Alianza Atlántica.

Robles nació en León en 1956. Juez de profesión, a lo largo de su carrera ha sido pionera en varios terrenos. Número uno de su promoción, fue la primera mujer que presidió una sala de lo contencioso-administrativo, la primera en presidir una audiencia, la de Barcelona, y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo.

Pese a su brillante futuro en la judicatura, Robles optó por dar el salto a la política en 1993, cuando asumió la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Un año después pasa a Interior de la mano de Juan Alberto Belloch, a quien Felipe González designó para dirigir un superministerio en el que se unieron las carteras de Justicia e Interior. Robles se hizo cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad en sustitución de Rafael Vera, que acabaría condenado por el manejo de los fondos reservados y por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL.

La juez no tuvo una labor sencilla en el Ministerio. Eran los años del fin del felipismo y de la caída en picado de un PSOE acosado por el escándalo de los GAL, a los que Robles ayudó a poner fin, y los casos de corrupción. Así, entre otros asuntos tuvo que lidiar con el 'caso Roldán' o con el 'caso Lasa y Zabala'. Al tener que dividirse Belloch en dos carteras, tanto Robles como su homóloga en Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, se convirtieron en ministras de 'facto'.

Tras el triunfo de José María Aznar en las elecciones del 1996, Robles regresó a la carrera judicial y hasta 2004 ejerció como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional. Ese año pasa al Tribunal Supremo, y entre 2008 y 2013 es miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, que no se había olvidado de su antigua secretaria de Estado.

En el máximo órgano de gobierno de los jueces Robles volvió a demostrar su carácter indómito. Votó a favor de la destitución del presidente de este órgano, Carlos Dívar, después de que trascendiese que había aceptado viajes gratis a Marbella. La nueva ministra de Defensa también se distinguió por su oposición a Baltasar Garzón. Tras abandonar la política en 1994, el juez se convirtió en azote del Gobierno a cuenta de los GAL durante la misma época en que Robles era secretaria de Estado de Seguridad. La magistrada fue una de las más firmes impulsoras de la inhabilitación de su colega y rival por cometer prevaricación durante la instrucción del 'caso Gürtel'. Garzón siempre ha mantenido que Robles se guió por el profundo odio personal que le profesa.

La ministra de Defensa volvió a la política como número dos del PSOE en las elecciones de junio de 2016. Lo hizo para cubrir el hueco que dejó su ahora compañera de gabinete, Meritxell Batet, que pasó a ser número uno por Barcelona en sustitución de Carme Chacón.

Robles vivió en primera persona la caída y regreso de Pedro Sánchez al líderazgo socialista. Mantuvo su apoyo al presidente del Gobierno en todo momento. También en el 'no es no' a la investidura de Mariano Rajoy. La juez, que no es militante del PSOE, fue una de los 15 diputados socialistas que desoyó la orden de la comisión gestora dirigida por Javier Fernández para abstenerse y permitir la formación de un nuevo Gobierno popular.

La magistrada pagó su voto negativo con el ostracismo en el grupo parlamentario. Pero no tiró la toalla, pese a las voces que se lo insinuaron. Y entonces volvió Pedro Sánchez. Una de las primeras decisiones fue, contra pronóstico, nombrar a Robles portavoz parlamentaria. No importó que un puesto tan importante lo ocupase alguien que no es militante de la formación. Tras triunfar la moción de censura, el nombre de la juez apareció en todas las quinielas para ocupar un asiento en el Consejo de Ministros, la única duda sería la cartera que le tocaría en el reparto. Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha decidido recompensar la lealtad de su colaboradora dándole el control de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.

Arancha González Laya (Tolosa, 1969) será la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Pedro Sánchez. Es jurista y actualmente directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, la agencia de desarrollo conjunta con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. Fue asignada en este puesto por el secretario general de Naciones Unidas en agosto de 2013.

La nueva ministra de Asuntos Exteriores pasó su infancia en Beizama y la adolescencia en Tolosa. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra y un Master de Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid. Comenzó su carrera en el sector privado, como asociada de un despacho de abogados.

González Laya -que conoce seis idiomas- es una de las mayores expertas en comercio internacional y desarrollo, lo que apunta la apuesta estratégica del Gobierno de Sánchez por la 'diplomacia económica' al frente de Asuntos Exteriores. Entre 2005 y 2013 fue jefa de gabinete de Pascual Lamyal frente en la Organización Mundial de Comercio. Preside además el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champion) y copreside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversión del World Economic Forum (WEF).

En una entrevista concedida a este periódico el 5 de octubre de 2014, González Laya reflexionó sobre el reparto de la riqueza en el mundo y el aumento de la desigualdad. En enero de 2017, la entonces directora del Centro Internacional de Comercio consideraba que una hipotética independencia de Euskadi y Cataluña «tiene muy difícil encaje en un mundo globalizado donde la clave es la interdependencia».

«La clave es cómo gestionar la interdependencia, y esto tiene que ver poco con las banderas y mucho con el individuo: su formación, la innovación y la tecnología», señalaba la futura ministra de un departamento que se denominará oficialmente Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Junto a González Laya, que es la incorporación sorpresa, también seguirán en el Ejecutivo de Sánchez otros dos vascos: el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Representa al Gobierno de coalición en toda su esencia. María Jesús Montero (Sevilla, 1966) es querida por los suyos pero también por Unidas Podemos, sus socios de Ejecutivo. Después de año y medio de haber llegado a Madrid desde Sevilla para ponerse al frente del ministerio de Hacienda, ahora a Montero se le abre una nueva puerta: ser la portavoz del Gobierno en sustitución de Isabel Celaá.

Su elección como ministra de Hacienda en 2018 tuvo un doble significado. Por un lado supuso un gesto hacia Susana Díaz, ya que Montero era desde hacía cinco años la consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno andaluz y, por otro, era la mano dura contra Cristóbal Montoro, titular de la cartera hasta la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa, con el que siempre fue muy exigente.

De ella se dice que se lleva bien con todos por su talante dialogante y negociador, que ha quedado demostrado durante las conversaciones con Podemos para elaborar conjuntamente los Presupuestos de 2019 -que finalmente no vieron la luz por falta de apoyo parlamentario-, por lo que conoce sus exigencias y sus líneas rojas. Esto la convierte en una nueva portavoz muy afín al partido de Pablo Iglesias, para evitar enfrentamientos entre ambas formaciones.

Ya había ejercido de portavoz del Gobierno durante las campañas electorales de abril y noviembre, cuando acudió como la representante del PSOE a varios debates electorales. En uno de ellos, Irene Montero (Podemos) llegó a decirle a la sevillana que en su formación apostaban por ella en la «batalla» contra Nadia Calviño y Pedro Sánchez. «Sabes, María Jesús, que creo muchas de las cosas que Sánchez defiende tú no las piensas», le dijo en un tono amistoso la número dos de la formación morada a la ministra.

El presidente Sánchez ha alabado en varias ocasiones la capacidad comunicativa de su ministra, que se hizo más conocida para aquellos que no siguen la información de Hacienda cuando en el debate de la totalidad de los Presupuestos en el Congreso (en febrero de 2019) le llegó a decir a Pablo Casado una frase que se recordará por mucho tiempo: «¿Sabes dónde está el milagro económico del PP? En la cárcel», en referencia al exministro de Economía Rodrigo Rato.

Montero es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA. Cuenta con una amplia especialización en gestión sanitaria y gerencia hospitalaria, ámbitos en los que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional. Antes de asumir en 2013 la cartera de Hacienda, fue consejera de Salud (2004-12) y de Salud y Bienestar Social (2012-13). En 2008 comenzó su andadura como parlamentaria autonómica por Sevilla.

Pedro Sánchez al final mantiene a otra de sus favoritas, Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973), en el Ministerio de Industria, precisamente en un momento muy delicado para el sector, que ya nota los síntomas de la desaceleración económica, sobre todo la industria del automóvil, una de las que mayor peso tiene en la economía española y una de de las impulsoras de la recuperación, está en horas bajas. Con fama de trabajadora infatigable y buenas artes para la negociación, nació en Medina del Campo hace 46 años. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, es profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III y miembro del Instituto de Estudios de Género de la misma universidad. Sobresale además su faceta como investigadora y ha trabajado como ayudante de investigación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) entre 1998 y 2003, responsable de Proyectos del Área de Economía en Consultores de Administraciones Públicas (AFI) entre 2005 y 2010, para la Fundación Ideas, entre otros proyectos.

Su salto a la política lo dio en el año 2015, cuando se sumó como independiente en la candidatura de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid, quien le confió la portavocía de Presupuestos. Durante sus tres años como diputado regional, se labró fama de gran negociadora, ya que fue una de las artífices de que los Presupuestos para 2016 del PP salieran adelante con 250 enmiendas con firma socialista, algo que sin duda le será de mucha utilidad en un Parlamento como el actual, más fragmentado que nunca.

En agosto de 2017 dio un paso más en su compromiso con el PSOE y se afilió al partido, algo que la formación le premió un mes después, cuando fue nombrada secretaria de área de Desarrollo Sostenible en el congreso del PSOE-M. En junio de 2018 tomó posesión como ministra de Industria, Comercio y Turismo y prometió «diálogo, escucha y consenso». Durante su etapa al frente de este departamento, ha tenido que capear, además de con la crisis en el sector de la automoción, con la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, lo que podría impactar en el principal motor de la economía española. Feminista reconocida («solo acabando con la cultura del patriarcado se podrá conseguir una igualdad plena», mantiene), está casada y es madre de dos hijos.

Pedro Sánchez ha vuelto a confiar en un hombre acostumbrado a dar un paso al frente para la siempre complicada cartera de Interior. Porque si algo caracteriza a Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) es que no se arredra ante casi nada y que es muy difícil de encuadrar. Azote de ETA, bien considerado por las víctimas del terrorismo, integrado en los primeros años de su carrera en Jueces para la Democracia y con el valor suficiente para narrar en un libro cómo su familia se rompió cuando admitió su homosexualidad, sabe cómo fajarse en situaciones complicadas. Muchas veces a su pesar.

Que el destino le tenía reservado un lugar destacado se confirmó en 1988, cuando ejercía en el juzgado de Santoña. En principio un destino «fácil». Hasta que Rafael Escobedo, yerno de los marqueses de Urquijo, apareció muerto en la cárcel de El Dueso. Marlaska apenas tenía 26 años y le tocó bregar con un caso sobre el que corrieron ríos de tinta.

De la localidad cántabra se trasladó a Bilbao. A su Bilbao. Y otra vez el destino le situó de guardia la noche del 23 de septiembre de 1997 en el juzgado de instrucción número 2. Aquel turno marcó parte de su porvenir. Dos etarras fallecieron en un tiroteo con la Guardia Civil en la calle Amistad de la capital vizcaína. A él le tocó llevar el caso. Herri Batasuna lanzó una campaña en la que acusaba a los agentes de, prácticamente, haber ejecutado a los terroristas. Pero Grande Marlaska archivó la causa. Años después se supo que aquella decisión le situó en la diana de ETA. Su nombre apareció en un listado de objetivos de la banda incautado por las fuerzas de seguridad. Como otros muchos profesionales se vio obligado a abandonar el País Vasco por la presión terrorista. Era 2003.

Aquel salto le alejó de Euskadi, de sus paseos por la capital vizcaína de los que había disfrutado desde la niñez. Pero no le distanció de ETA. Porque fue a partir de ahí cuando la lucha contra el terrorismo se convirtió en una de sus razones de ser. Lo hizo desde el mítico juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que llegó en 2004 para reemplazar de forma temporal a Baltasar Garzón.

Al frente de ese órgano ordenó en 2005 el procesamiento de Arnaldo Otegi por su integración en ETA al considerar que el partido era una mera correa de transmisión de la banda terrorista. Y en 2006 dirigió la operación contra la red puesta en marcha por los terroristas para el cobro del «impuesto revolucionario» con sede en el bar Faisán de Irún. Aquel dispositivo acabó provocando un terremoto político al descubrirse que el dueño del local había sido advertido de la redada. Varios mandos policiales y cargos del Gobierno de Zapatero fueron investigados. La izquierda abertzale le transformó en uno de sus principales demonios. Otegi llegó a afimar tras conocer su nombramiento cuando Sánchez llegó al poder: «Me pone los pelos de punta».

Jurista de prestigio con fama de meticuloso, a lo largo de su carrera Marlaska ha dado muestras de que no le tiembla el pulso y de que es capaz de superar las presiones. Lo hizo, por ejemplo, cuando desde la presidencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal apostó por impulsar la 'vía Nanclares' para que los presos de ETA que habían roto con la banda y dado «garantías ciertas» de que están «en el camino hacia la rehabilitación» accediesen a beneficios penitenciarios. Aquello le granjeó aún más enemigos dentro la izquierda abertzale, donde esos internos, entre ellos Carmen Guisasola y Joseba Urrosolo, son considerados traidores.

Pero solo unos meses después, el nuevo ministro del Interior evidenció su capacidad y su libertad de movimientos al acelerar la excarcelación de una decena de presos de la banda afectados por la derogación de la 'doctrina Parot' tras una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Marlaska dio ese paso antes de que el Supremo tomase una decisión definitiva y con los colectivos de víctimas en su contra.

También es notable su capacidad para desprenderse de las etiquetas, algo que ha demostrado en su vida privada. En 2006 hizo pública su homosexualidad. Un año antes, poco después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizase el matrimonio gay, Marlaska se casó con Gorka, su pareja desde hacía varios años. Nunca se escondió.

En un libro autobiográfico publicado en 2017, 'Ni pena ni miedo', explicaba cómo había salido del armario y cómo durante años aquello quebró su vida familiar. «Había que contárselo a mamá. Creí que había que hacerlo y lo hice, eufórico. Yo tenía 35 años. Su reacción fue la peor posible: se agarró de los pelos, se metió en la cama vestida y estuvo quince días sin salir». En un relato duro, sin edulcorar, Marlaska desnudaba su vida. «Rompí con todos ellos, con toda mi familia. Fue una ruptura muy dolorosa, sobre todo porque nunca había vivido presiones familiares de ningún tipo, ni religiosas ni ideológicas». Aquella fractura se prolongó seis años. Entre 1998 y 2004. Con su familia distanciada, obligado a salir de Euskadi, Marlaska se refugió en Gorka, con el que lleva dos décadas.

La socialista Isabel Celaá (Bilbao, 1949) mantendrá la cartera de Educación y Formación Profesional en el nuevo gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, aunque no continúe al frente de la portavocía del Ejecutivo. Celaá tendrá así una segunda oportunidad para aprobar su asignatura pendiente: la reforma educativa que derogue la vigente Ley Orgánica para la Calidad Educativa (LOMCE). Un propósito que truncó el adelanto electoral el año pasado.

El 15 de febrero de 2018, el mismo día que Pedro Sánchez convocó elecciones generales ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, Celaá llevaba al Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), su reforma para derogar la LOMCE, aprobaba en 2013 por el Partido Popular y cuestionada por gran parte de la comunidad educativa.

El proyecto de la LOMLOE no tuvo recorrido parlamentario por la disolución de las Cortes, y espera desde entonces la formación de gobierno para tramitarse. La propia ministra en funciones ha reiterado, desde las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, que espera la formación de Gobierno para volver a impulsar su reforma, que podría aprobarse a lo largo de 2020.

Para que eso suceda, al Congreso tendría que llegar el mismo texto que fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero para ahorrarse las consultas previas, ya realizadas, a los representantes de la comunidad educativa. Una vez que el proyecto legislativo entre en el Congreso, tendrá que pasar por la Comisión de Educación, donde su debate y la presentación de enmiendas pueden prolongarse durante meses.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se estima que la reforma, si cuenta con el suficiente apoyo parlamentario, podría quedar aprobada definitivamente antes de que termine este año, según fuentes consultadas por Europa Press.

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación elaborado por el ministerio de Celaá eliminaba la asignatura de Religión en el cómputo de la nota media de los estudiantes, algo que figura en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

También incorporaba la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contemplaba la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como «lengua vehicular».

La también conocida como 'Ley Celaá' recogía la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa. Además, eliminaba el concepto de «demanda social» introducido por la LOMCE como criterio para la planificación escolar.

Además de la reforma educativa, Celaá tendrá que impulsar la postergada reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, promover la creación de un estatuto docente como reclaman los sindicatos desde hace décadas o revisar el actual modelo de la selectividad, una cuestión que acumula meses de retraso.

El Ministerio de Educación, que mantiene en su denominación oficial la Formación Profesional, trabajará en el impulso de estas enseñanzas formativas, una de las prioridades de Celaá desde que asumiera la cartera ministerial en junio de 2018.

El pasado mes de diciembre, con el Gobierno en funciones, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, cuya aplicación pretende actualizar esta etapa formativa para crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional (FP) en tan solo cuatro años.

Además, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos incluye un nuevo Plan Estratégico de Formación Profesional Dual, «incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa». Ambas formaciones pactaron además promover una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización.

Irene Montero Gil (Madrid, 1988) será la segunda ministra más joven de la democracia. Alcanzará el cargo con escasos meses de edad más que la socialista Bibiana Aído, quien inauguró el Ministerio de Igualdad creado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2008; y que ahora recupera Pedro Sánchez en su Ejecutivo de coalición. Es justo la misma cartera de la que se hará cargo a partir de ahora la número dos de Podemos. Montero, incluso, podría haber batido todos los récord si, en julio, hubieran fructificado las negociación entre el PSOE y la formación morada. De haber ocurrido, sería a día de hoy vicepresidenta social.

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Montero fue de principio ajena al núcleo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense en la que se gestó Podemos. De ese núcleo formaron parte Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o Carolina Bescansa. No obstante, la inminente ministra ganó peso en Podemos en paralelo a las guerras internas que desangraron a un partido de nueva creación que en 2015 estaba convencido de dar el 'sorpasso' al PSOE, convertirse en la opción hegemónica de la izquierda y, por qué no, «asaltar los cielos».

Montero acaparó protagonismo desde el mismo día en que Podemos dio la campanada en mayo de 2014 y logró cinco eurodiputados en la Cámara de Estrasburgo, cuando ninguna encuesta les daba la más mínima posibilidad de cosechar un resultado relevante. Primero ejerció como jefa de gabinete de Iglesias, con el que trabó una relación sentimental. Ser pareja del líder del partido y compartir la cúpula de Podemos le ha granjeado innumerables críticas a Montero. Y es algo que le indigna. Los ataques más graves se produjeron tras conocerse que ambos habían comprado un chalet en la sierra de Madrid valorado en más de medio millón de euros. Por entonces, la futura ministra estaba embarazada de mellizos y, según justificaron los dos líderes de Podemos, adquirieron la vivienda, hipoteca de por medio, para asegurar un hogar para la familia. La polémica interna obligó a Iglesias y Montero a poner sus cargos a disposición de las bases, que, en consulta interna, avalaron su continuidad. Un 30% de la militancia, no obstante, votó porque se marcharan a su casa recién comprada. Nunca hasta ahora el liderazgo de Iglesias y Montero registró tal contestación entre sus fieles. Pero lo superaron y, ahora, los dos formarán parte del Gobierno.

Montero sustituyó como portavoz en el Congreso a Errejón tras la guerra civil de Vistalegre 2, en la que el sector más moderado de Podemos y el más izquierdista sellaron un divorcio que, en capítulos, se cerró con la salida de Errejón al Más Madrid de Manuela Carmena.

Desde su altavoz en el Congreso, la futura ministra reclamó su cargo como «portavoza» –la Real Academia de la Lengua Española aún permanece impertérrita– y acuñó el término «machirulo» para referirse a Rafael Hernando –exportavoz del PP en la Cámara baja–, cuando éste banalizó su relación sentimental con Iglesias. Montero lloró primero por el ataque en su escaño, pero después contraatacó: «Un poco 'machirulo' le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño un poco más educadamente y sin tanto 'machirulismo' como tiene el Partido Popular». De haber 'machirulos' o existir el término, Irene Montero estará a partir de ahora contra los 'machirulos' desde su asiento en el Consejo de Ministros.

A Alberto Garzón (Logroño, 1985) le quitaba el sueño la «desaparición de Izquierda Unida» cuando tomó las riendas del partido en junio de 2016, en sustitución de Cayo Lara. La irrupción de Podemos había desplazado a los suyos del tablero parlamentario y dejó como única vía de escape forjar una alianza entre izquierdas, que acabaría culminando con el 'pacto del botellín' en la Puerta del Sol de Madrid. Un cervercero brindis con Pablo Iglesias –que le había llegado a calificar de «pitufo gruñón» por sus reticencias al pacto– que marcó el comienzo de un camino cuya meta le ha llevado a convertirse en ministro de Consumo, el primero con carné comunista en España en los últimos 80 años (junto a la gallega Yolanda Díaz, que asumirá la cartera de Trabajo).

Economista de formación, tímido por naturaleza y orgulloso de sus convicciones políticas (en 2017 publicó el libro 'Por qué soy comunista'), llegó a ser el diputado más joven del Congreso cuando tenía 26 años. Ahora se pondrá al frente del ministerio una cartera de nueva creación, que tendrá como principales competencias el juego y apuestas, que hasta ahora estaban en Hacienda, y las de Consumo, que dependían de Sanidad.

Uno de los primeros cometidos de Garzón será afrontar la regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas 'online', de ámbito estatal. Se trata de una reivindicación del sector, que ha solicitado que sea a través de una normativa «equilibrada y equitativa», tanto para el ámbito privado como para el público. También actualizar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para tener mayores competencias sancionadoras que conlleven un endurecimiento de las sanciones por infracciones.

Está por ver si el poder cambiará a Garzón. Afiliado a las Juventudes Comunistas desde los 18 años y posteriormente al Partido Comunista de España (PCE), no se separa de su americana ni su camisa y confiesa «entre la gente de izquierdas me decían pijo». Se siente deudor del pensamiento heterodoxo marxista y poskeynesiano y cita entre sus referencias a economistas como Michal Kalecki, Marx, Paul Sweezy, Antonio Gramsci y Lenin. En política, se mira en el espejo del histórico Julio Anguita, siempre presente en las presentaciones de sus libros, como el titulado 'La Tercera República', en el que se refiere al rey Felipe VI como «el ciudadano Borbón».

Cuando coincidan en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, el saludo (o el abrazo) entre Pedro Sánchez y Manuel Castells (Albacete, 1942) no será el de dos desconocidos. Bien al contrario, como un alumno aplicado haría con el maestro que le ayudó a salir del pozo en el momento más difícil, puede que el presidente aproveche un momento tan emotivo para darle las gracias a su ministro de Universidades, con el que comenzó a unirse tras un curioso encuentro en California a finales de 2016.

Hijo de dos funcionarios de Hacienda catalanes que lo tuvieron en Hellín (Albacete), donde estaban destinados, Castells, una institución de las Ciencias Sociales, parecía la cuota de Ada Colau en el Gobierno de Sánchez. Este sociólogo de talla mundial, autor de la imprescindible trilogía 'La era de la comunicación', fue profesor en la universidad parisina de Nanterre durante el Mayo del 68 y recibe todavía seis invitaciones al día para dar conferencias y cursos sobre la sociedad de la información, la comunicación y la globalización, según cuenta en el libro 'En qué mundo vivimos' (Alianza Editorial). Además, cumple con el perfil 'quincemayista', equidistante, defensor de una España plurinacional y comprensivo con los nacionalistas catalanes tan del gusto de la líder de los Comunes. A juicio de Castells, el PP es «una amalgama de franquismo, catolicismo conservador, neoliberalismo y redes mafiosas» y Ciudadanos, «un partido de extrema derecha».

A la vez, el discípulo de Alain Touraine y catedrático de la Universidad de California en Berkeley resulta del agrado de Pablo Iglesias, profesor universitario como él, aunque en una entrevista en el programa 'La Tuerka', el líder de Podemos se llevara de él un pellizquito de monja. «Si Podemos llega a la situación de tener que pactar con el PSOE», avisaba Castells, «perdería capital político. ¿Cómo entrar en el sistema sin ser un elemento del sistema? ¿Cómo no ser otra Izquierda Unida?».

Pero Castells no formará parte del Gobierno únicamente por su enorme prestigio académico o por sus credenciales podemistas. Lo hará, también, por la estrecha y curiosa relación que mantiene desde hace años con el presidente del Gobierno y cuyo inicio relata con detalle, y con un tono casi 'hippie', en su libro 'Ruptura', publicado en 2017. «Yo fui testigo de su reflexión y de su decisión final por uno de esos azares de la vida», escribe Castells, refiriéndose a la decisión de Sánchez de dar la batalla para volver a la secretaría general del PSOE tras ser defenestrado por los barones. «Pedro Sánchez quiso alejarse de España por unos días y se fue a California con su familia. California tiene ese exotismo de fin del mundo donde llegan gentes de cualquier parte y para cualquier cosa, territorio límite de la experiencia humana, del que surgen locuras creativas del más alto alcance (...) Y como yo ando por allí parte del tiempo», continúa Castells, «Pedro Sánchez tuvo la idea de que charláramos».

Y no hablaron del tiempo, precisamente. Recuerda el sociólogo que aquella fue una conversación inspiradora. «Yo, que tengo una debilidad romántica por las causas perdidas, le animé a que no se rindiera. Porque si lo hacía, era el fin del PSOE, que sería fagocitado en las fauces históricas de la gran coalición». «Hablamos y hablamos, paseando entre el rumor de las olas de la playa de Santa Mónica, donde yo vivía», refiere Castells, antes de entrar en el meollo del asunto, que podría haber servido como primer capítulo del 'Manual de resistencia' presidencial: «Me quedó claro que él tenía la fuerza suficiente para resistir».

A partir de ahí, el ministro notó que algo cambiaba. «(Sánchez) fue precisando sus pensamientos, aparentemente sintiendo subir la adrenalina de una lucha justa. Cuando le acompañé al aeropuerto, había determinación en su rostro, esperanza en su mirada. Era la más improbable de las aventuras», dice Castells, con épica. Pero al final, hubo «resurrección y victoria». Una victoria ahora compartida.

A la izquierda de la izquierda habría que situar a la que será la nueva ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz (La Coruña, 1971), que tendrá como primeros retos la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dos medidas por las que siempre ha mostrado su apoyo firme. Procedente de una familia de históricos dirigentes sindicalistas (de hecho, su padre fue exsecretario de CC OO en Galicia), desde pequeña se empapó de los conflictos industriales que rodeaban a su localidad natal, Fene, una cooperativa obrera construida en torno al astillero de Navantia. De hecho, ella misma recuerda con emoción cómo a los cuatro años Santiago Carrillo -el entonces líder del PCE- «me besó la mano».

Estos hechos sin duda marcaron su carácter y fueron el detonante de una precoz afición a la política. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y con tres postgrados en su currículum, se afilió ya desde muy joven al Partido Comunista y a Esquerda Unida, pero su salto a la arena política lo dio en el año 2003, cuando entró como concejal del Ayuntamiento del Ferrol, donde se curtió durante nueve años en la política municipal. Previamente llegó a fundar un despacho como abogada laboralista, pues una de sus metas es defender los intereses de los trabajadores. Durante esta etapa dio un paso más al hacerse en 2005 con la coordinación nacional de Esquerda Unida, puesto que mantuvo hasta 2017. De ahí dio el salto al Parlamento gallego, donde, además de presentarse en dos ocasiones como candidata a la Xunta, fue diputada durante la legislatura 2012-2016. Y de la escena regional pasó a la política nacional al convertirse en diputada del Congreso gracias a la confluencia de partidos de izquierda En Marea.

Se convirtió así en parte del núcleo duro de Pablo Iglesias, al que ella misma había contratado tiempo atrás como asesor para una campaña electoral, y forjó una íntima amistad con Irene Montero. Entre sus responsabilidades dentro de la Cámara Baja, destacó su papel protagonista dentro de la comisión del Pacto de Toledo, encargada de elaborar las recomendaciones para llevar a cabo la esperada reforma del sistema de las pensiones. Pero precisamente fue ella -o al menos así la culparon desde muchos grupos políticos- la que hizo saltar por los aires el acuerdo precisamente cuando estaba más cerca. En el último momento, Unidas Podemos se descolgó de todo el texto pactado, justo antes de las elecciones del 28 de abril, y puso punto y final a una de las tareas más importantes que tiene por delante el país. «Nunca vamos a estar para recortar las pensiones», se defendió entonces. Sin embargo, entre sus tareas no estará esta reforma, puesto que la Seguridad Social no formará parte de las competencias del nuevo Ministerio de Trabajo.

Luis Planas (Valencia, 1952) repite al frente del Ministerio de Agricultura. Antes de entrar a formar parte del gabinete diseñado por Sánchez tras la moción de censura, era secretario general del Comité Económico y Social Europeo, cargo al que accedió después de su última experiencia política en la Junta de Andalucía, donde fue consejero de Agricultura y Pesca en dos etapas, una con Manuel Chaves desde 1993 a 1994 y otra con José Antonio Griñán desde 2012 a 2013.

Pedro Sánchez aprecia en Planas su experiencia en este campo unido a la trayectoria diplomática y conocimiento de los entresijos de Bruselas.

Planas fue embajador de España ante la Unión Europea en el último año de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2011), pero también fue embajador en Marruecos (2004-2010). Europa y Andalucía son sus dos grandes pasiones. Trabajó en el gabinete de Manuel Marín y luego en el de Pedro Solbes. Habla inglés, francés y portugués. Le apasiona el arte contemporáneo y viajar.

En su biografía hay un episodio que más de uno interpretará con malicia. Luis Planas se presentó como candidato a las primarias de julio de 2013 para la sucesión en Andalucía a la Presidencia de la Junta, una vez que José Antonio Griñán insinuó su marcha acosado por el 'caso ERE'. Su rival era Susana Díaz, quien contaba con la mayoría de direcciones provinciales del PSOE. Planas se retiró de las primarias al no conseguir los avales y Susana Díaz fue proclamada candidata a la Presidencia de la Junta en julio.

Un mes después Griñán dimitió y, en septiembre, Díaz fue elegida por el Parlamento andaluz presidenta de la Junta. Aquellas primarias fueron muy dolorosas para Planas, quien se sintió abandonado por el aparato del PSOE. Al frente de su campaña en la recogida de avales estaba Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien después ha sido uno de los grandes apoyos en Andalucía de Pedro Sánchez.

La vinculación de Planas a Andalucía arranca desde 1980, cuando después de licenciarse en Derecho y aprobar las oposiciones a inspector de Trabajo tuvo Córdoba como destino. En Córdoba, de donde también es Carmen Calvo, tenía su casa con vistas a la Mezquita.

El astronauta Pedro Duque, que en junio de 2018 aterrizó en la política por primera vez, sin nave pero con la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades bajo el brazo, seguirá al frente de dicho Ministerio, aunque perderá las competencias en Universidades, que pasan a estar al cargo del sociólogo Manuel Castells.

Duque nació en Madrid en 1963 y se licenció con matrícula de honor en 1986 en Ingeniería Aeronáutica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Hijo de un controlador aéreo y de una maestra, en su actividad pública siempre se ha mostrado firme en la defensa de la divulgación científica y la inversión en investigación e innovación, materias que consideraba «olvidadas» en el Gobierno de Rajoy.

Antes de ser político, Duque ya era una figura ampliamente conocida, al ser el único español que ha viajado al espacio, una hazaña que completó en 1998 a bordo del transbordador espacial estadounidense Discovery y que volvió a repetir en 2003 con la nave rusa Soyuz, en la que viajó hasta la Estación Espacial Internacional.

En su vasto currículum aeronáutico también destaca su trabajo como director de Operaciones del Centro Español de Apoyo a Investigadores y Operaciones para la Estación Espacial, y su labor como presidente ejecutivo de la empresa Deimos Imaging, S.L., dedicada a la explotación de datos obtenidos por satélites de observación de la tierra, que ejerció entre 2006 y 2009.

La llegada de Duque al Ministerio fue acogida con satisfacción por la comunidad científica, pero no estuvo exenta de polémica. Tras conocerse que el ya ministro poseía una sociedad patrimonial con la que habría adquirido una vivienda fue duramente criticado, pero el astronauta se defendió asegurando que le recomendaron la sociedad, que había liquidado impuestos y que le costaba mucho deshacerla.

Durante el tiempo que ha liderado el Ministerio de Ciencia, Duque ha implementado medidas que llevaban tiempo siendo demandas por los investigadores. Entre ellas, diversas iniciativas encaminadas a agilizar el sistema de I+D+i; la creación del sexenio de transferencia del conocimiento, que reconoce a aquellos investigadores que se dedican a la formación de otros investigadores o que generan valor económico y/o social; o la modificación de la Ley de la Ciencia para que las investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.

También ha creado el Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género (OMCI) y ha recuperado la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación tras un paréntesis de cuatro años.

La canaria Carolina Darias, que ocupará la cartera del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es la actual responsable de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y cuenta con experiencia en política autonómica. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias.

En el año 1999, fue elegida concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Subdelegada del Gobierno en Las Palmas desde 2004 al 2008, resultó posteriormente elegida diputada del Parlamento de Canarias para la VII Legislatura, en la que ocupó la Portavocía de Sanidad del Grupo Socialista, hasta que desempeñó el puesto de directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre 2008 y 2011 fue delegada del Gobierno de España en Canarias, para más tarde ser elegida consejera y portavoz del Cabildo de Gran Canaria. En 2015 asumió la presidencia del Parlamento de Canarias durante la IX Legislatura.

Nacido en 1968, es licenciado en Derecho por la de la Universitat de València. Es profesor titular de Filosofía del Derecho y Director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre 2004 y 2006, fue director del Gabinete del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dirigido por Gregorio Peces Barba.

Sus líneas de investigación y publicaciones abarcan Filosofía del Derecho, Derechos Fundamentales, Historia del pensamiento jurídico y político, Opinión pública, Formalismo jurídico y constitucionalismo.