Carcedo apuesta por equiparar la gestación subrogada al tráfico de órganos

En una entrevista concedida a la Agencia EFE horas después de tomar posesión de su cargo, la titular de Sanidad ha abogado por una regulación internacional de la maternidad subrogada que considere ilegales estas prácticas, prohibidas en España, pero a las que se puede acceder a través de convenios con terceros países. «Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales» estas prácticas, que, gestionadas por las agencias de maternidad subrogada, permiten a ciudadanos españoles recurrir a esta técnica de reproducción en otros países, ha considerado Carcedo.

Ha recordado que esta práctica está prohibida en España, «pero los bebés llegan» y «no pueden ser apátridas», están amparados por una serie de derechos, por lo que hay que actuar con carácter previo y evitar que existan los convenios internacionales entre países que facilitan estas prácticas.

Sobre las agencias de gestación subrogada que operan en España cree que «habrá que analizar en qué marco legal se mueven y, si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar», ha advertido. No obstante, la nueva ministra de Sanidad ha subrayado que «la forma más eficaz y útil de resolver el problema» es contar con una regulación internacional que declare ilegales estos convenios entre países «en el mismo plano que lo están tanto la venta de órganos como la prohibición de venta de niños».

La prohibición de la maternidad subrogada exige acuerdos internacionales, ha insistido, al igual que la lucha contra las mafias de trata de mujeres, muchas de ellas obligadas a ejercer la prostitución.

Carcedo considera que regularizar esta práctica sería «como plantearse regular la esclavitud. Son cuestiones que están fuera de los límites que se pueden tolerar como derechos humanos y dignidad de la personas». «No se puede ilegalizar lo que no es legal», ha recalcado la ministra, quien ha considerado que la prostitución «es básicamente trata de mujeres semiesclavizadas», lo que «contraviene de forma flagrante los derechos humanos y las sitúa en una situación de subsidiariedad para que sus cuerpos satisfagan otros intereses».

Ha reconocido la dificultad de poner fin a esta práctica, porque atañe a muchos ámbitos que exceden a las competencias de su departamento, como el control de las mafias.

Durante su entrevista con Efe, la primera que concede a un medio tras asumir la cartera de Sanidad, la nueva ministra también se ha referido al suicidio, la eutanasia, la Ley de dependencia y la eliminación del copago farmacéutico, entre otros asuntos.

Carcedo ha asegurado que continuará con todos los proyectos de su predecesora en el cargo, Carmen Montón, entre ellos acabar con el copago farmacéutico a los pensionistas y a las «poblaciones más vulnerables», para lo cual confía en tener el consenso necesario en que el Congreso para aprobar un techo de gasto «que nos permita tener un poco mas de margen». En este sentido, ha señalado que el coste de eliminar el copago a las pensiones más bajas es de entre 400 y 500 millones de euros, cantidad que ahora aporta este colectivo y que obliga a dos millones de personas a abandonar su tratamiento al no poder sufragarlo.

Durante su mandato, Carcedo confía en poder sacar adelante la ley que regula y despenaliza la eutanasia y la de cuidados paliativos, porque «una sociedad que se considera compasiva debe asegurar que nadie sufra de forma innecesaria en los últimos momentos de su vida».

También quiere abordar un Plan de prevención del suicidio que contemple una mayor atención a la salud mental, impulsando la labor de los profesionales de Atención Primaria, «que es la mejor manera de llegar a todas las personas» y «captar situaciones de riesgo».

Para luchar contra las pseudociencias, la titular de Sanidad pondrá en marcha campañas de información sobre la homeopatía y el movimiento antivacunas, porque «la ciudadanía tiene que estar informada para que no sea presa de pseudoterapias, soluciones mágicas, brujerías o curanderías».

De sus cien días como Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil, bajo la batuta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Carcedo ha recalcado su «enorme satisfacción» por haber dado visibilidad a este problema al colocarlo en la agenda política, que ha permitido quitar la venda a una parte de la sociedad que hasta ahora lo negaba. «Es una realidad, no una cuestión de demagogia. Es cómo viven lamentablemente muchos de nuestros ciudadanos, y yo me esforcé mucho en explicar que es un asunto de justicia social con las personas que lo sufren en este país», ha dicho.

La pobreza infantil en España afecta a uno de cada tres niños, ha recordado, es del 28 %, y 400.000 de ellos se encuentran en situación de pobreza extrema. «Estamos siendo injustos con esos niños, porque no les estamos proporcionando las oportunidades que tienen otros. Les tocó la bonoloto inversa; les tocó la lotería de nacer en un país que tiene carencias, y ellos van a tener muchas desventajas», ha lamentado.

Sobre el reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados, Carcedo ha explicado que todavía están recibiendo las propuestas de las regiones para acogerlos voluntariamente. «Es obligada la cooperación entre comunidades y es clave para ser eficaces en resolver los problemas de la forma más eficiente y con menos coste», ha insistido.

Carcedo ha destacado la importancia de la ley de protección frente a la violencia contra la infancia, sobre la que acaban de comenzar los trabajos, y cree que no habrá dificultades para tramitarla de forma rápida, ya que «es un clamor, es un tema que hay que visibilizar ya».

Ha recordado la importancia de ese marco legal, porque como ocurre con la Ley de violencia de género, «es un asunto que está muchas veces en los ámbitos de mayor confianza de los niños».

Respecto a la Ley de Dependencia, junto al anuncio que hizo su antecesora de recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales, a Carcedo le preocupa el tiempo que transcurre desde que se reconoce el derecho hasta que se perciben las prestaciones. «Creo que tenemos que hacer una revisión de todas esas cuestiones y ver dónde están los cuellos de botella y las dificultades para que los recursos que hay destinados para la dependencia sean más eficaces», ha concluido la nueva ministra, que afronta esta etapa «contenta, ilusionada y con mucho respeto ante una tarea de ese calibre».