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La Junta General del Principado aprobó esta mañana la ley de transparencia, después de una larga y compleja tramitación que se ha prolongado durante más de cuatro años. El texto, que contempla entre otras cosas la creación de una oficina de lucha contra la corrupción ... o un registro de lobbies, recibió el respaldo de todos los grupos con excepción de Podemos, que se decantó por la abstención.
La aprobación pone fin a un larguísimo proceso de negociación que se remonta a 2014, cuando el primer proyecto llegó a la Junta General. De aquel primer texto, entonces dividido en dos partes, apenas queda nada, ya que ha sido corregido y perfeccionado tanto por la discusión parlamentaria como por los servicios jurídicos de la Cámara. El documento definitivo dota a Asturias de una legislación en la materia que sus impulsores sitúan a la cabeza del país.
«Es una ley que marca un antes y un después», apuntó en el debate el socialista Marcos Gutiérrez Escandón. De «ambiciosa y exigente» la calificó Gaspar Llamazares, de IU. El popular Rafael Alonso habló de «avance» para Asturias. Desde Ciudadanos, Diana Sánchez aplaudió que la discusión parlamentaria contribuyese a aprobar una ley «más completa». La diputada de Foro Carmen Fernández defendió además el trabajo de los grupos para corregir el texto «chapucero» que presentó el Gobierno regional. Y el discurso más crítico llegó de Daniel Ripa, de Podemos, que habló de «oportunidad perdida» y de una iniciativa legislativa escasa de ambición.
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