Juristas asturianos ven «forzada» la utilización de un decreto para agilizar la exhumación de Franco

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde opina que es una prueba más del «uso abusivo» de los decretos ley «al que tienden los Gobiernos, no solo éste, también el anterior, que estuvo gobernando dos legislaturas a golpe de decreto ley». Argumenta que «no es un escenario imprevisible» y que tampoco afecta «a la situación económica del país» o que requiera de urgencia «para evitar males mayores». Además, alerta de las consecuencias que podrían generarse en el caso de que se inicien los trabajos y no lleguen a completarse porque no se convalide antes el decreto en el Congreso o, incluso, que dentro de unos años se declare inconstitucional.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar también ve complicado justificar «la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución». No obstante, ve «poco factible» que PP y Ciudadanos presenten un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional «porque les tildarían de franquistas». Quedaría, en cualquier caso, la posibilidad de que particulares -la familia- acudan a los tribunales ordinarios o presenten un recurso de amparo.

Benito Aláez Corral, catedrático de Derecho Constitucional, avala la decisión política, pero también ve inoportuno utilizar un decreto ley. «Si ha estado enterrado allí 40 años, puede estarlo uno más», argumenta el jurista, que considera que la tramitación más correcta sería presentar un proyecto de ley. «El decreto ley es la solución más cómoda y de la que abusan todos los gobiernos», reprocha.