Los letrados del Congreso avalan este martes tramitar la amnistía tras vetarla en 2021

Está previsto que la Mesa califique este martes la proposición de ley que impulsan el PSOE y sus socios para pasar página penal, administrativa y contable de la intentona separatista en Cataluña. La figura del letrado mayor ha estado en el centro del huracán desde que fuese nombrado a finales de octubre por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Aunque cumple con los requisitos legales para acceder al cargo, la oposición no oculta sus recelos porque cuando fue designado era subsecretario del Ministerio de Política Territorial, hasta el lunes en manos de la socialista Isabel Rodríguez. Galindo ha sustituido a Carlos Gutiérrez Vicén, que hace meses anunció su deseo de dejar el puesto y que hace dos años firmó aquel otro informe en el que los letrados veían inconstitucional la propuesta de amnistía porque encubría, según su criterio, un indulto general.

Mientras que este tipo de perdón sí está vetado en la Carta Magna, que ésta no mencione la amnistía ha dado lugar a una intensa diatriba jurídica: están quienes creen que si la ley de leyes prohíbe lo menor -el citado indulto general, recogido entre las atribuciones del Rey-, no permitiría lo mayor que se persigue -el borrado de los delitos del 'procés'-; y también están aquellos, resumiéndolo, que creen factible legislar sobre todo lo que la Carta Magna no excluye explicítamente. El Gobierno sostiene que la proposición de ley registrada hace una semana con la única rúbrica del PSOE es constitucional. El letrado mayor no llega tan lejos; de hecho, aprecia esos «posibles motivos de inconstitucionalidad»-, pero no los ve tan consistentes como para frenar el camino parlamentario de la norma, que se enfrentará casi con toda seguridad al contraste del TC en cuanto sea aprobada.

Galindo aprecia diferencias con respecto a la iniciativa legislativa de los independentistas de hace dos años hasta el punto de sostener que «no existe una contradicción evidente y palmaria con lo dispuesto en el artículo 62 i de la Constitución». El letrado mayor recuerda que la calificación por parte del Congreso no puede actuar «como un control previo de constitucionalidad» y que no dar cauce a una propuesta normativa representa, en todo caso, un hecho «excepcional». No obstante, sí admite que esta amnistía puede tener lagunas en lo que se refiere a «un eventual incumplimiento» del artículo 14, que proclama la igualdad de los españoles ante la ley; y también del 117.3, que atribuye la potestad de juzgar y de ejecutar lo juzgado «exclusivamente a los juzgados y tribunales».

La tormenta suscitada por la futura ley añadió el lunes una llamada de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia que ha asumido las atribuciones en Justicia, al comisario europeo competente, Didier Reynders, y a la Valores y Transparencia, Vêra Jourovà. Bolaños les transmitió que esta es «una cuestión política de ámbito interno», en vísperas de que este miércoles el Europarlamento debata sobre la amnistía española. Y que resulta «coherente» con los principios inspiradores de la Unión.