«Ni la ministra de Igualdad debe dimitir ni es víctima de una cacería»

María Jesús Montero es ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, dos responsabilidades que por sí mismas dan para consumir todas las horas del día. Recibe a este periódico al final de una semana en la que, con el presidente del Gobierno fuera de España, ha tenido que ejercer de apagafuegos. Admite que la ley del 'solo sí es sí' concierne a todo el Ejecutivo y defiende a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero también censura sus ataques a la Judicatura.

–¿Tiene fe en que el Supremo frene la cascada de revisiones a la baja de penas por la ley del 'solo sí es sí? No parece fácil.

–Tengo fe y creo que es bueno que ese pronunciamiento se haga lo antes posible. La ley se hace para proteger a las víctimas, y tenía como objeto fundamental a las mujeres y los menores víctimas de lo que entonces se llamaban abusos. Si en este momento hay algunos tribunales que están interpretando algo distinto, es bueno que se armonice doctrina y que vaya en la dirección que el legislador pretendió, que fue el endurecimiento de las penas.

–Fue la primera dirigente de su partido que abrió la puerta a la revisar la ley. ¿Se sintió desautorizada cuando el presidente dijo que había que esperar a la unificación de doctrina?

–Para nada. Lo que dije es que, ante casos tan graves como los que estábamos conociendo, que generan un rechazo absoluto y la repugnancia de toda la sociedad, había que estudiar las sentencias. Y en función de eso habrá que tomar las decisiones oportunas.

–¿Modificar la ley sigue siendo una opción, por tanto?

–Confío en que la interpretación que marquen el Supremo, los fiscales o las audiencias vaya en la dirección que perseguía la ley. En caso de que no se produzca, tendremos que estudiar la cuestión.

–¿Hay un problema de machismo en la Judicatura, como dice Irene Montero?

–No. Creo, como han dicho algunas asociaciones de jueces, que lo que hay es una ley nueva que se tiene que aplicar y ver hasta dónde llega. No cabe ningún tipo de reproche general a la justicia.

–¿Extrae el Gobierno alguna lección de lo que está pasando con esta ley, sobre cuya calidad técnico-jurídica existieron dudas desde un inicio? En tramitación hay ahora otra norma que genera enorme debate, la ley trans...

–La ley era una ley muy bien hecha que perseguía justamente lo que digo. Es verdad que a lo largo de nuestra historia democrática siempre se pone un foco añadido por parte de otros sobre la calidad técnica de leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres o de algunos colectivos discriminados por cuestiones de sexo, ideología o raza. Ocurrió con el matrimonio homosexual.

–¿Cree que, como piden algunas asociaciones y el PP, la ministra de Igualdad debería dimitir o, como sostiene Podemos, está siendo víctima de una cacería?

–Ni una cosa ni la otra. Lo primero, porque cualquier texto legislativo que sale del Consejo de Ministros es compartido. No es una responsabilidad de un ministro particular. Y, lo segundo, porque nunca he entendido así la crítica política. Probablemente porque soy ministra de Hacienda. Muchas críticas van dirigidas a mí y nunca tengo una sensación de que se pretenda agredirme en particular. Todo hay que abordarlo desde un debate mucho más global en el que el objetivo es una mayor protección de las mujeres, de las niñas y niños, y habrá que esperar a ver si, efectivamente, no hay ningún tipo de grieta respecto a lo que pretendía el texto.

–Hablemos de la supresión de la sedición pactada con ERC. ¿No hay algo perverso en modificar un delito con su infractor?

–El presidente tenía muy claro desde que llegó a la Moncloa que había heredado un conflicto territorial y que su responsabilidad era poner los medios para que, al final de la legislatura, la situación en Cataluña fuera sensiblemente distinta, destensarla. Hemos conseguido avanzar mucho, pero hay que consolidar esos avances. De ahí que los grupos parlamentarios hayan presentado la reforma del delito de sedición. Había que homologarlo a nuestros socios europeos. Es que tal y como está definido en nuestro Código Penal, por ejemplo, está permitiendo que el señor Puigdemont se pasee por Bruselas con impunidad, porque no ha sido posible su extradición.

–Las razones esgrimidas por los tribunales europeos para denegar la extradición no tienen que ver con esa «homologación»...

–Por razones distintas, hoy por hoy todavía esa situación no se ha podido producir. Y, cuando eso se produzca, y ojalá se produzca, el señor Puigdemont tendrá que responder ante los tribunales. Lo que los grupos independentistas querían era la eliminación del delito de sedición y eso no se ha producido.

–Eliminarse se elimina...

–Se redefine, se homologa con otros países similares, porque este delito, tal como está en nuestro Código Penal, tiene 200 años.

–Bueno, es de 1995. ¿Cuántos años tiene el asesinato?

–Pero a lo mejor hay delitos que han ido teniendo modificaciones y se han ido adaptando a nuevas realidades. Este no. Parece de sentido común que se pueda revisar cuando parezca oportuno. Porque es mentira lo que dice el PP cuando habla de que otros países tienen penas asimilables. Habla del delito de rebelión, no del de sedición. Y el delito de rebelión no se va a tocar.

–Sin embargo, era el delito que Sánchez defendía reformar en la oposición, precisamente para poder juzgar los acontecimientos de 2017 como rebelión.

–Porque en ese momento hubo una controversia jurídica respecto a cómo se podían calificar unos hechos extraordinariamente graves. Este Gobierno está adoptando respuestas que lo que pretenden es tener un marco claro para que nadie vuelva a tener la tentación de cometer esos delitos y, por otra parte, ayudando a distender la convivencia en Cataluña. Creo que no es reprochable.

–En el Tribunal Supremo, sin embargo, sienten que se les deja un poco a los pies de los caballos frente a los recursos que se han planteado en Europa, Tanto con esta reforma como con los indultos.

– Claro, es que yo creo que el Tribunal Supremo lo que está expresando es algo que yo puedo compartir, que es que en su momento algo que tenía unas características políticas, terminó siendo la justicia la que tuvo que poner medios. Esa sensación que todos decimos siempre que hay que corregir, que la política atiende a la política y que la justicia atiende a la justicia.

–ERC también pide, para «desjudicializar», que se rebajen las penas del delito de malversación. En su partido eso despierta reticencias. ¿No lo descarta?

–Es muy difícil pronunciarse en el abstracto sobre pretensiones de otros grupos. Hay que esperar a ver qué es lo que se plantea.

–Deja todo abierto. ¿Hay alguna línea roja? Porque una de las lecturas que se ha hecho estos días es que ustesdes sopesan una reforma que también beneficie, por ejemplo, al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio y les evite pronunciarse sobre su indulto.

–Por supuesto que el Gobierno para cualquier modificación legislativa tiene muchísimas líneas rojas. No una ni dos. Muchísimas. Es que es mentira eso que algunos intentan plantear de que el gobierno está dipuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Pero no vamos a estar especulando respecto a cuestiones sobre las que incluso quienes dicen que van a presentar alguna enmienda, tienen versiones contradictorias.

–¿Cree que más allá de Cataluña se entiende lo que hacen?

–En el resto de España se tiene que entender que este Gobierno ha permitido con sus actuaciones que hoy la situación en Cataluña sea mejor que la de 2017, cuando había un choque de trenes abocado a terminar muy mal.

–Siendo esta reforma penal un asunto tan delicado y complejo ¿Qué sentido tiene hacer una tramitación por la vía de urgencia? Sobre todo, teniendo en cuenta que se plantea como proposicion de ley y que, por tanto, no cuenta con los informes de órganos consultivos que tendría un proyecto del Gobierno.

–Yo creo que hay que tener claro que quien ostenta el poder legislativo tiene todas las garantías para que los textos cuenten con todos los parabienes. Y el hecho de que se discuta por vía de urgencia no significa que tenga menos garantías, significa que se acortan los plazos. Este un proyecto muy sencillo porque no recuerdo cuánto, pero ceo que tiene tres folios.

–Otra polémica. El informe del Defensor del Pueblo sobre la tragedia de Melilla es muy duro con la actuación de la Guardia Civil. ¿Lo pueden pasar por alto?

–Tiene que servir para mejorar siempre. Pero lo que se discute no es si la actuación fue mejorable, todo lo es, sino si hubo una respuesta desproporcionada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Eso es lo que la Fiscalía tiene que investigar. Y el Gobierno tiene que colaborar.

–Y si concluye que la respuesta fue desproporcionada, ¿se asumirán responsabilidades?

–No puedo especular. Si cree que hubo un comportamiento punible, reprochable, el Gobierno lo acometerá de inmediato. Pero no se puede poner el collar antes que el perro.

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