Mallada ve despejado su camino para liderar el PP tras archivar el juez la demanda por el 'caso Hulla'

El auto, que firma el magistrado instructor de la sala de lo Civil y Penal del TSJA Ignacio Vidau, niega la existencia de todos los delitos que se imputaban a la Corporación allerana y hace especial hincapié en el de prevaricación administrativa. Las sucesivas decisiones plenarias se tomaron en contra de los informes de la intervención y la secretaría municipal, que entendían que el Montepío no estaba declarado de interés público, lo que hacía ilegal la operación. El magistrado sostiene en cambio que esa declaración no es necesaria y que darle esa consideración a la entidad no es una decisión «ilegal o arbitraria» debido a las acciones que desarrolla. Señala Vidau que la interpretación que los técnicos municipales dieron al asunto difiere de la del Tribunal Supremo. «Los reparos contenidos en esos informes responden a interpretaciones de las normas discutibles, pero perfectamente defendibles en derecho y eso ya sin más, con arreglo a reiteradísima doctrina jurisprudencial de innecesaria cita, excluye el delito de prevaricación».

Tampoco considera el magistrado probada la prevaricación urbanística. El hecho de que la modificación del Plan General de Ordenación sea una competencia municipal valida una decisión que, recuerda el instructor, se desarrolló con arreglo a las normas y no tuvo ningún contencioso administrativo en contra. El inicio de las obras antes de que se otorgase la licencia tampoco supone para el TSJA que el permiso sea «contrario a derecho», aunque sí advierte de que con anterioridad a la concesión los trabajos se desarrollaron «de forma ilegal».

El magistrado considera además que de las actuaciones practicadas «no se puede deducir, ni indiciariamente, la existencia de un trama concertada» a la que apuntaban la Fiscalía y la acusación particular, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, que condujese a ligar estos hechos con lo que se conoce como el 'caso Hulla'.

Las acusaciones contra Teresa Mallada se habían convertido en una grave amenaza para su carrera política. La decisión del TSJA pasaba por el sobreseimiento o la apertura de juicio oral, lo que habría puesto en una delicada posición a la portavoz el PP en la Junta. «Esperaba esta decisión; desde el principio defendí la legalidad de mis actuaciones y de la Corporación de Aller», apuntó ayer Teresa Mallada poco después de que se hiciera público un auto contra el que aún cabe recurso. La portavoz de los populares reconoció que, «en lo personal», la situación que ha atravesado «no ha sido plato de buen gusto» y cargó contra los partidos que dirigieron sus ataques contra su persona. «El auto echa por tierra todas esas intenciones de algunos políticos empeñados en poner en tela de juicio mi honor». Teresa Mallada agradeció además «el apoyo» que recibió de sus «compañeros de partido de Asturias y de la dirección nacional».