La grave crisis diplomática que se ha oficializado con Venezuela hace mucho tiempo que se veía venir. El régimen chavista no ha desaprovechado en estos años las oportunidades que le surgían al paso para acusar a España de intromisión en sus asuntos, de obstaculizar su ... revolución y de respaldar a la Oposición y a las supuestas maniobras foráneas para derrocarlo. Los agravios a nuestro país, que empezaban con frecuentes represalias a la menguante colonia española y en cambio protección a terroristas etarras, llegaron con acusaciones graves e insultos personales al presidente del Gobierno e incluso al Rey.
Nicolás Maduro, hombre impulsivo e irreflexivo, tuvo siempre como obsesión las críticas de la prensa española contra sus actuaciones antidemocráticas y no dudaba en acusar al Gobierno de Rajoy de estarlas estimulando. Lo mismo ocurría con las reticencias que su política provocaba en la Unión Europea. La crisis que se venía gestando, y la diplomacia española venía conteniendo con dificultades, estalló estos días tras el veto comunitario a la entrada de varios de los dirigentes más radicales del Régimen.
Ante el mundo y la opinión pública hay una razón de peso para que la democracia española y sus representantes se muestren contra la escalada dictatorial del gobierno de Maduro y sus continuas estratagemas para consolidarse en el poder sin respeto alguno a los principios democráticos. Pero también están detrás importantes intereses empresariales y económicos españoles que están siendo víctimas del proceso revolucionario chavista y que España tiene que defender por mucho que a algunos exégetas del chavismo les moleste.
Ya en 2009 el Banco Santander tuvo que abandonar el país y sufrir importantes pérdidas cuando tras una implacable persecución fue nacionalizado. Actualmente son varias las grandes empresas – Telefónica, Repsol, BBVA, Iberia… etcétera – que han hecho allí inversiones de miles de millones de euros y ahora tropiezan con dificultades, legales y financieras, para repatriar patrimonio y beneficios. La colonia española, integrada sobre todo por canarios, gallegos, asturianos y vascos, también es víctima de la situación caótica en la que se hallan sumergidos.
Las relaciones económicas son intensas y aunque han venido a menos continúan teniendo una importancia extraordinaria. Venezuela es un importante cliente de productos industriales como armas de defensa y en el aire están ya desde hace tiempo algunos contratos, como el de las fragatas que construiría Navantia, cuyo futuro no puede ser más incierto. Pero la situación diplomática ha llegado a un límite con el que un país no puede transigir. España no puede, como pretende Maduro, ser el cortafuegos en Europa contra el rechazo que despierta.
Tampoco la democracia española puede desentenderse de lo que está ocurriendo en un país hermano. La retirada de embajadores iniciada por Caracas en un gesto de hostilidad grave tiene reciprocidad por parte de España. Es una situación más que delicada, grave y a corto plazo de difícil solución. El Régimen de Maduro ya se ha revelado como intratable y su creciente aislamiento cada vez dificulta más encontrar vías para la negociación y el entendimiento. La alternativa es difícil: defender principios pero también salvar intereses.
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