Las leyes del Gobierno bajo la lupa de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido en esta legislatura 51 informes sobre anteproyectos de ley, proyectos de real decreto, disposiciones transitorias y transposiciones de directivas europeas. De ellos, trece pertenecen a leyes del Gobierno que ya están en vigor o en tramitación parlamentaria, de los cuales siete incluyeron «severos» avisos o recomendaciones al legislador. El CGPJ tiene atribuida la función consultiva y se centra en las consecuencias jurídico-constitucionales para los tribunales. Además de la polémica aplicación de la ley del 'solo sí es sí', estas son las normas sobre las que ha mostrado reparos el Consejo.

El anteproyecto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana provocó una profunda división en el Consejo. El Pleno rechazó por 15 votos contra seis el informe elaborado por el vocal progresista Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, y se asignaron nuevos ponentes. Estos plantearon dudas sobre asuntos centrales del texto por su posible inconstitucionalidad, ya que la competencia en esta materia es de las Comunidades Autónomas y el texto lo atribuye al Estado. Además, hubo recomendaciones sobre varios artículos afectados de la Ley de Enjuiciamiento Civil para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas asequibles.

El Consejo aprobó por unanimidad el informe del Ministerio de Justicia, que afecta a los ámbitos procesal, organizativo y tecnológico de los tribunales. Se advirtió al legislador de que la futura norma incide en el progresivo «desapoderamiento» del Poder Judicial en esta materia en favor del Ejecutivo. Afecta entre otros asuntos a la provisión de la firma electrónica de los jueces o a la «subordinación» a la autorización de la administración que preste el servicio -Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas- del acceso a los sistemas de información que maneja el CGPJ. El informe reprochó la «confusión» normativa y recomendó una regulación adecuada para no vulnerar la independencia judicial.

El Pleno del CGPJ aprobó por unanimidad el informe al anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans, impulsado por el Ministerio de Igualdad. El Consejo consideró que la autodeterminación de género es «constitucionalmente legítima», pero solo a partir de la mayoría de edad, no entre los 12 y 14 años.

Los vocales afirmaron que permitir el cambio de sexo registral del menor «sería una opción legítima» si vene acompañada de un mecanismo de control para no contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional. También mostraron su disconformidad con la prohibición de las terapias de conversión, sancionada en la ley con entre 10.001 y 150.000 euros, si cuentan con el consentimiento del afectado. El Consejo de Ministros acordó tramitar el proyecto sin incluir estas apreciaciones.

El Pleno respaldó por 15 votos contra seis el informe sobre la ley impulsada por el Ministerio de la Presidencia y que entró en vigor el pasado 21 de octubre. El Consejo recomendó acotar la definición de víctima en los casos de violación de los derechos humanos y mencionó la «falta de taxitividad» cuando se decrete la extinción del derecho constitucional de fundación a los colectivos que «no persigan fines de interés general». Avisó que dejan al aplicador de la norma -tanto al protectorado que insta a la disolución como al juez, único que puede acordarla- «un amplísimo margen de apreciación». Por ello, sugirió eliminar la previsión de disolución de las fundaciones que enaltezcan «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».

Se advirtió que la apología del franquismo sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas «constituye una expresión de ideas que están amparadas por la libertad de expresión».

El Pleno aprobó por unanimidad el informe del anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad. El texto, remitido en junio de 2020 a las Cortes, modifica la prescripción de los delitos sexuales cuando la víctima sea menor. En estos casos la prescripción se extiende entre 5 y 15 años y comenzará a contabilizarse a partir de que la víctima cumpla 30 años frente a los 18 de ahora. El informe respaldó el aumento de 13 a 16 años la edad de la víctima de estos delitos, apoyó la posibilidad de que el juez pueda rechazar el perdón al agresor como causa de extinción de su pena y secundó la obligación de que el juez también escuche al menor si tiene capacidad para expresarse o más de 12 años. Además, aprobó que la exploración del menor se lleve a juicio como prueba preconstituida para evitar la revictimización. Las dos recomendaciones se refirieron a la «adecuada» motivación cuando se restrinjan derechos a los condenados y las dudas sobre la inclusión de la regla aplicable al concurso medial o ideal de estos delitos.

El informe del Consejo aprobado la semana pasada advirtió que el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales «puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones» y plantea «importantes problemas» para conciliar la protección de los animales con la salud pública o el medio ambiente. Sobre el endurecimiento de las penas menciona un ejemplo: cuando el castigo previsto para el maltrato animal concurra la circunstancia agravante de haber cometido los hechos para causar daño a la pareja o expareja del autor, la pena irá de tres a 18 meses de prisión. Una horquilla superior al que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer (doce meses como máximo de cárcel). Además, las nuevas penas «colisionan» con otros delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, ya que se podría solapar el nuevo delito de «muerte intencionada de un animal vertebrado» con el ya existente que castiga la caza o la pesca ilegal .

Con la unanimidad de todos sus vocales, el Consejo advirtió al Gobierno de que la aprobación del anteproyecto de ley de libertad sexual provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto determinadas penas en virtud de los supuestos de la regulación anterior. Por ejemplo, se explicó que en el tipo básico de agresión sexual se establecía una pena de 1 a 4 años mientras que la anterior lo marcaba en la horquilla de 1 a 5. En caso de violación, laley prevé una pena de prisión de 4 a 10 años mientras que antes se castigaba de 6 a 12. Y en el caso de abusos sexuales con penetración con penas de 4 a 10 años y los cometidos a menores de 16 años se pasó de 8 a 15 años a 6 a 12 años. También se avisó que la cuestión problemática que planteael consentimiento no es conceptual sino probatoria (cuándo existe o no), con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia.

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