El CGPJ desoye al Gobierno y renueva seis jueces del Supremo

El Gobierno apostaba por paralizar los nombramientos como medida de presión para que el PP se aviniera a negociar una nueva composición del CGPJ y en Unidas Podemos se había llegado a acusar al presidente de ese órgano, Carlos Lesmes, de «atentar» contra la Constitución si seguía adelante con sus planes. Desde Bruselas, la Comisión Europea también había instado a España a apresurarse en alcanzar un consenso para la renovación del órgano y lo calificaba de uno de los «grandes desafíos» para la justicia de la UE.

Pero el acuerdo acabó alcanzándose gracias a una amplía mayoría sumada entre el sector conservador del CGPJ y el bloque progresista, ya que la elección de cargos discrecionales del consejo requiere un mínimo de 13 votos, una suma que no alcanza por sí sola ninguno de los dos sectores.

De ese modo, los tres nombramientos correspondientes a la Sala Segunda, vacantes desde finales de 2019 por la jubilación de sus titulares, congregaron el respaldo de 19 de los 21 votos en juego. Tan solo se abstuvieron los vocales Álvaro Cuesta (elegido a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (de IU) que votaron en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en situación de interinidad. Cuesta, que fue diputado del PSOE entre 1982 y 2011, llegó a proponer la retirada de todos los nombramientos del orden del día.

Los tres elegidos para la Sala Segunda del Supremo, la que en última instancia atiende la mayoría de las causas penales (entre ella los delitos de corrupción), fueron el magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado; el presidente de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Javier Hernández; y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Leopoldo Puente.

Se da la circunstancia de que Hurtado presidió el tribunal del 'caso Gürtel', donde se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo y emitió un voto particular en el que rechazaba condenar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Un nombramiento polémico que tuvo eco en el Congreso. «Es un acto de golpismo institucional», lo definió el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que anuncia que llevará esta decisión ante el Tribunal Constitucional.

Igual ruido, aunque por otras razones, tuvo el nombramiento de María Luisa Segoviano como presidenta de Sala de lo Contencioso-Administrativo. La primera mujer que ejercerá dicho cargo en una de las salas del Supremo en sus más de 200 años de historia.

De esta forma, el bloque progresista logra ocupar dos presidencias de sala (la Social y la Militar) y dos puestos en la Sala de lo Penal, mientras que el conservador se queda con otros dos, aunque mantiene la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo, que resuelve los litigios contra el Gobierno.