El 'caso Villa', un juicio a trompicones

El procedimiento judicial ha estado repleto de dificultades desde que la nueva dirección del sindicato minero, liderada por José Luis Alperi, presentara asesorada por el bufete Ontier la querella, allá en septiembre de 2015. Las continuas alegaciones interpuestas por la defensa de Villa, a cargo de la abogada Ana García Boto, prolongaron más de la cuenta la fase de instrucción. Una batería de recursos aduciendo «padecimientos médicos irreversibles» de Villa para eludir la visita al juzgado hicieron que transcurriera más de un año desde que la jueza instructora, Simonet Quelle Coto, le citara como principal investigado en la causa, en enero de 2016, hasta que se personó en el juzgado, en marzo de 2017.

Una vez concluida la instrucción las cosas no fueron mucho mejor encarriladas. La vista oral se fijó inicialmente para el pasado mes de marzo pero, poco antes de su inicio, la Audiencia Provincial aceptó suspenderla a petición de las defensas con el objeto de dar tiempo material a los peritos a analizar la contabilidad del sindicato. Una documentación a la que no habían tenido acceso durante la instrucción del caso y que, tras numerosos recursos, finalmente fue concedida por la sala que preside María Luisa Barrio.

Finalmente el juicio quedó señalado para el pasado 27 de junio y la imagen de Villa aquella jornada sentado en el banquillo de los acusados se convirtió casi en histórica. Junto a él, su mujer, María Jesús Iglesias, en calidad de acompañante por recomendación de las médicas forenses, y el segundo investigado, Pedro Castillejo, ex secretario general de la fundación Infide y al que la organización sindical también acusa de apropiación indebida continuada. En su caso le reclama 119.434 euros y pide para él una pena de cinco años. Tres y medio le reclama la Fiscalía.

Pese a la imagen de los dos acusados en el banquillo, las dudas de que el juicio continuara su curso según lo previsto seguían siendo evidentes. La letrada de Villa había logrado dar vuelta a la cronología inicial del juicio para que la vista comenzara precisamente con el testimonio de los forenses y médicos que habían explorado recientemente al exsindicalista con el objeto de que la sala resolviera, en la primera sesión, si estaba en condiciones mentales de ser juzgado. De hecho, la defensa solicitó aquel día la suspensión del juicio por enfermedad mental sobrevenida y éste volvió a quedar en el aire. Otra vez.

Las dudas se despejaron en la segunda sesión de la vista oral. El tribunal rechazó la petición de la defensa, así como su propuesta de que el exdirigente sindical declarase el último día del juicio. Lo hizo el jueves 28 de junio. Mostró en un primer momento algunas dificultades para escuchar y entender las cuestiones que le formulaba su abogada, pero ofreció un discurso más fluido y coherente según avanzaba el interrogatorio. Negó que se hubiera apropiado de los fondos del SOMA y responsabilizó de cualquier irregularidad cometida en la contabilidad a sus antiguos colaboradores: Juan Cigales, Amalio Fernández y Aquilino Ronderos.

Villa volvió a la Audiencia Provincial al día siguiente, el viernes, cuando se pudo escuchar, entre otros, el testimonio del propio Juan Cigales. El excontable alegó que no tenía capacidad para cuestionar los gastos que hacía el entonces máximo dirigente del sindicato minero e, incluso, que tenía órdenes explícitas de que «pagara los gastos y chitón».

Apenas siete horas después de que concluyera la tercera sesión del juicio oral, el exsindicalista se encontró indispuesto en su domicilio. Su familia se puso entonces en contacto con los Servicios de Urgencias alegando que Villa estaba mareado, desorientado y con malestar general y una UVI Móvil le trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Permaneció ingresado en la planta de Cardiología seis días. Su estancia hospitalaria motivó que el tribunal suspendiera el lunes 2 de julio temporalmente la vista oral en relación al histórico dirigente sindical, aunque mantuvo el procedimiento judicial con respecto al segundo investigado, Pedro Castillejo, que quedó visto para sentencia al día siguiente, 3 de julio.

La Audiencia Provincial pretende retomar el juicio sobre el principal acusado lo antes posible y, el mismo día en el que se acordó la suspensión, la magistrada María Luisa Barrio solicitó al HUCA los pertinentes informes médicos. Es más que probable que en los próximos días, después de que el investigado haya recibido el alta médica, la sala solicite además nuevos informes forenses para determinar si Villa está en condiciones físicas de retomar la vista en el punto en el que se había quedado. El juicio, por lo tanto, vuelve a estar en el aire.

Quedarían por declarar varios testigos y peritos que podrían agruparse en no más de dos sesiones, pero en el caso de que no sea viable retomarlo en el plazo de un mes desde que fue suspendido -antes del 2 de agosto- la ley obligaría a reiniciar la vista desde el inicio, con todas las dudas que eso genera dada la delicada salud del exsindicalista.

El plazo de un mes para evitar un nuevo señalamiento corre y existen muchos condicionantes a tener en cuenta. No solo el propio estado de salud del exsindicalista -dispone del alta médica pero podría alegar que sigue convaleciente- sino también la disposición de la sala, los magistrados y el fiscal, y el hecho de que agosto sea, en principio, un mes inhábil. Se trata, está claro, de un nuevo traspié.